Jueza ecuatoriana ordena prisión preventiva contra el expresidente Correa

Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, ordenó esta tarde prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa (2007-2017), por estar presuntamente vinculado al caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda. Además, solicitó la difusión roja a la Policía Internacional (Intepol).

El falló de la jueza se dio en la audiencia de revisión de medidas cautelares del ex Jefe de Estado. El fiscal general encargado, Paúl Pérez, fue quien solicitó la prisión preventiva de Correa, por no haberse presentado el 2 de julio en la Secretaría de la Corte. Es público y notorio que el expresidente reside en Bélgica. Justo el día lunes se había presentado en el consulado de su país ante la nación europea.

Pérez también pidió a la jueza que, si ordenaba la prisión del exmandatario, se notificara a la Policía Internacional (Interpol) para que este organismo emita una difusión roja y proceda a su búsqueda, captura y extradición. El 18 de junio, la autoridad judicial vinculó a Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, en el 2012 en Bogotá. Además, ese día se le ordenó presentarse cada 15 días desde el 2 de julio en la CNJ.

El tribunal que ordenó la prisión preventiva para Rafael Correa

Las tenazas de la persecución

En la mañana del 2 de julio, Rafael Correa asistió al consulado ecuatoriano en Bruselas. Solicitó que se dejara, por escrito y con sello oficial, constancia de su visita. El certificado, que fue publicado por el ex Jefe de Estado en su cuenta en Twitter, tiene la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González.

Allí, Correa indicó que su asistencia a la oficina diplomática se debió a que el fiscal general encargado, Paúl Pérez, solicitó a la jueza que la presentación sea en Bélgica. Este pedido lo hizo durante la audiencia de vinculación del exmandatario, efectuada el 18 de junio. Pero en esa misma diligencia, la jueza rechazó la solicitud del fiscal y aclaró que las oficinas diplomáticas “no están para eso”.

Correa advirtió que como expresidente desea cumplir con las exigencias procesales, “a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses”. Indicó en su cuenta en Twitter que se presentó ante el Consulado “amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de DD. HH., la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República (…) para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado “Caso Balda”.

El exmandatario ha subrayado que los procesos en su contra forman parte de un «lawfare», es decir, encubren con acciones judiciales la persecución política. También resaltó que evalúa solicitar asilo en Bélgica, en caso de que violen sus derechos.

Lo de Balda

La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado al secuestro de Balda, luego que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de raptar al político vino desde Carondelet (Palacio de Gobierno) y del propio Correa.

El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

El exlegislador se refugiaba en ese momento en territorio colombiano, después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado, tras denunciar que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.