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Destaca la repercusión de la "profunda crisis económica"

Venezuela desestima acusaciones recogidas en informe de la ONU en materia de DDHH

Caracas catalogó de falta de imparcialidad en el documento publicado este jueves por el organismo internacional en el que se acusa nuevamente al gobierno de vulnerar algunos derechos fundamentales de su población


La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) nuevamente responsabilizó al gobierno de Venezuela de vulnerar los derechos económicos, sociales y políticos de los habitantes del país caribeño; acusación que Caracas rechazó debido a varias imprecisiones que aparecen en el informe presentado este jueves.

En el escrito la Oficina de la ONU instó al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato “medidas específicas” para detener y remediar los males que están afectando la vida de los ciudadanos venezolanos.

En el documento se destaca la repercusión de la “profunda crisis económica”, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe advierte que “si la situación (económica) no mejora”, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país suramericano; así como se “empeorará las condiciones de vida” de quienes permanecen en él.

” A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia.”, expresa el escrito.

Sin embargo, de manera contradictoria, el informe de la ONU refleja que en la información recogida de las autoridades de Caracas se destina el 75 por ciento del presupuesto anual a la inversión en el área social.

ONU desestima sanciones de EE. UU.

También la instancia de la ONU resalta que el programa de alimentación que realiza el Estado venezolano a través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que según el gobierno venezolano beneficia a más de seis millones de familias, “no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente”.

Por lo que asegura que el gobierno caribeño “no ha utilizado todos los recursos disponibles” para garantizar el derecho a la alimentación, así como aceptar la ayuda internacional para paliar este hecho.

Todo esto sin tomar en cuenta que desde el exterior, especialmente promovido por el Gobierno de Estados Unidos, se han bloqueados fondos públicos (que suman más de 30 mil millones de dólares) en entidades financieras internacionales destinadas a la adquisición de alimentos.

En este sentido, la Oficina de la ONU desestima que las medidas unilaterales que agrede las finanzas y el intercambio comercial de Venezuela, tal y como lo ha denunciado en varias oportunidades Caracas, puedan influir gravemente en la crisis social y económica que atraviesa el país.

“La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial“, dice el texto.

Sólo reconoce que “las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por lo tanto la situación humanitaria”, esto a pesar que las medidas coercitivas de Estados Unidos contra el país bolivariano se aplican desde hace varios años.

La ACNUDH, en el documento, también afirma que en el último decenio-especialmente en 2016-, el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

Sin embargo, el informe no refleja que durante ese periodo, en varias zonas urbanas del país se desarrollaban las denominadas “guarimbas”, acciones violentas promovidas por sectores ligados a la extrema derecha venezolana y financiados por ONG nacionales e internacionales.

La ONU destacó que estas acciones se realizan a través de un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, así como ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

Visión parcializada

Es por ello que la respuesta del gobierno suramericano no se hizo esperar catalogando que el informe de la Oficina de la ONU se realizó con “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.

El informe de la ONU se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Para Caracas en el documento se “privilegian excesivamente” fuentes carentes de objetividad y se excluye excesivamente la información oficial; que fueron aportadas a los funcionarios que visitaron el país, incluyendo a la alta comisionada Michelle Bachelet, durante su visita del 19 al 21 de junio de este año.

“Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas por la OACNUDH para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019″, dice la respuesta del gobierno venezolano a través de su Cancillería.

Además, denunciaron que el informe omite “en su totalidad” los logros y avances alcanzados por Venezuela en materia de derechos humanos, lo que viola el derecho internacional y el principio de imparcialidad.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, expresa la respuesta del gobierno caribeño.

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