Las protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella se desbordaron ayer miércoles 14 de octubre por varias ciudades de Colombia, en el marco del primer paro nacional convocado contra su gestión, cuando apenas se cumplen dos meses de su llegada al poder. Miles de personas expresaron un rechazo frontal a la agenda económica y de seguridad del mandatario de ultraderecha, así como al incremento del costo de la vida, al auge de los delitos y hechos de violencia, al retroceso de conquistas sociales y a las medidas con las que se busca criminalizar y coaccionar el derecho a la protesta.
La masiva movilización contra de la Espriella en la que participaron sindicatos, docentes, colectivos de estudiantes, partidos opositores como el Pacto Histórico, colectivos LGBTI, centrales obreras y comunidades indígenas llenó las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cúcuta. Bucaramanga, Pereira y Riohacha.
La Federación Colombiana de Educadores, salió en defensa de la educación pública y de la salud del magisterio. El gremio exigió la reconstrucción de la infraestructura escolar que resulto afectada por el reciente terremoto y denunció la estigmatización que sufre el sindicalismo docente, consignó TeleSUR.
Las comunidades indígenas y campesinas rechazaron los megaproyectos y las medidas económicas que ponen en riesgo sus territorios ancestrales. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtieron que de la Espriella tiene como objetivo la autonomía de sus organizaciones.
Los manifestantes alzaron su voz contra el Gobierno ultraderechista, sus promesas de limitar el aborto, desconocer a las asociaciones indígenas y la aplicación de recortes presupuestarios. Asimismo, portaron pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y carteles con críticas hacia la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cual está alineada el mandatario colombiano.
El detonante de la jornada fue el controvertido decreto 1525, firmado por De la Espriella, que establece para el accionar de la fuerza pública en las concentraciones y habilita a las autoridades a disolverlas cuando se presenten “alteraciones graves”.
Aunque señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, esto no es «un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».
Intimidación contra la protesta
El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alertó que el objetivo del Gobierno es «intimidar a la gente» y que los ciudadanos no ejerzan su derecho a la protesta por miedo a ser confrontados de forma violenta por la policía.
«De la Espriella nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la Fuerza Pública actúa de forma arbitraria«, denunció.
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro (2022-2026) quien se sumó a la concentración en Bogotá publicó un mensaje en la red social X destacando la determinación de los colombianos por defender sus derechos.
«Así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte. El pueblo no se rinde, carajo«, escribió.
En algunas ciudades se evidenció un amplio despliegue de uniformados en respuesta a las movilizaciones, lo cual fue considerado por la oposición como un intento de coaccionar el derecho a manifestarse.
Incluso, la ONG Temblores denunció que el Gobierno destinó «hombres armados con fusiles» en los techos ante las protestas.
«Ubicar hombres armados con fusiles en los techos desde los que se vigila una movilización es un mensaje de intimidación directo contra quienes protestan. No podemos aceptar que ejercer un derecho fundamental implique hacerlo bajo la mira de las armas», indicó la organización en sus redes sociales.
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Imagen destacada: AFP.
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