Denuncian que el gobierno de facto de Bolivia contrató con recursos del Estado a varios periodistas para «lavar su imagen»

La preocupación del gobierno de facto, por cooptar a un sector de la prensa, perseguía la intención de colonizar el sentido común de una parte de la sociedad, instalando la idea de un “fraude” (inexistente), que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
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Bolivia / Latinoamérica

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Durante el gobierno de Jeanine Añez, el Ministerio de Comunicación de Bolivia, contrató con recursos del Estado a varios periodistas para que realizaran trabajos a favor del régimen. Ninguno de ellos negó las denuncias.

La última semana de marzo, un conocido canal de televisión, denunció que la jefa de prensa del conocido medio digital Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, recibió 30 mil bolivianos (unos 4.400 dólares), por concepto de la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales”, trabajo que realizó en tiempo récord y que fue utilizado por el régimen para desprestigiar al gobierno de Evo Morales.

El contrato entre la periodista y el gobierno de facto, estaba protegido por una cláusula de confidencialidad, para evitar que se conozcan pormenores del monto acordado y del trabajo, mismo que fue realizado en 10 días, y entregado el 12 de febrero de 2020, con una carta dirigida al entonces ministro de facto de la Presidencia, Yerko Núñez.

El 8 de abril, el periódico “La Estrella del Oriente”, publicó una investigación periodística que devela que en la gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, se suscribió un contrato entre el periódico estatal ‘Bolivia’ y el periodista Humberto Vacaflor Ganam, quien habría cobrado del Estado 82 mil bolivianos ($us 11.900), por realizar columnas de opinión a favor de Áñez.

Tres días después de la denuncia (11/04), se pudo constatar que Humberto Vacaflor cobraba otro sueldo como analista político del canal estatal Bolivia Tv.

Sin embargo, la normativa boliviana prohíbe la doble remuneración, “los servidores públicos se sujetarán a las siguientes incompatibilidades (…) ejercer más de una actividad remunerada en la Administración Pública en general (…). La inobservancia genera responsabilidad administrativa, civil y penal…”, expresa el Decreto Supremo DS 0014, del Estatuto del Funcionario Público.

El 14 de abril, salió a la luz pública que el presentador Carlos Valverde Bravo, también recibió dinero por escribir en medios estatales a favor del régimen.

La preocupación del gobierno de facto, por cooptar a un sector de la prensa, perseguía la intención de colonizar el sentido común de una parte de la sociedad, instalando la idea de un “fraude” (inexistente), que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.


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