Otra de las mentiras, sostenida durante décadas por la dictadura de Augusto Pinochet con la complicidad del aparato judicial de la época, se resquebrajó luego de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tomará la decisión de reabrir la causa que investiga la muerte del ministro del Interior y de Defensa del gobierno del expresidente Salvador Allende y militante del Partido Socialista, José Tohá González, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1974, en dependencias del Hospital Militar.
Con esta resolución, el tribunal de alzada, no solo restituye la esperanza de justicia para la familia de la víctima, sino que desmorona la versión oficial que pretendió hacer pasar el deceso como un suicidio.
La decisión unánime de los ministros de la Quinta Sala revocó dos resoluciones dictadas por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza González, quien había cerrado el sumario en dos oportunidades argumentando que las diligencias solicitadas eran innecesarias y que la investigación estaba agotada, siendo ambas resoluciones apeladas en su momento por los querellantes.
En su lugar, la Corte ordenó reponer la causa al estado de sumario y decretó una serie de nuevas diligencias orientadas al esclarecimiento de la muerte del ex militante socialista y padre de politóloga y exministra del Interior y Seguridad Pública, durante el gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá.
El fallo se produjo tras escuchar los alegatos de los abogados querellantes Nelson Caucoto, representante de la familia de Tohá, e Ilan Sandberg, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quienes solicitaron la reapertura al considerar que existen pruebas suficientes para demostrar que el ex ministro fue asesinado, lejos del suicidio que planteó la versión oficial de la dictadura en su momento.
Muerte de José Tohá “es atribuible a terceros”
El caso de José Tohá es emblemático no solo por su relevancia política, sino por la crueldad de su cautiverio. Abogado y periodista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Luego permaneció recluido en la Isla Dawson, el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea, donde fue sometido a torturas sistemáticas. Al momento de su muerte, estaba internado en el Hospital Militar y fue hallado al interior del clóset de una pieza, ahorcado con su cinturón y con un peso de apenas 49 kilos pese a medir 1,92 metros de estatura.
La versión oficial del suicidio se derrumbó definitivamente 36 años después de su muerte, tras la exhumación del cuerpo el 10 de diciembre de 2010: dos informes forenses —del Servicio Médico Legal y de las universidades de Chile y de Concepción— concluyeron que el deceso “es atribuible a terceros”.
Abogado Caucoto: «Es un caso histórico que tiene que ser aclarado»
El camino hacia esta reapertura ha sido largo y accidentado. El ministro Jorge Zepeda, quien inició la investigación, condenó a dos funcionarios de la Fach por el delito de tormento en perjuicio de Tohá, fallo ratificado por la Corte Suprema. Posteriormente, el ministro Miguel Vásquez procesó por homicidio en calidad de encubridor al ex jefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció hace poco. Sin embargo, la causa se estancó con los cierres decretados por la ministra Plaza, que ahora fueron revertidos.
El abogado Nelson Caucoto celebró la resolución y destacó su significado: “Para nosotros es un nuevo impulso el que nos otorga la Corte de Apelaciones con esta reapertura, puesto que es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello”, afirmó.
“Es imposible que habiendo sido asesinado don José Tohá en un recinto militar termine la investigación sin determinar los autores de este crimen”, señaló, citado en una nota de prensa.
Recordó que “nos ha costado 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado de don José Tohá”.
Concluyó con una advertencia irrefutable: “Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. A los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable a que los procesos sean completamente esclarecidos”.
En el caso de José Tohá, la mentira de la dictadura, una vez más, se desmorona ante la verdad y la contundencia de las pruebas de los crímenes cometidos.
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