La orden del presidente Abelardo de la Espriella, enmarcada en su «contrarrevolución cultural», afectó al 52% de las obras sobre personas LGBTI y al 28% de las dedicadas a mujeres. Un juez ordenó conservar lo retirado y frenar nuevas remociones.
El Museo Nacional de Colombia, el más antiguo y simbólico del país, se ha convertido en el campo de batalla de una guerra cultural que hasta ahora se libraba en discursos. En menos de una semana, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó el desmontaje de más de una treintena de piezas vinculadas al feminismo, el movimiento LGBTI y la memoria de las víctimas del conflicto armado; un análisis más exhaustivo elevó después la cifra a 47 objetos confirmados de un universo de 426 revisados. La decisión, justificada oficialmente como una cruzada contra el «adoctrinamiento político», derivó en una tutela, dos días de protestas, un pronunciamiento del sector museístico y un debate de control político contra la ministra de Cultura, Paola Holguín.
Una orden presidencial, no una decisión curatorial
El origen de la remoción no fue una revisión técnica de los curadores, sino una instrucción directa del Ejecutivo. Durante una visita al Ministerio de Cultura, De la Espriella ordenó a Holguín retirar de todos los espacios públicos cualquier representación que considerara «apología del terrorismo», con especial énfasis en la figura de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990. «Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara», declaró entonces el mandatario.
La medida se inscribe en un anuncio mayor: la declaración de una «lucha abierta y total contra el wokismo», al que el presidente calificó como «uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional». La ministra Holguín defendió el desmontaje en su cuenta de X, argumentando que la vocación del museo «no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental». Añadió que la museología y la curaduría de todos los espacios dependientes de su cartera están siendo «evaluadas y rediseñadas».
Lo que se retiró: del Balígrafo a la bandera de Elizabeth Castillo
Entre los objetos desmontados figuran la bandera del orgullo gay donada por la activista Elizabeth Castillo —quien la escondió para poder llevarla al Congreso en los años ochenta—, el Balígrafo, la pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016, afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y de Carlos Pizarro, el tarjetón de la Séptima Papeleta que impulsó la Constituyente de 1991, los primeros números de la revista Ventana Gay y obras de artistas como Alfonso Quijano, Antonio Caro y Miguel Ángel Rojas.
El análisis de La Silla Vacía, que comparó los guiones originales de las salas «Memoria y Nación» (2014) y «Hacer Sociedad» (2019) con lo efectivamente desmontado, revela un patrón que excede el discurso oficial sobre el «terrorismo»: se retiró el 52% de las piezas sobre personas LGBTI, el 28% de las que mostraban mujeres y el 14% de las relativas a guerrilleros, frente a apenas el 2% de las dedicadas a próceres de la Independencia y ninguna de las referidas a pueblos indígenas o élites. Es decir, la selección afectó de forma desproporcionada a la diversidad sexual y de género y a la memoria de las víctimas.
El dato no es menor: ninguno de los guiones de las salas afectadas fue diseñado durante el gobierno de Gustavo Petro. El primero data de la administración de Juan Manuel Santos y el segundo, de la de Iván Duque. La tesis oficial de que se trataba de un instrumento de «la agenda gubernamental» queda así debilitada por la cronología.
El freno judicial
La respuesta institucional fue inmediata. El congresista Gabriel Becerra (Pacto Histórico) y los colectivos LGBTIQ+ León Zuleta y Revolución en Rosa interpusieron una acción de tutela. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá, a cargo del juez César Osorio Ortiz, la admitió y dictó una medida cautelar que ordena al Museo Nacional conservar la totalidad de las piezas retiradas en condiciones idóneas, abstenerse de destruirlas, trasladarlas o alterarlas, y no retirar más obras sin un acto administrativo que lo justifique. En la práctica, un freno judicial a la política de desmonte.
Reacciones en cadena
La oposición cerró filas. El expresidente Gustavo Petro calificó la medida como «censura» y «saqueo». El senador Iván Cepeda exigió la restitución inmediata de las piezas y advirtió que el Gobierno «quiere imponerle a la sociedad colombiana qué puede recordar y qué debe olvidar». El también expresidente Juan Manuel Santos sostuvo que «la historia y la memoria de un país no se borran». En el plano legislativo, la senadora Jennifer Pedraza citó a la ministra Holguín a un debate de control político, que no se limitará a la censura: también abordará presuntas irregularidades en su hoja de vida y en nombramientos de su cartera.
El sector cultural reaccionó por su cuenta. Seis museos de arte moderno del país —entre ellos el MAMBO de Bogotá y el MAMM de Medellín— emitieron un comunicado conjunto rechazando la decisión y defendiendo la autonomía de las instituciones frente a «intereses ideológicos» de turno. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) expresó su «incertidumbre y preocupación» por el manejo del patrimonio y el respeto al trabajo de los curadores. En las calles, se registraron dos jornadas consecutivas de protestas frente al Museo Nacional, dispersadas por el ESMAD con tanquetas antidisturbios, con reportes de personas heridas según la Defensoría del Pueblo. Colectivos artísticos instalaron una exposición itinerante que recreaba las obras retiradas, y la Universidad de los Andes convocó «clases a la calle» en rechazo a la medida.
El caso Pizarro: el símbolo de una disputa más amplia
La figura de Carlos Pizarro condensa la lógica de fondo. En 2024, el gobierno de Petro declaró su sombrero Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución 218. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esa declaratoria al considerar que la entidad responsable carecía de competencia legal y constitucional para adoptarla. Días después, De la Espriella ordenó retirar toda su imagen de los espacios públicos. La secuencia —primero el reconocimiento patrimonial socavado por la vía judicial, luego la remoción física por orden presidencial— es, para los críticos, la demostración de que el objetivo no era corregir un exceso administrativo, sino borrar un símbolo de la transición de la guerrilla a la política.
El Ciudadano
*Imagen ilustrativa creada con IA no real
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