Una investigación sumaria concluyó que el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto, Sergio Yáber, operó una sofisticada red de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios personales, manipular nombramientos judiciales y notariales, y canalizar pagos encubiertos a autoridades, entre ellas la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, mediante la contratación de su empleada doméstica y la venta a precio inferior de un automóvil Porsche Cayenne.
El documento de formulación de cargos, de 145 páginas, fue redactado por la fiscal judicial Carla Troncoso y concluyó el 31 de diciembre de 2025. El medio digital Reportea accedió a su contenido, que pinta un cuadro de sistemática utilización del cargo público para fines privados, tráfico de influencias y una potencial red de lavado de activos.
La investigación desarrollada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en paralelo a la formalización de Yáber en la denominada «trama bielorrusa», donde el Ministerio Público lo acusa de participar en maniobras de lavado para esconder coimas pagadas a Vivanco por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Su formalización en esa causa está fijada para mediados de enero.
Red de pagos injustificados
Según el medio citado, la fiscal Troncoso acusa a Yáber de una serie de pagos sin justificación legal que beneficiaron al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, con transferencias regulares que totalizaron más de $74.000.000; así como a la exsuprema Ángela Vivanco, a través de la contratación de su empleada doméstica, la venta de un vehículo de lujo y los pagos mensuales a su pareja, Gonzalo Migueles.
En la lista también figuran familiares de dos ministros de la Corte de San Miguel que votaron a favor de su postulación al CBR de Puente Alto en 2018 y una red de notarios vinculados a Yáber, Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar, con quienes existirían transferencias millonarias sospechosas.
«Todos los antecedentes que se han reunido permiten concluir que el investigado valiéndose de los fondos que provienen de la explotación del cargo público que se le ha confiado, ha promovido la generación de una red de tráfico de influencias con el consiguiente desvío de propósito de la Función Pública y su descrédito», indicó la persecutora en el documento.
El «pago encubierto» a Vivanco vía empleada doméstica
Uno de los hallazgos más relevantes de la pesquisa es la contratación, por parte del CBR de Puente Alto, de Leidy Moreno, quien en paralelo ejercía como empleada doméstica en la casa de la pareja formada por Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles.
Moreno rhabría recibido pagos desde el 13 de febrero de 2020 hasta el 2 de febrero de 2023, con sueldos que oscilaban entre $300.000 y $400.000 mensuales, según los registros bancarios de Yáber revisados por Reportea.
«Trabajadores reconocen que además Moreno trabajaba en la casa de la pareja Migueles Vivanco, lo que considerando su contrato como empleada a tiempo completo y la remuneración que percibía, me permite concluir que es una forma encubierta de pago a Vivanco», afirmó la fiscal.
La trama se complejiza al constatarse que, tras finalizar su vínculo con Yáber, Moreno fue contratada inmediatamente por el notario Fernando Martel, respetándosele ilegalmente la antigüedad laboral y percibiendo un finiquito de $2.000.000 del CBR.
“Esta mujer no solo ascendió en sus remuneraciones en el oficio, al tiempo que al parecer no trabajaba en el mismo, sino que se dedicaba a labores domésticas en la casa de la pareja Migueles Vivanco, sino que además fue transferida o endosada a Martel con un finiquito de salida bajo condición de contratación nueva que le respetaba la antigüedad en el oficio del conservador: El finiquito de Moreno con Yáber se firma un viernes y su posterior contrato con Martel el lunes siguiente. Queda evidente la conexión de continuidad en este pago encubierto, bajo la fórmula de una empleada que seguro no percibió de modo completo los $2.000.000 de su liquidación, pues su antigüedad se le reconoce en el contrato siguiente con otro empleador, lo que resulta además de creativo, ilegal”, acusó la persecutora.
Además, señaló que de acuerdo a los antecedentes, Moreno es una trabajadora migrante sin residencia permanente en Chile por lo cual estaría en una situación vulnerable.
Tomando en consideración que otros trabajadores históricos del CBR renunciaron a sus cargos sin percibir ninguna indemnización, cuestionó: «¿Por qué Yaber le habría pagado una indemnización superior a quien trabajo de aseadora en su oficio?».
“Sostengo que ese contrato fue simulado y el pago del finiquito lo percibió la dupla Migueles – Vivanco para quienes prestaba servicios. A su turno, Martel mantuvo la falsa contratación para que se desempeñara en la casa de la ministra de la Suprema, asumiendo el gasto, como forma de pago que a él se le cobró por la red”, concluyó tal y como reza en el documento.
Consultado por Reportea, Fernando Martel defendió la contratación: «Ella trabajaba de lunes a viernes, jornada de oficina completa, haciendo un trabajo de notaría… Lo que hacía el fin de semana en la casa de otra persona ¿Qué me tengo que meter yo?».
El Porsche Cayenne y los pagos a Migueles
Otra línea de beneficio detectada fue la venta de un automóvil Porsche Cayenne por parte de Yáber a Vivanco. El 25 de febrero de 2021 se formalizó una escritura de traspaso por $35.000.000, un monto inferior al avalúo fiscal del vehículo. «Otra forma de pago para esta red de irregulares contactos para incidir (en) los nombramientos judiciales se manifiesta en la venta del automóvil marca Porsche bajo un precio incluso menor que el del avalúo fiscal para el modelo con un pago que no se ha justificado como percibido», señaló el sumario, sugiriendo que se trató de una donación encubierta.
Además, la investigación constató pagos mensuales de $3.000.000 que Yáber realizaba a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco y quien actualmente cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, acusado de participar en un esquema destinado al pago de coimas a cambio de fallos judiciales.
Según Reportea, Migueles cumplía un rol de administración en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
Trabajadores del CBR declarron al medio citado que Migueles «solo asistía un par de veces a la semana, y que se preocupaba de los eventos de fin de año y de los aguinaldos para el personal».
La «agencia de colocación» notarial y las fiestas como herramienta
El sumario detalla cómo Yáber utilizaba su amplia red de contactos, afianzada en frecuentes reuniones y festejos, para influir en nombramientos.
«(Yáber) Hizo de este método una agencia de colocación para cargos de notario, lo que se puede concluir a advertir la directa relación entre pertenecer a ese grupo de interés y resultar favorecido con un cargo», determinó la fiscal Carla Troncoso
La investigación pone especial énfasis en los vínculos con los notarios Rodrigo Ortúzar y Claudio Barrena. Sobre Ortúzar, Reportea reveló que registra transferencias con Yáber y Migueles por más de $300.000.000, coincidentes con su rápido ascenso a una lucrativa notaría en San Miguel.
«Los pagos y transferencias relacionadas con el actual notario Ortúzar a mi juicio no tienen una explicación plausible en un negocio legítimo», afirmó Troncoso.
Contratación de familiares de ministros que lo apoyaron
El documento establece que la contratación de Isabel Ponce, esposa del ministro de la Corte de San Miguel Luis Sepúlveda, y de Miguel Farías Pino, hermano del ministro Carlos Farías, constituyó una retribución encubierta por el apoyo que ambos magistrados brindaron a Yáber en el concurso de 2018 para el CBR de Puente Alto.
Sobre Ponce, que percibía $1.000.000 mensuales, el sumario incluyó declaraciones de funcionarios que describen su «nulo o escaso aporte», para concluir que «era una forma encubierta de retribución a quien apoyó al conservador no solo con su votación, sino que además más de una vez ingresó a alguna decisión de pleno en los asuntos administrativos en los que estaba involucrado Yaber».
Ante la gravedad de los antecedentes, la fiscal Troncoso decidió derivarlos al Ministerio Público.
«Advierto que los pagos por servicios que en mi concepto no tienen justificación comercial o jurídica, sumado a los movimientos bancarios con quien está siendo ya investigado por lavado de activos deben ser revisados en sede penal», señaló.
En sus conclusiones, la persecutora estableció que: «la condición de funcionario público no se pierde al término de la jornada de atención de público, porque finalmente un cargo es una carga, no un emprendimiento delictual cuestión que al parecer el investigado no logra comprender».
Sergio Yáber, tiene un plazo de ocho días, que empezaron a trascurrir desde el pasado viernes 2 de enero de 2026, para presentar sus descargos por escrito ante la Corte de San Miguel, la que posteriormente deberá resolver sobre su eventual destitución.
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