Ecuador: ONG valida 391 violaciones de DD.HH. tras paro indígena; 2 muertes por violencia pública, 473 heridos y 206 detenidos

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre septiembre y octubre de 2025, dejó un saldo crítico de dos personas fallecidas, por violencia pública, así como 473 heridos, 16 desapariciones de corta duración y 206 detenidos, según confirmó una organización defensora de DD.HH. del país suramericano.

Se trata de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos que presentó este miércoles su informe de verificación sobre lo ocurrido durante los 31 días en que se extendieron las movilizaciones, documentando 391 violaciones de derechos humanos validadas, por causa de la represión policial que ordenó el gobierno de Daniel Noboa.

«La información que se presenta aquí ha sido contrastada con reportes oficiales, testimonios directos y los registros propios de las organizaciones que integramos la Alianza y otras organizaciones sociales. Para este monitoreo recibimos 744 alertas que han sido cotejadas y verificadas», señalaron en el reporte.

Según la organización, de las 391 violaciones a los DD.HH., se registraron 155 reportes en los que el derecho más afectado fue la integridad personal; 84 reportes de vulneración al derecho a la protesta y la resistencia; 44, de incidentes contra la libertad personal; 36, de vulneración a la libertad de expresión; 14, donde se amenazó el derecho a defender derechos; 11 reportes de amenaza al derecho a la propiedad, todos relacionados con el bloqueo de cuentas en el sistema financiero y 8, donde el principal derecho violado o gravemente amenazado fue el derecho a la vida.

También documentaron 8 reportes, donde se afectó los derechos de personas privadas de libertad, en relación con las condiciones de detención; 4, donde se afectaron los derechos de niñas, niños y adolescentes; 4, donde se afectó el derecho al libre tránsito por parte de agentes del Estado; 5, donde se vulneró la prohibición de discriminación; 4 reportes de afectación a derechos colectivos; 3, donde se afectó a la justicia penal.

«En adición, identificamos 5 reportes donde otros derechos fueron principalmente afectados: el derecho de reunión, el derecho a la privacidad, el derecho de asociación, la violación de la autonomía universitaria y el derecho a disponer de recursos efectivos», señaló la agrupación.

Muertes por la represión policial ordenada por Daniel Noboa

La Alianza por los Derechos Humanos documentó las muertes de Efraín Fuérez y José Guamán, en la provincia de Imbabura.

Fuerez, de 46 años y líder kichwa falleció tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego que se fragmentó en cuatro partes. Según los reportes, el disparo ingresó por la espalda y salió por el pecho, provocándole lesiones pulmonares y fractura de cérvix.

La Conaie calificó el asesinato del comunero como un «crimen de Estado» perpetrado bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa.

Por su parte, Guamán, de 30 años de edad y agricultor de la comunidad de Cachibiro, falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho durante una movilización en la ciudad de Otavalo.

Una tercera víctima, reportada por la Conaie fue María Paqui, integrante del pueblo Kichwa Saraguro, de 61 años, quien falleció por un paro cardiorrespiratorio tras inhalar gases lacrimógenos lanzados por la fuerza pública.

Asimismo, la organización advirtió sobre un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones temporales. Uno de los más graves fue el de Juan Aguilar Otavalo, persona con discapacidad del 75%, desaparecido durante seis días tras ser detenido por militares y policías.

El informe también documentó el uso de armamento letal: fusiles, carabinas calibre 12 y gases lacrimógenos que fueron lanzados directamente al cuerpo o al rostro de los manifestantes y planteó que la fuerza pública actuó con un nivel de violencia “innecesario y desproporcionado”, según reportó Radio Pichincha.

Paro causado la eliminación del subdsidio al diésel

Cabe recordar que el paro que se mantuvo en pie por más de un mes, surgió tras la firma del Decreto Ejecutivo 126 el pasado 12 de septiembre, a través del cual la administración del mandatario de derecha eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Este aumento impactó directamente en los costos de transporte, la producción agrícola y la economía familiar de amplios sectores, especialmente de las comunidades indígenas y rurales que dependen del diésel para sus actividades productivas y de movilidad, lo que llevó a la CONAIE, junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONAES) y otras agrupaciones a declarar el estado de movilización permanente.

A través de las protestas, las y los ciudadanos que salieron a las calles de Ecuador también expresaron su rechazo a la falta de insumos médicos, la legalización del extractivismo minero y petrolero en reservas nacionales —incluidas las Galápagos— y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde la declaración del “Conflicto Armado Interno” por parte del Ejecutivo.

La integrante de la organización defensora de DD.HH., Vivian Idrobo, cuestionó que existe un subregistro de las cifras por parte del Estado ecuatoriano y acusó que la Defensoría del Pueblo tampoco cumplió su función durante las protestas.

«De más de 700 reportes que recibimos, validamos 391; eso quiere decir que 391 reportes que recibimos configuran violaciones de derechos humanos. De esos reportes pudimos identificar varias cifras, entre ellas, 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, dos personas fallecidas por uso de la violencia pública», explicó en rueda de prensa, según consignó TeleSUR.

Noboa no concibe la protesta como un derecho ciudadano

Por su parte, la abogada María Espinoza, especialista en derechos humanos, se refirió a las causas que gatillaron el paro nacional indígena en Ecuador.

«Esas causas tienen que ver con el debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país; tienen que ver con una concentración del autoritarismo estatal, en manos particularmente del Ejecutivo y de la cooptación de la institucionalidad que mayoritariamente está resultando funcional para la agenda del Ejecutivo. Y la que no está resultando funcional está siendo atacada por el Ejecutivo», argumentó.

La especialista cuestionó que la administración de Noboa no conciba la protesta como un derecho ciudadano, sino como una amenaza al sistema democrático, lo cual se evidenció con la represión a los ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse.

«Por eso la respuesta gubernamental al derecho a la protesta social desde el día uno fue una respuesta militar, una respuesta estigmatizante y fue una respuesta de odio. Y por eso en el informe nosotros decimos que no existió en ningún momento una disposición legítima y genuina de diálogo por parte del Ejecutivo», planteó la abogada.

Espinoza afirmó que desde la Alianza por los Derechos Humanos evidenciaron el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas policiales y señaló que existen referencias surgidas de los paros de 2019, 2022, de organismos del sistema Interamericano que le han recordado al Estado ecuatoriano que el uso letal de la fuerza es el último uso.

Según la ONG, las violaciones de derechos se inscriben en un contexto de imposición de medidas económicas.

«Esto es más grave cuando, como se analizó, previo al paro la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Ecuador se encontraban en franco retroceso. Por lo demás, fue una medida que se adoptó pese a las continuas promesas, en campaña electoral, de no hacerlo del entonces presidente y candidato Daniel Noboa», planteó en el informe.

En el documento, la Alianza también alertó sobre una estrategia de militarización del espacio público, lo cual se sustenta en declaraciones sucesivas de Estado de Excepción (nueve en lo que va de 2025) y el uso del discurso de “conflicto armado interno” para justificar el despliegue de tropas.

El informe documenta el uso de armamento letal: fusiles, carabinas calibre 12 y gases lacrimógenos lanzados directamente al cuerpo o al rostro de los manifestantes. Según la organización, la fuerza pública actuó con un nivel de violencia “innecesario y desproporcionado”.

s organizaciones denunciaron que el Ejecutivo ignoró las recomendaciones realizadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas tras el paro de 2019. Así como los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo de 2022 sobre la focalización de subsidios.