El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico Iván Cepeda Castro presentó una denuncia penal por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito contra su contendiente Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria). La acción, radicada simultáneamente ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, no solo acusa al ultraderechista de haber operado como pieza clave de la parapolítica, sino que destapa, con documentos inéditos de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de Justicia y Paz, su papel activo dentro del engranaje paramilitar.
“No era un simple financiador: pudo haber pertenecido directamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, sentenció Cepeda., al referirse a ala organización paramilitar, narcotraficante, terrorista y contrainsurgente de extrema derecha que participó en el conflicto armado interno en Colombia entre 1997 hasta su desmovilización en 2006.
El corazón de la trama es la Fundación Iniciativas de Paz (FIPAZ) , creada a comienzos de los 2000 y presidida por De la Espriella. Lejos de ser una organización altruista, tanto la Comisión de la Verdad como una sentencia de Justicia y Paz la describen como un instrumento paramilitar para expandir su dominio social.
A través de una declaración pública, Cepeda fue más allá al revelar un flujo circular de dinero y señaló que “FIPAZ fue financiada por las AUC, pero a la vez entregó recursos a las AUC.
«Es decir, De la Espriella era financiado y financiador simultáneamente«, señaló el también senador.
Esta doble condición, según la denuncia, evidencia un vínculo orgánico con estructuras narcoterroristas.
La exposición de nexos incluye una galería de jefes paramilitares. Cepeda señaló directamente a Salvatore Mancuso, quien declaró en 2024 ante la JEP sobre la relación FIPAZ-AUC; a Ernesto Báez, quien admitió haber usado a De la Espriella para penetrar el sector universitario; y a Juancho Dique, respecto de quien la Corte Suprema ordenó investigar al candidato por intentar sobornarlo para que guardara silencio en Justicia y Paz —una compulsa de copias que desapareció misteriosamente de la Fiscalía—. También mencionó a alias Barbie, de quien De la Espriella fue abogado y además, se «benefició de la adquisición de un lote de propiedad del paramilitar».
Uno de los apartados más explosivos de la denuncia involucra al exfiscal general de Colombia Mario Iguarán (2005-2009), durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según declaraciones de Mancuso y Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ , De la Espriella habría sido determinante en la elección de Iguarán en 2005 para garantizar la impunidad de los jefes paramilitares. Durante su gestión, la Fiscalía precluyó investigaciones por concierto para delinquir y lavado de activos, hasta que la Corte Suprema intervino.
“Estos hechos han sido objeto de compulsas sin resultados”, denunció Cepeda, quien exigió a la actual fiscal general Luz Adriana Camargo explicar la inacción.
El candidato también reveló que Juan Carlos Sierra ‘El Tuso’ acusó a De la Espriella de haber pedido 4.000 millones de pesos colombianos (1,2millones de dólares) a los paramilitares para sobornar a magistrados de la Corte Constitucional y lograr que sus delitos fueran catalogados como políticos.
Cepeda: De la Espriella debe comparecer ante la justicia y ser sancionado
Ante este panorama de criminalidad sistemática no investigada, Cepeda llevó el caso a la Corte Penal Internacional al considerar que se configuran crímenes del Estatuto de Roma.
“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas para que activen todos sus mecanismos De la Espriella debe comparecer ante la justicia y sus acciones, ser objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, concluyó.
El progresista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella se medirán en una segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 21 de junio.
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