Demandas laborales y litigios por deterioro del ecosistema quedarían sin efecto tras sentencia en Panamá

Panameños se encuentran incrédulos ante el fallo inapelable de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión llega en forma tardía después de una década de luchas laborales y litigios por deterioro del ecosistema, a causa de la extracción de mineral y que deriva en dudas acerca del futuro de otros planes de extracción.

Ante la medida sorpresiva de la CIJ, el Gobierno lo que hizo fue quedarse de manos cruzada, pero al analizar el trasfondo jurídico, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) expresó en un comunicado que lo inconstitucional es la ley y no el contrato, reseñó Prensa Latina.

Sin duda alguna, el desasosiego más el vacío jurídico hacen peligrar la continuidad del mayor proyecto minero de cobre de Panamá, la concesión otorgada hace diez años, fue declarada inconstitucional por el máximo órgano judicial.

El periódico digital Bayano en un editorial, sostuvo que un laudo impreciso deja en el aire la explotación minera en la región, cuyas demandas laborales y litigios se mantienen en lucha por la extracción del recursos natural.

A su vez, en el texto el medio calificó como «concesión leonina e ilegítima«, anunció que «no puede ser que otra compañía asuma, en condiciones similares, ese negocio, e imponga allí su propio enclave y genere nuevas relaciones traumáticas».

Denunció que intereses foráneos apuestan sacar los mayores beneficios, aún después del fallo «cuyos alcances requieren explicación».

Movimientos ecologistas esperan que la CSJ se expresen contra el contrato

El Mici consideró que el contrato de concesión firmado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., (actual Minera Panamá) el 16 de febrero de 1996 y su prórroga, se mantiene vigente en todas sus partes y menciona que el órgano debe pronunciarse sobre dicho contrato de concesión.

Sin embargo, la empresa asume que la sentencia de la Corte Suprema afectará solo la promulgación de la Ley 9 y no el contrato de concesión minera en sí, pues aún esta vigente y da continuidad al desarrollo del proyecto Cobre Panamá.

La abogada Susan Serracín, presentó la demanda en representación de la organización no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental, alegando que la base jurídica del contrato de concesión es la Ley 9, por ende, deja de existir jurídicamente.

La concesión fue cedida para explotar 13 mil hectáreas por 20 años

La CSJ declaró inconstitucional la Ley 9 de febrero de 1997 y aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., según el edicto 1074 publicado por la institución el lunes pasado.

13 mil hectáreas por 20 años forma parte de la concesión dada en 1996 a Minera Petaquilla, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares,  para explotar yacimientos minerales de cobre y oro en las provincias de Coclé (centro) y Colón (norte). Después, la concesión fue cedida a Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd.

La mina de cobre en construcción más grande de la región, con una inversión de seis mil 300 millones de dólares, emplea a más de 12 mil trabajadores y el valor de sus exportaciones se estiman que alcanzarán hasta dos mil millones de dólares anuales, a plena capacidad.

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