Se disparó la cifra de asesinatos de líderes sociales en Colombia

Auge paramilitar coloca en vulnerabilidad a habitantes de Cauca y Antioquia

Según la Fiscalía colombiana, la mayoría de los casos de asesinatos de líderes sociales son producto de crímenes del narcotráfico. La versión es desmentida por organizaciones sociales y de derechos humanos

La amenaza paramilitar de las Águilas Negras

Los líderes sociales de los departamentos colombianos de Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste) corren los mayores riesgos de ser asesinados por grupos armados ilegales que se han formado y fortalecido tras la desmovilización de las FARC, indicó este viernes un informe de la Fiscalía de Colombia.

Las regiones más afectadas por estas nuevas dinámicas son particularmente Cauca y Antioquia, donde se está experimentando una mayor afectación a los líderes sociales” en medio del control por corredores del narcotráfico y cultivos ilícitos con el que buscan hacerse dichos grupos, precisó el organismo.

Al cierre del primer semestre de 2018, el homicidio se incrementó en Colombia a una tasa del 6,5%. Según la versión oficial, esto ocurre como resultado de las confrontaciones territoriales entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.

“En medio de este conflicto, se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”, afirmó el fiscal general, Néstor Martínez, citado en el comunicado.

Martínez también destacó que “la situación es dramática y preocupante” en regiones como el bajo Cauca antioqueño, donde el homicidio ha crecido en un año corrido 164%, mientras que en Antioquia, durante el primer semestre de 2018, el homicidio creció 47%.

Esta semana se encontraron, con signos de tortura, siete cadáveres de campesinos en Antioquia. Foto: Web

La otra versión

Organizaciones de derechos humanos y movimientos de izquierda tienen otra versión sobre lo que ocurre y no se trata sólo del problema del narcotráfico. Denuncian el auge de organizaciones paramilitares de ultraderecha, creadas y promovidas por la élite política para combatir a la insurgencia, y responsables de numerosas masacres y desplazamientos forzados contra la población civil.

Por ejemplo, la Red de Medios Alternativos y Populares de Colombia (REMAP) denunció que el pasado 2 de julio las bandas paramilitares que actúan en el Cauca declararon objetivo militar a 18 personas pertenecientes a organismos defensores de Derechos Humanos, cabildos indígenas, y otras organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Marcha Patriótica.

Las amenazas se lanzaron a través de un panfleto que busca justificar la estrategia paramilitar, su accionar criminal, acusando falsamente a lideresas y líderes de ser “colaboradores de los disidentes de las FARC”. De igual manera, las amenazas las hicieron extensivas para quienes apoyaron la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia y cubren municipios en departamentos de Cauca y Valle.

Evidentemente no se trata sólo del narcotráfico, pues es la histórica persecución que se ejecuta en Colombia contra las organizaciones que no comparten el modelo de las élites económica y política del país.

Pero según la Fiscalía, sus resultados muestran que los perpetradores de estos crímenes son, en su mayor parte, miembros del grupo paramilitar Clan del Golfo y de grupos de delincuencia organizada, que se dedican al cultivo y tráfico de drogas.

Los paramilitares hacen gala de impunidad. En el mismo panfleto que citamos anteriormente, advierten:

“Para nosotros no existe ningún esquema de seguridad que los proteja, tenemos información concreta de nuestras redes de inteligencia que nos suministran información clara y precisa de todas las actividades diarias de sus familias, de los sitios de trabajo”.

La REMAP resalta que frente a la gravedad de la situación, donde queda claro que el paramilitarismo se extiende por todo el territorio sin control alguno por el Gobierno, diversas organizaciones sociales hacen un llamado urgente y solidario a organismos nacionales e internacionales para que acompañen, verifiquen y adelanten todos los mecanismos necesarios para garantizar la la vida de las personas y organizaciones amenazadas.

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