Congreso repudia la censura que prohíbe difundir audios de Karina Milei y activa agenda sobre libertad de expresión

El Congreso de Argentina se erigió este martes como un bastión de resistencia institucional frente a lo que amplios sectores de la oposición y organismos de derechos humanos denuncian como un gravísimo intento de censura previa por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.

La chispa que encendió la mecha fue la medida cautelar que prohibió la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, y hermana del mandatario, Karina Milei, vinculados con el escándalo de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).y los pedidos de allanamiento contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que hicieron públicos los registros.

El caso surgió a raíz de la filtración de uno audios, atribuidos al ex director de la ANDIS y hombre de confianza del entorno presidencial Diego Spagnuolo, en los que se mencionan un presunto circuito de coimas donde aparecen como beneficiarios Martín Menem—presidente de la Cámara de Diputados, hijo del exsenador, Eduardo Menem y sobrino del expresidente Carlos Menem — así como su primo Eduardo «Lule» Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y quien trabaja directamente bajo la órbita de Karina Milei, también salpicada en el escándalo.

Los tres aparecen señalados como parte de los beneficiarios de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado.

Posteriormente, el programa Data Clave, del periodista Mauro Federico, que se emite por la señal de streaming Carnaval y que publicó también los audios atribuidos a Diego Spagnuol dio a conocer dos nuevos registros, en este caso, atribuidos a Karina Milei.

En el primero, la hermana del denominado «libertario» afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Congreso argentino repudia la censura

La respuesta del Congreso ante las acciones de censura impulsadas desde la administración de Milei se articuló en dos frentes simultáneos.

En el Senado, se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, para denunciar un “ataque anticonstitucional a la libertad de prensa”.

En la instancia, el senador radical Martín Lousteau planteó que el gobierno libertario intenta “naturalizar la censura previa” y advirtió que, lejos de ser un gesto aislado, se trata de “un mecanismo que erosiona las bases del sistema republicano”.

La propia Moisés remarcó con preocupación que “se están cruzando líneas rojas que ponen en riesgo la esencia del sistema democrático” y confirmó que convocará formalmente a la comisión a sesión para analizar los pasos a seguir frente a la cautelar y el accionar del Gobierno.

La conferencia se desarrolló en un salón que casualmente carecía de conexión de fibra óptica, lo que impidió su transmisión en vivo.

En paralelo, en la Cámara de Diputados, se efectuó una reunión informal de la Comisión de Libertad de Expresión, que lleva año y medio paralizada por decisión de su presidenta, la libertaria Emilia Orozco–quien, según se pudo constatar, se encontraba en medio de su campaña electoral en Salta–, por lo que fue el vicepresidente del cuerpo, Cristian Castillo (Frente de Izquierda Unidad), quien tomó la iniciativa. Cursó las invitaciones y abrió las puertas del recinto para escuchar a los periodistas directamente afectados por la ofensiva judicial de Milei, Jorge Rial y Mauro Federico, así como a las organizaciones de la sociedad civil.

A la reunión asistieron parlamentarios de todas las fuerzas políticas opositoras, incluyendo al bloque Coherencia, integrado por exlibertarios. También estuvieron presentes Diego Morales por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Myriam Bregman en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Sin embargo, la ausencia del oficialismo y sus aliados del PRO fue notoria.

Al no ser una convocatoria formal, los diputados no pudieron firmar dictámenes, pero lograron un simbólico triunfo al conseguir que la reunión fuera transmitida en vivo por el canal oficial de la Cámara de Diputados.

En la instancia, Castillo recordó que «hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión».

«Es un modus operandi del oficialismo: clausurar los espacios de control”, denunció.

La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard subrayó la gravedad del escenario que enfrentan.

“Esta comisión estuvo clausurada porque desde que se constituyó no pudimos sesionar para denunciar hechos gravísimos que acontecieron”.

“Estamos padeciendo censura como en épocas de dictadura. Jamás pensé que en más de 40 años de democracia íbamos a tener que informarnos por medios extranjeros”, condenó, según consignó Página/12.

Periodistas denuncian persecución y revelarán nuevas pruebas contra Milei

El centro de la reunión fue el testimonio de Jorge Rial y Mauro Federico, quienes detallaron la persecución que están sufriendo por parte de la administración de Milei y adelantaron el contenido de nuevas investigaciones periodísticas que comprometen al Gobierno.

“Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra nosotros, que solo estamos informando sobre corrupción en el Gobierno”, dijo al tiempo que relató episodios de intimidación, como la presencia de un Falcon verde frente a su casa el viernes pasado.

También reveló que, durante la reunión de urgencia en la Casa Rosada esa misma noche, cuando salieron a la luz los audios atribuidos a Karina Milei, un funcionario llegó a decir que “querían a Rial preso”.

Lejos de amedrentarse, el conductor advirtió que las investigaciones continuarán.

“Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más pruebas y estamos dispuestos a compartirlas con la Justicia, porque el laburo del periodismo es esto”,a firmó.

Según adelantó, el nuevo material deja en evidencia un “mecanismo de premios y castigos” dentro de la administración pública para incentivar aleatoriamente a empleados a “recortar subsidios destinados a personas con discapacidad”.

Rial cerró su intervención con una potente advertencia: “Este es un punto de quiebre. Se metieron con la libertad de expresión y si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades. No creen en la Constitución porque es como la criptonita para ellos”.

Al llegar su turno, Mauro Federico salió al cruce de las acusaciones vertidas por el Ministerio de Seguridad, que lo vinculaban con servicios de inteligencia extranjeros, especialmente de Venezuela.

“No tengo ningún contacto con servicios de inteligencia bolivarianos”, aclaró, y negó rotundamente cualquier vínculo con el abogado Franco Bindi, señalado por el gobierno como el supuesto autor de las filtraciones. “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias”, remarcó.

El foco de su denuncia apuntó al corazón de la política de la gestión libertaria.

“Nuestro objetivo es poner en relevancia que este gobierno armó una organización para destruir el sistema nacional de asistencia a las personas con discapacidad”, dijo.

Federico describió la situación como “la punta de un iceberg” de un “saqueo” a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“No me canso de angustiarme de ver personas reclamando en la puerta de la Andis, yendo a pedir explicaciones de por qué les retiraron su pensión: 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para morfar. Si eso no es un genocidio planificado, ¿qué es?”, se preguntó, para luego defender el origen de sus fuentes.

“Nuestras fuentes no son venezolanos, no son rusos. Muchos son laburantes: algunos los echaron, otros siguen ahí adentro trabajando, pero no soportan no poder dormir de noche”, aclaró.