Guerra judicial en Argentina: Corte Suprema definirá el conflicto por clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

La grieta se recrudece tras una demanda presentada por la abogada argentina Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; por desacatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Alberto Fernández.

Por Leonardo Buitrago

19/04/2021

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La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el conflicto sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el decreto de necesidad y urgencia de la Nación que suspendió la presencialidad por dos semanas en el Área Metropolitana del Buenos Aires (AMBA).

«De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo», dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, expresa la sentencia, publicado por Página 12.

El máximo tribunal notificó de la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.

Cabe destacar que el domingo en la noche, la Corte porteña dictaminó una cautelar para que CABA garantizara la presencialidad de las clases.

Denuncia a Larreta por desacatar DNU

La grieta se recrudece tras una demanda presentada por la abogada argentina Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; por desacatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Alberto Fernández, quien presentó la semana pasada las nuevas restricciones ante el acelerado aumento de casos por Covid-19, sobretodo en el AMBA.

La denuncia, que será sorteado por la Cámara Federal, también va dirigida a la asesora general tutelar de la Ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich.

Los cargos serán por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.

La denunciante sostiene que la emisión del DNU 241/2021 se dictó en una “situación extraordinaria” por la pandemia, cuya segunda ola “amerita medidas urgentes” porque el aumento de casos “está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas», refiere Página12.

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