Bolivia vive una escalada de tensiones, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz anunciara una política de «mano dura» para contener las protestas sociales, mientras los campesinos aimaras de diversas provincias del departamento de La Paz ratificaron la continuidad del paro indefinido y los bloqueos de carreteras.
Tras una asamblea celebrada en la ciudad de El Alto, los manifestantes reiteraron su principal exigencia: la renuncia inmediata del mandatario de derecha, cuya gestión ha desatado una crisis social y económica que ha provocado un encarecimiento insostenible de los servicios básicos, afectando las condiciones de vida de la ciudadanía.
Los cortes en las rutas claves hacia el interior del país y en la vía que conecta con Perú se han mantenido durante las últimas dos semanas, afectando el transporte y el abastecimiento.
Desde El Alto, el corresponsal de TeleSUR, Freddy Morales, informó que los sindicatos del transporte urbano de la ciudad anunciaron su adhesión al paro indefinido en las últimas horas, sumándose a los bloqueos. Esta medida responde al incumplimiento de acuerdos previos con el Ejecutivo y busca apoyar las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y las juntas de vecinos, que el lunes participaron masivamente en las movilizaciones.
Rodrigo Paz aplica «mano dura» para reprimir las movilizaciones
Durante esa jornada, una marcha de campesinos aimaras, organizaciones sociales de El Alto y sectores afines a la COB llegó a la capital boliviana con la consigna de exigir la renuncia de Paz. Al intentar avanzar hacia la plaza Murillo, los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos, lo que dejó un saldo de 124 personas detenidas.
La Fiscalía informó que 95 de ellas ya fueron puestas en libertad, aunque la tensión no cesó. En paralelo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, amenazó con aplicar «mano dura» contra cualquier acción que considere un intento de desestabilización democrática, endureciendo el discurso de la administración de Rodrigo Paz frente al creciente malestar social.
La reacción gubernamental también incluyó medidas judiciales. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, acusado de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros delitos, por su participación en las movilizaciones.
Según consignó TeleSUR, Argollo permanece en la clandestinidad para evitar su captura, mientras las protestas continúan siendo lideradas por la COB, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organizaciones campesinas y sectores vinculados al expresidente Evo Morales. La ciudad de La Paz se ha convertido en el epicentro de los cierres de carreteras.
Más allá de las consignas políticas, las protestas reflejan un creciente malestar y reclamos vinculados al deterioro económico, el alto costo de vida y el rumbo que ha tomado el gobierno. Mientras que Rodrigo Paz apuesta por la represión y la judicialización de los líderes sociales, los campesinos aimaras insisten en que el paro y los bloqueos no cesarán hasta que el mandatario dé un paso al costado.
*Foto destacada: Agencia de Noticias FIDE
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