La pobreza extrema en Latinoamérica alcanza su nivel más alto desde 2008

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En su reporte Panorama Social, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que la proporción de personas en indigencia subió al 10,2 % de la población en 2017, o 62 millones de individuos, desde el 9,9 % del año previo.

El número de personas que vive en extrema pobreza en América Latina aumentó en 2017 a un máximo de casi una década, pese a una mejoría en las políticas de gasto social de los Gobiernos, dijo la agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

El total es el mayor, al menos, desde 2008 y se debe en gran medida a un deterioro en las condiciones de Brasil, que sufrió su peor recesión en décadas y comenzó a mostrar un repunte recién el año pasado.

“Tuvimos años de muy bajo crecimiento económico y el impacto se ha visto mayormente en el desempleo”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, citada por el portal Excelsior de México.

En tanto, la pobreza en la región se mantuvo estable con respecto a 2016, en un 30,2 % de la población, lo que evidencia una ralentización en los últimos años de los avances para acabar con la precariedad. A estos factores se suma la menor “capacidad de los Estados para apuntalar la política social con la misma fuerza de antes”, dijo la funcionaria.

En el período 2012-2017, la reducción de la pobreza fue mayor en Chile, El Salvador y República Dominicana, en buena parte debido a un alza de los ingresos del trabajo. Pero la pobreza creció en Brasil, especialmente la extrema pobreza, que subió a un 5,5 % de la población en 2017, desde el 5,1 % del año anterior, indicó la Cepal.

Venezuela presenta el nivel de desigualdad social más bajo de la región, pero la inflación sin control es uno de los principales factores que considera la Cepal para estimar que la pobreza en el país seguirá aumentando, según Bárcena.

“Nuestra estimación es que aumentará (la pobreza) sin lugar a dudas, con esos niveles de inflación y carencias que se están presentando, aumentará, pero no sabemos cuánto”, agregó  en una rueda de prensa transmitida en línea, en la que presentó el informe Panorama Social de América Latina 2018.

«Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.

“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la Cepal.

Índice de Gini

El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017.  Sin embargo, el ritmo de reducción se ha desacelerado en los años recientes, tomando en cuenta que entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3 %; entre 2008 y 2014 del 0,8 %, y entre 2014 y 2017 del 0,3 %.

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En ello, los sistemas de protección social han tenido un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los Gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4 % en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del Gobierno central de 17 países alcanzó como promedio simple un 11,2 % del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000.

En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.

Por género y edad

Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población, mediante políticas activas, recalca la Cepal.

En promedio, alrededor del 40 % de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7 %) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9 %). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza 60,3 %.

La Comisión considera preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto.

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2 % y 74,4 % respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10,4 %) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6 %).

Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51,8 %) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2 % no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.

La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77 % del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo.

“Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento.

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