Protestan por desalojos forzosos y masivos en Haití

Unas 34 familias que habitaban en la localidad de Kencosff quedaron sin hogares, luego de la medida dictada por el comisionado de Puerto Príncipe, Ocnam Clame Dameusde de demoler las viviendas. Ante el desalogo forzado, vecinos decidieron realizar como protesta una sentada sobre los terrenos.
Supuestamente el Gobierno actúo de esa manera, debido a que los inmuebles  fueron construidos en las inmediaciones de la Casa del jefe de Estado, Jovenel Moise; motivo por lo cual los pobladores en solidaridad con las familias piden a las autoridades que se haga justicia y reparen las viviendas destruidas en el mes de julio.

Según el comisionado, las viviendas estaban erigidas muy cerca de la casa presidencial, situación que representaba una amenaza a la seguridad del mandatario y su familia.

Las viviendas fueron destruidas por estar próxima a la Casa presidencial. Foto referencial

La medida ha generado grandes controversias en diversas organizaciones de derechos humanos que la tildan de «insultante y discriminatoria con respecto a la población haitiana«.

Además, denunciaron que las autoridades estatales no consideraron el bienestar colectivo y tomaron la medida porque no son afectados por las condiciones en que vive la población.

Aunque el desalojo masivo ha sido difundido por la prensa local, el Gobierno no ha ejecutado acciones concretas para restaurar a las víctimas sus derechos,tampoco se han presentado ante las familias desalojadas para comprender la magnitud del daño causado.

Los haitianos quedaron desamparados, sin hogar, enseres y vestidos

La Oficina de Abogados Internacionales de Haití, anunció que presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aseguró que exigiría al Consejo Superior de la Judicatura, la suspensión del comisionado Dameus.

Así mismo, la organización para la protección de viviendas alternativas Kayla pidió una compensación para las familias y cuestionó que las autoridades judiciales y policiales, destruyeran, «ilegal y arbitrariamente», las casas de las víctimas.

Hasta la fecha ninguna autoridad estatal ha dado declaraciones al respecto, mientras las familias continúan siendo víctimas de la privación de sus derechos constitucionales.

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