Violadores de los derechos humanos prófugos: Londres 38 exige poner fin a la impunidad

La mañana de este jueves la organización Londres 38 hizo un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior, a los jueces y tribunales del Poder Judicial y a los organismos policiales a que pongan fin a la «impunidad flagrante» que se produce con el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema por parte de ex oficiales de Carabineros, condenados por graves y múltiples crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, quienes se mantienen prófugos.

Londres 38 menciona como ejemplo a uno de los casos más recientes, el del teniente coronel (r) Andrés Leopoldo Flores Sabella, quien está prófugo de la justicia desde el 15 de junio pasado, cuando el juez Mario Carroza ordenó el cúmplase de la sentencia de 15 años de cárcel por su participación en los asesinatos de seis personas en Conchalí, en 1973. «Este ex oficial de Carabineros no ha sido notificado de su sentencia, pues permanece escondido hasta hoy», advierte la organización.

Flores Sabella comandó un pelotón que el 14 de septiembre de 1973 detuvo en la población Irene Frei de Conchalí a Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal y a los hermanos Vicente y Enrique Vásquez Castañeda. «Todo ellos fueron acribillados por orden del entonces teniente», explica Londres 38.

Ricardo Lawrence

El otro caso es el de Ricardo Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros que fue jefe del grupo operativo Águila, que dependía de la Brigada Caupolicán de la DINA. Estuvo en los centros secretos de Londres 38, Venda Sexy, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Su largo historial represivo indica que tiene amplia información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas, sin embargo, no ha colaborado con la justicia.

Fue procesado en el caso de Alfonso Chanfreau Oyarce y obtuvo condena definitiva de la Corte Suprema el 30 de abril de 2015. También está condenado por los crímenes de Alejandro de la Barra y Ana María Puga, emboscados en diciembre de 1974.

Por la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau, el ex agente de la DINA fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que por los crímenes de Puga y de la Barra a 15 años y un día. También está condenado en un proceso por detenciones y torturas de ex presos políticos en Villa Grimaldi.

Lawrence Mires está prófugo hace casi dos años, desde febrero de 2014,  luego que el juez Jorge Zepeda dictara el cúmplase de una sentencia por la cual debía ingresar a la cárcel. Permanece en Chile, como lo demuestra el hecho que sigue cobrando sus pensiones de Dipreca y además ocasionalmente se comunica con su familia.

No han sido los únicos casos. El 19 de agosto pasado los tribunales penales también emitieron el cúmplase para que ingresaran a prisión los suboficiales en retiro de Carabineros Patricio Ignacio Montesinos Bustos y Mario José Pizarro Cortes, quienes deben cumplir 10 años y un día de cárcel por el asesinato del menor de 15 años, Orlando Miguel Ponce Quezada, cuyos restos fueron ocultados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Ambos suboficiales no se presentaron al tribunal y al ser buscados por la PDI no fueron hallados en sus residencias declaradas. Permanecieron en fuga unos veinte días, ya que fueron arrestados, uno en casa de un familiar en Pudahuel, y el otro en una parcela de Limache.

Redes de protección

Londres 38 acusa que «la lentitud con que operan las fuerzas policiales para capturar a los criminales sentenciados, en parte explica que algunos de éstos, como los antes nombrados, decidan no presentarse y permanecer como prófugos». Junto a ello, agregan, «cuentan con redes de protección, las que se facilitan si -pese a sus condenas y crímenes- siguen siendo sujetos que reciben sus pensiones y tienen acceso a recursos y bienes que les facilita su fuga».

La organización señala igualmente que desde el gobierno -que tiene el control de las policías- «tampoco hay firmeza para hacer cumplir las sentencias». En ese sentido señalan que el ex jefe de Inteligencia Policial, Daniel Cancino Varas, que estuvo en servicio activo hasta el 2000 pese a su participación activa en la DINA desde 1974, «estuvo prófugo más de un año, luego de ser sentenciado a una condena de 15 años de cárcel por crímenes cometidos en Villa Grimaldi».

«Que existen redes de apoyo a los represores de la dictadura ha sido muchas veces comprobado», aseguran, mencionando como ejemplo el caso del ex suboficial de Carabineros, José Avelino Yévenes Vergara. «Trabaja como empleado civil en el Hospital de Carabineros (Dipreca), pese a que está en juicio por crímenes de lesa humanidad y, particularmente, en episodios de la causa por Operación Colombo», grafican.

“El Quico” o “Daniel Cáceres”, como era conocido en la DINA el entonces cabo Yévenes, integró los equipos del grupo represivo “Halcón II”, bajo el mando de Miguel Krassnoff Martchenko. Por tanto, señala la organización, «participó en los operativos de capturas y secuestros, en los interrogatorios a las personas detenidas, así como en los traslados de quienes luego desaparecieron desde los centros represivos». Yévenes ejerció labores similares después en Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y, se estima, también en el cuartel Simón Bolívar, según sostienen.

Funa a José Yévenes. Foto: Radio Villa Francia

«Exigimos que el Estado frene este festival de impunidad»

En este escenario, Londres 38 exige que el gobierno y la justicia tomen medidas concretas para que las sentencias -«que ya son bajas por la aplicación de media prescripción y pocas», apuntan- al menos se cumplan con el ingreso a la cárcel de criminales como Lawrence Mires y Flores Sabella.

Junto con ello, la organización expresó su «repudio y rechazo» a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que otorgó la libertad condicional al general Raúl Iturriaga Neumann, uno de los ex jefes máximos de la DINA, condenado a más de 200 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y a la espera de unas 14 condenas más. «Exigimos que el Estado frene este festival de impunidad, reglamente de una vez el trato hacia criminales de lesa humanidad y respete los tratados internacionales que ha suscrito», sostienen.