Tribunales militares para “terroristas” en Pakistán

Pakistán continúa su política “antiterrorista” mediante aprobar una enmienda constitucional que busca implementar tribunales militares para procesar a personas que enfrentan cargos por actos de terrorismo. Al mismo tiempo, el país sigue ejecutando a los individuos condenados por actos de terrorismo, provocando críticas por parte de organizaciones de DDHH.

pakistan parlamento

Tras la tragedia en el colegio de la ciudad de Peshawar, el gobierno de Pakistán toma duras medidas contra los grupos insurgentes de talibanes en el país. Hoy en día el parlamento paquistaní aprobó una legislación que permite procesar los rebeldes en tribunales militares en vez de en cortes civiles.

La nueva legislación es una enmienda de la constitución paquistaní que permite juzgar a civiles sospechosos de terrorismo usando el sistema judicial marcial. Se espera que el senado y el presidente del país apruebe la ley durante esta semana.

Según el canal BBC, la nueva ley se aprobó con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos con asientos en el parlamento, puesto que el proceso judicial en instancias civiles muchas veces han fallado en entregar una sentencia que resulta en cárcel.

El cambio del proceso judicial ha provocado temores de que los derechos de las personas que enfrentan cargos por actos de terrorismo podrían ser ignorados.

Desde la masacre en la escuela, en la cual fallecieron 132 niños, el gobierno paquistaní intensificó su política “antiterrorista”. Las operaciones han provocado críticas y muchos dicen que las medidas tomadas aumentan la amenaza de actos de venganza por parte de los talibanes.

Organizaciones de derechos humanos han expresado que las autoridades tratan de esconder sus fallas por proteger a los civiles que residen en territorios vulnerables, mediante la reintroducción de la pena de muerte en casos de terrorismo. Durante las últimas semanas, Pakistán ha llevado a cabo varias ejecuciones criticadas por Amnistía Internacional, organización que exige que el país abandone la pena de muerte.

“La velocidad con la que estas ejecuciones se llevan a cabo, plantea grandes preguntas acerca de lo significativo que tiene el examen de las peticiones de indulto […] en un país donde los juicios son sistémicamente defectuosos”, señaló David Griffiths, director regional de Amnistía Internacional.

Más de 3,000 militantes condenados por actos terroristas están encarcelados y serán ejecutados durante este año.

Sandra Segall
El Ciudadano

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones