Jubilados argentinos se agrupan en el Sindicato de Trabajadores Pasivos

La pérdida del valor adquisitivo por la crisis económica, la inflación que golpea duro el bolsillo de sus ciudadanos y las medidas de ajuste del Gobierno de Macri, han dado origen a que los jubilados argentinos se agrupen en un Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP).

Estos argentinos que en mayoría acompañaron con su voto a Macri en las elecciones de 2015, decidieron enfrentarse al Gobierno, con un movimiento que les permita representar los intereses de 6 millones de personas que, de acuerdo a los especialistas consultados por este medio, se encuentran «en terapia intensiva».

La organización presentada el pasado viernes, advierte que la nación suramericana se encuentra en una profunda crisis que afecta de manera más fuerte a los sectores sociales más vulnerables. Uno de los impulsores de la organización estima que este año, por la subida del dólar y la inflación cercana al 48%, «han perdido un 35,5 % de su poder de compra real, como mínimo», dijo Christian González D’Alessandro, abogado especialista en previsión social que asiste legalmente a un centenar de jubilados.

«Esto tiene que ser el ABC en nuestra región para que nunca más nadie le meta la mano en los bolsillos a los jubilados, que ya bastante mal le han hecho los Chicago Boys imponiendo los modelos neoliberales de diversificación del sistema previsional», sostiene González a RT.

Andrea Falcone, también previsionalista, coincide en el diagnóstico, aunque difiere en los números finales. «Desde el principio, de esta gestión los más golpeados fueron los jubilados. En 2016 perdieron un 13 % de su poder adquisitivo frente a la inflación. Después en 2017 recuperaron 3 % y este año ya perdieron otra vez 20 % como mínimo, según las estimaciones actuales.

Pero a esto hay que sumarle que, cuando en diciembre se cambió la ley de movilidad jubilatoria, en marzo, en lugar de darles el 14,5 % de aumento que les correspondía les dieron el 5,7%, con lo cual ya vienen arrastrando un desfase importante. En términos reales la pérdida va a estar rondando el 25%», explicó Falcone.

Para Mirta Tundis, diputada «el 70 % de los jubilados está en una situación de pobreza. De ese total, el 43 % está rozando la indigencia», expresó seguidamente de afirmar que con el sistema anterior, los aumentos eran semestrales y se correspondían en un 50 % sobre la evolución de los salarios registrados, mientras que la otra mitad dependía de la recaudación fiscal.

De acuerdo a los especialistas, el nuevo método plantea subidas cada tres meses —en marzo, junio, septiembre y diciembre— y la cifra está compuesta por la inflación de Argentina (70%) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el 30 % restante.

«La Constitución argentina dice que las jubilaciones y las pensiones son móviles, o sea, que hay que garantizarles algún tipo de movilidad, pero no dice cuál es el índice más correcto. A simple vista, parecería que un nuevo índice relacionado con la inflación en gran medida, y en una medida menor vinculado a cómo suben los sueldos, es aceptable. Ahora, de la forma en que lo implementaron, atrasaron toda la cadena de ajustes. ¿Por qué? la pérdida de poder adquisitivo que tenían entre enero y junio bajo la ley anterior, la recuperaban en septiembre. Ahora, la pérdida la recuperán en marzo», detalló Falcone.

Falcone, quien también es experta en temas de jubilaciones refirió que si se revisa las declaraciones del gobierno, lo que les prometían a los jubilados eran dos cosas: primero, que le iban a ganar a la inflación por 4 o 5 puntos, lo cual no se cumplió. Además, Macri dijo que iba a recuperar el poder adquisitivo más rápido, porque ahora la movilidad sería cada tres meses y no cada seis.

«Lo que no les dijeron es que como la iban a implementar atrasándola, tardaban más en recuperar el poder adquisitivo. Es que con una inflación del 50 %, que te la den en septiembre o que te la den en marzo cambia sustancialmente«, acotó.

Pobreza e indigencia

La diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis sostiene que 70 % de los jubilados está en una situación de pobreza y otros en indigencias. «De ese total, 43 % está rozando la indigencia», alegando que la crisis se hace sentir en los hogares de los adultos mayores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para cubrir los productos que componen la Canasta Básica Total (CBT), el ingreso mínimo de una familia para no caer bajo la línea de pobreza fue en noviembre de 25.206,03 pesos.

Tundis, quien también es periodista y ha trabajado en los medios brindando información sobre jubilados, precisa: «La canasta básica para una pareja de jubilados es de 27.000 pesos. Porque a la hora de establecer una canasta básica de jubilados en Argentina no se tiene en cuenta que acá deben pagarse ellos mismos buena parte de sus medicamentos. Este mismo gobierno redujo la cantidad de medicamentos gratuitos para jubilados de 5 a 4″, subrayó.

La salud en detrimento

En la Argentina existe un estimado de 6 millones de jubilados y pensionados, los cuales cuatro millones se atienden en clínicas y consultorios médicos, a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Un jubilado que cobra el salario mínimo, que corresponde a 65 % del total que equivale a 9.300 pesos (unos 246,79 dólares) y aporta 6% a la obra social, que derivan en 558 pesos, cubren su cuota y tienen acceso a todas las prestaciones del PAMI.

Pero, el diario La Capital de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, denunció que los afiliados han hecho reclamos porque la atención puede demorarse hasta 90 días. «La situación es muy mala. Hoy están dando turnos para marzo en algunas clínicas de la ciudad, o para abril en el interior del país. Son cuatro meses de espera», mencionó el apoderado del nuevo Sindicato de Trabajadores Pasivos.

«El planteo que tenemos que hacer como sociedad es si [el sistema] realmente tiene que ser superavitario o entendemos que la seguridad social cubre una contingencia y que un Estado le tiene que dar cobertura a los que menos tienen». Andrea Falcone, abogada previsionalista y agrega: «lo que ocurre es que recortaron las prestaciones del PAMI —advierte la abogada Andrea Falcone—, hay muchos problemas con los porcentajes de coberturas de medicamentos y renegociaron los honorarios con los prestadores. Esto implica que un odontólogo que tenía 20 turnos para jubilados ahora ofrece dos y en horarios restringidos. Si sos jubilado y se te rompe un par de anteojos te dan turno para dentro de seis meses, porque ya no le conviene al médico atenderte», aseveró la abogada.

Para Falcone, «es obvio» que el sistema va a ser deficitario, porque los ingresos, ya sea por impuestos o por aportes, no alcanzan a sostenerlo económicamente. «El planteo que tenemos que hacer como sociedad es si realmente tiene que ser superavitario o entendemos que la seguridad social cubre una contingencia, en este caso una enfermedad, y que un Estado le tiene que dar cobertura a los que menos tienen».

Con los Kirchner

El gobierno de Néstor Kirchner en el 2005, impulsó la ley de moratoria previsional, que permitía recibir una jubilación a aquellas personas que no habían podido alcanzar los 30 años de aportes que exige el sistema en Argentina, cuya razón más de 3,7 millones de personas lograron acceder a ese derecho, abonando las cuotas impagas a través de descuentos en sus haberes jubilatorios durante los primeros años, publicó la  Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

También reseñó ANSES que la sanción de la ley, la cobertura previsional pasó del 66 % en 2003 al 95,8 % en 2010, motivo por lo cual, la mayoría de los beneficiarios de esa ley fueron mujeres y por ello, la denominaban «la jubilación para amas de casa».

Otros analistas, consideran que dicha medida convirtió el sistema jubilatorio en deficitario. Sin embargo,  Falcone, no está de acuerdo: «De las tres millones de personas que se jubilaron gracias a la moratoria, tenés once años en promedio de aportes realizados. Es decir, una gran cantidad de personas tenían 18, 20 o 25 años de aportes. Con lo cual, complementaron eso que tenían con la moratoria para alcanzar los 30 que exige la ley argentina», expresó.

Agregó que en la actualidad «¿había muchas personas que no aportaron en toda su vida? Sí. Había muchas personas que no habían aportado porque en la Argentina 4 de cada 10 trabajadores están en negro, es decir, no regularizados. Peones de campo, obreros de la construcción, cientos de rubros», señaló.

Y pone énfasis en la importancia de haber incluido a muchas mujeres en el sistema: «En cada lugar donde me presento, alguien me pone una objeción con respecto a por qué se jubilaron amas de casa. Hay estadísticas que marcan cuánto representa en el PBI el trabajo que realizan las amas de casa, o las mujeres que se quedan cuidando a sus hijos. Más allá de los avances del feminismo, seguimos siendo las que menos ganan en el hogar, entonces cuando una familia tiene hijos y tiene salarios bajos es la mujer la que se queda. Pasan 15 años, sales del mercado laboral, te cuesta reinsertarte y la mujer se queda sin nada, mientras el hombre se queda con su jubilación bien gordita».

Todos a pagar la deuda

El pasado 26 de diciembre, el gobierno publico anunció en una resolución que con la emisión de Letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos (2.262 millones de dólares). Estas serán suscriptas directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado responsable del pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Esta resolución implica que el Gobierno argentino tomará dinero del fondo de los jubilados para pagar la deuda; no obstante, ese dinero forma parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado en 2009, cuando el Estado recuperó el dinero de las ex AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), las empresas que manejaron el dinero de los jubilados tras la privatización del sistema en los años 90.

Mirta Tundis, aseguró que es un fondo anticíclico que tiene un menú de inversiones mediante el cual el capital debe incrementarse para garantizar cierto respaldo económico al sistema previsional: «Es un resguardo ante una cesación de pagos que pueda tener el gobierno argentino para hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones. Era de más de 1.000 millones de pesos y alcanzaba para el pago de un año. Hoy lo están dilapidando».

Para Christian González D’Alessandro, la medida favorece a la deuda privada en detrimento de los jubilados. «Así están vaciando el sistema previsional. ¿Para qué? para que el final de la novela sea el regreso a las AFJP. Con un sistema desguazado, sin plata, con mucho déficit y, como el sistema no se sustenta, nos enchufan nuevamente el sistema privado de jubilación».

Falcone indicó que dicha medida de Macri «no tiene margen» político ni económico para el retorno de las AFJP. Aunque no deja de criticar la decisión: «Los últimos dos gobiernos han metido la mano en la caja de jubilaciones. El gobierno anterior, que tenía cerrados los mercados y no podía pedir préstamos afuera, tomaba deuda externa a través de la ANSES en gran medida. Lo sorprendente de este gobierno es que salió a pedir 100.000 millones de dólares afuera y aún así tuvo que tomar el 5 % del Fondo de Garantía. Es una gran cantidad de dinero».

Representación propia

Ante este panorama, Christian González D’Alessandro refuerza la idea de que los trabajadores pasivos puedan tener su propia representación, en el Consejo del Salario, en la toma de decisiones de ANSES o del PAMI. «Porque en definitiva son de ellos», remarca.

«La primera variable de ajuste son siempre los más vulnerables. Ya lo dijo el Papa Francisco en su primera misa y luego lo reiteró en su visita a Brasil: Los niños y los adultos mayores, salgan a la calle y hagan lío. Y esto es hacer lío, pero un lío en el sentido positivo de la palabra. Organizarse, unirse y salir a reclamar lo que corresponde«, argumenta el abogado.

La duda pasa ahora por el grado de legitimidad y presión que pueda alcanzar el STP, teniendo en cuenta que no se trata de un sindicato como los que se conocen en Argentina, que agrupan a trabajadores activos ya sea por su profesión, oficio o rama de actividad.

«Es un sindicato que va a constituirse, como establece la ley, de asociaciones sindicales porque lo estamos encuadrando y vamos a presionar para que así sea», asegura González  D’Alessandro.

Para sorpresa de muchos, el STP cuenta con el respaldo de varios sindicatos fuertes, entre ellos, el de Camioneros o el de Farmacéuticos y Bioquímicos, y tiene el aval de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

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