Los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 16 de noviembre para participar en una consulta popular que podría abrir el camino hacia una nueva Carta Magna. La pregunta, impulsada por el presidente la nación suramericana, Daniel Noboa, busca convocar una Asamblea Constituyente en medio de lo que expertos califican como una estrategia para concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales.
El proceso se desarrolla en un contexto de creciente enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Constitucional, que ha bloqueado varias iniciativas, relacionadas con seguridad y orden público, presentadas por el mandatario de derecha y que fueron aprobadas sin mayor resistencia por una Asamblea controlada por el oficialismo. Por tal motivo el órgano ha considerado que no estaban bien justificados.
Noboa ha calificado a los magistrados como «enemigos del pueblo» y promueve la Constituyente argumentando que la carta magna vigente, redactada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, «ha quedado rezagada» y no ofrece herramientas suficientes para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país.
Consulta en medio de tensiones institucionales
El camino hacia la consulta no ha estado exento de controversia. Originalmente, Noboa intentó convocar el proceso sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, como exige la legislación ecuatoriana . En septiembre de 2025, el mandatario envió directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud para la consulta, desatando una crisis institucional.
«La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano», afirmó la Presidencia en un comunicado que reflejaba la tensión con el alto tribunal .
Finalmente, el 24 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional emitió su «dictamen favorable para la convocatoria a una Asamblea Constituyente» , allanando el camino para la votación del 16 de noviembre. En su resolución, el tribunal advirtió que este proceso «no es una estrategia del poder de turno ni un artificio político, sino un proceso de la mayor responsabilidad histórica, especialmente en un país donde las constituciones han sido modificadas con frecuencia».
Las preguntas de la consulta
La consulta popular incluye cuatro preguntas que podrían modificar sustancialmente el marco político y constitucional de Ecuador.
La interrogante central dice: dice: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.
Asimismo, la consulta propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano; eliminar la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos a través del Fondo Partidario Permanente y además plantea modificar el artículo 118 de la Constitución para reducir de 151 a 73 el número de asambleístas en la Asamblea Nacional.
El diseño de una Constituyente «a la medida»
El modelo propuesto por Daniel Noboa contempla una Asamblea Constituyente de 80 miembros: 24 nacionales, 50 provinciales y 6 por las circunscripciones en el exterior . El órgano tendría 180 días, prorrogables por 60 más, para redactar el nuevo texto constitucional, que luego deberá ser sometido a referéndum aprobatorio.
El sistema de elección establece que «el voto será en listas cerradas y bloqueadas. Los escaños se adjudicarán aplicando el método D’Hondt», un sistema que, según los críticos, «favorece a los partidos políticos más fuertes, porque les permite tener mayor representación», consignó Radio Pichincha.
El mandatario ha generado controversia al señalar que presentará los detalles de la reforma solo después del 17 de noviembre, si gana el «sí» en la consulta. Mientras tanto, ha adelantado que quiere un texto de máximo 180 artículos e incluso ha sugerido usar Inteligencia Artificial en su redacción, lo que ha generado controversia.
Aunque el presidente de derecha ha insistido en que su rol es «ciudadano, no constituyente» , ya ha revelado nombres de posibles integrantes, entre ellos juristas, empresarios y militares con conocimiento constitucional . Entre los perfiles mencionados se encuentran su madre, la asambleísta Anabella Azín, quien registra un alto número de inasistencias en el Legislativo; su amigo y presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen; la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar; el exministro de Gobierno José De La Gasca; la asambleísta Nataly Morillo y el almirante Jaime Vela.
Según Noboa, una vez que sea aprobado por mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Constituyente, el texto constitucional será remitido al Consejo Nacional Electoral, el cual deberá convocar una nueva consulta popular para su ratificación o rechazo en un plazo de 60 días.
Todo este proceso podría tomar entre 12 y 15 meses. Las tres jornadas de votaciones, además del funcionamiento entre seis y ocho meses de la Asamblea, supondrían un costo superior a los 200 millones de dólares.
¿Refundación democrática o concentración de poder?
Para la administración de Noboa, una nueva Carta Magna es necesaria para enfrentar la crisis institucional, la violencia y la pérdida de confianza en la justicia. Según el texto oficial del decreto, el proceso busca «refundar el Estado ecuatoriano»,
Sin embargo, voces críticas alertan sobre los riesgos de la Constituyente. Sybel Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, sostiene que no es necesaria una nueva Constitución y que la iniciativa responde a un diseño para «desactivar contrapesos y consolidar un poder sin control» .
Entre los peligros señalados por Martínez se encuentran: el fortalecimiento del Ejecutivo en detrimento de otros poderes del Estado, derivando en un «hiperpresidencialismo reforzado»; la limitación de las funciones de la Corte Constitucional, organismo que se ha convertido en el principal contrapeso institucional del presidente de derecha; la reducción del tamaño y capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional y la apertura a privatizaciones en sectores estratégicos y servicios públicos como agua, energía y salud.
Asimismo, en declaraciones a Radio Pichincha alertó que «el proyecto podría mercantilizar las áreas protegidas, afectando los principios de protección ambiental».
El abogado constitucionalista André Benavides coincidió con estas advertencias y planteó que «no existen fundamentos jurídicos ni políticos que justifiquen una nueva Asamblea Constituyente»
A su juicio, esta falta de claridad podría derivar en el desmantelamiento de la Constitución actual que garantiza derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación pública y el trabajo; así como los derechos ambientales y el control constitucional que asegura el equilibrio de poderes.
Por su parte, el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi que redactó la Constitución de 2008, planteó que Noboa “parecería pedir un cheque en blanco”.
En su opinión, el mandatario busca “reemplazar una Constitución que incomoda a las élites porque les quitó privilegios y estableció límites al poder económico y político”.
Para el periodista Leonardo Parrini, la iniciativa “abre la puerta a la regresión de derechos adquiridos y al retorno del viejo país de privilegios e inequidades”.
En la misma línea, la abogada María Dolores Miño advirtió que, “una vez instalada una Constituyente nada puede impedir que se comprometan derechos como la educación superior pública, la salud gratuita o los derechos de la Naturaleza”, consignó Prensa Latina.
A su vez, la jurista Mónica Luzárraga argumentó que más allá del debate jurídico, lo que está en juego es la memoria social de Ecuador.
“La Constitución fue construida con diálogo y luchas históricas. No permitamos que nos la quiten”, afirmó, en declaraciones recogidas por el medio citado.
Mientras que el historiador Juan Paz y Miño planteó en un texto sobre la historia constitucional ecuatoriana que “aprovechando esta consulta, el país podría consagrar una nueva época plutocrática que consolide la dominación de las élites sobre el Estado y la economía”.
Millonario costo de un proceso incierto
El proceso constituyente que incluye la consulta popular, elección de asambleístas, el funcionamiento entre seis y ocho meses de la Asamblea y referendo aprobatorio, podría costar alrededor de 200 millones de dólares , monto que reactiva el debate sobre las prioridades fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de «reconfigurar totalemente el Estado» , sectores críticos han cuestionado si un proceso constituyente largo, costoso e incierto es la mejor respuesta a las urgentes necesidades económicas y sociales que enfrenta el país.
«Ese monto equivale al presupuesto necesario para equipar hospitales sin medicamentos, pagar deudas a trabajadores externalizados o reparar ambulancias y quirófanos fuera de servicio», indicó Radio Pichincha.
Con una población de más de 18 millones de habitantes y un padrón electoral que supera los 13,9 millones de votantes , los ecuatorianos tienen en sus manos una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la historia democrática del país.
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