Con cámaras y micrófonos láser: CIA contrató empresa española para espiar a Assange en Londres

La empresa también recibió la orden de instalar calcomanías que evitaran la vibración de las ventanas de las habitaciones que usaba el australiano, supuestamente para facilitar grabar conversaciones con micrófonos láser

Undercover Global S. L. es una compañía española de defensa y seguridad privada. Esta empresa fue la encargada de proteger la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, durante los años que vivió allí -en calidad de asilado- el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Una investigación del diario El País de España reveló que la compañía espió al ciberactivista y enviaba esa información a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés).

Los documentos a los cuales accedió el diario develan que David Morales, dueño de Undercover Global, supuestamente entregó a la CIA audios y videos de las reuniones que Assange sostuvo con sus abogados y colaboradores.

Es por ello que Morales es investigado por el Tribunal Superior de España, la Audiencia Nacional.

La investigación judicial la ordenó el juez José de la Mata, tras una denuncia penal presentada por el propio Assange, en la que acusa a Morales y a su compañía de los presuntos delitos de violación de su privacidad, del secreto de sus privilegios abogado-cliente, así como de apropiación indebida y soborno.

A confesión de parte…

Morales, exmiembro de las fuerzas armadas, declaró verbalmente y por escrito a varios de sus empleados que, a pesar de haber sido contratado por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, también trabajó «para el Gobierno estadounidense», al que supuestamente envió documentos, videos y audios de las reuniones que el activista australiano celebró en la embajada.

“Estamos jugando en otra liga. Esta es la primera división”, dijo a sus colegas más cercanos después de asistir a una feria de seguridad en la ciudad de Las Vegas en 2015, donde supuestamente hizo sus primeros contactos.

De acuerdo con El País, a pesar de que la firma española, con sede en la ciudad sureña de Jerez de la Frontera, fue contratada por Senain, los servicios de inteligencia ecuatorianos, Morales llamó a sus empleados varias veces para mantener en secreto su relación con los servicios de inteligencia del país norteamericano.

Washington aprovechó la situación

El propietario de Undercover Global ordenó que se espiara una reunión entre el jefe del servicio secreto ecuatoriano, Rommy Vallejo, y Assange, en un momento en que estaban planeando la salida de la embajada ecuatoriana con un pasaporte diplomático para llevarlo a otro país.

Finalmente, Assange rechazó esta iniciativa sobre la base de que consideraba que era «una derrota», lo que impulsaría las teorías de conspiración, según fuentes cercanas a la compañía consultadas por El País.

La reunión se celebró el 21 de diciembre de 2017, en la sala de reuniones del edificio diplomático, y fue grabada tanto en video como en audio, por cámaras instaladas por los empleados de Morales.

Solamente un pequeño número de personas, entre quienes se encontraban los abogados del australiano, conocía el plan. Horas después de la reunión, el embajador de Estados Unidos informó a las autoridades ecuatorianas sobre el plan, y al día siguiente, 22 de diciembre, Washington emitió una orden de arresto internacional para Assange.

Cámaras y acceso externo especiales

Después de la instalación de nuevas cámaras de video, a principios de diciembre de 2017, Morales solicitó que sus técnicos instalaran un punto de acceso de transmisión externo en la misma área, para que Estados Unidos pudiera acceder instantáneamente a todas las grabaciones.

Para ello, Morales solicitó tres canales de acceso: “uno para Ecuador, otro para nosotros y otro para X”, según los correos enviados en ese momento a sus colegas.

Incluso, cuando uno de los técnicos pidió contactar a «los estadounidenses» para explicarles cómo deberían acceder a algunos de los sistemas de espionaje instalados en la embajada, Morales siempre se mostró evasivo con sus respuestas, declaró una fuente a El País.

Además, Morales ordenó a sus trabajadores instalar micrófonos en los extintores de incendios de la Embajada y también en el baño de mujeres, donde los abogados de Assange, incluido el español Aitor Martínez y sus colaboradores más cercanos, se reunirían por temor a ser espiados.

Igualmente, se grabaron reuniones del ciberactivista con sus abogados, Melynda Taylor, Jennifer Robinson y Baltasar Garzón.

Adicionalmente, Morales también recibió la orden de EE. UU. de instalar calcomanías que evitaran la vibración de las ventanas de las habitaciones que usaba Assange, supuestamente para facilitarle a la CIA grabar conversaciones con sus micrófonos láser.

El delito llegó al punto que también se apropiaron de un pañal usado de un bebé que en ocasiones fue llevado a visitar al activista, solamente para determinar si el niño era suyo.

El exmilitar también plantó micrófonos en una serie de elementos decorativos dentro de la Embajada, que fueron fotografiados para su reproducción en España.

Incluso, quería instalar algunos en la habitación utilizada por «el invitado», como se mencionaba a Assange en sus informes, pero varios de sus trabajadores, preocupados por la ilegalidad de estos trabajos, le advirtieron que podían ser descubiertos. «El fundador de WikiLeaks estaba obsesionado con ser espiado», dijo un exempleado de la compañía.

Los vínculos con Donald Trump

Entre la lista de clientes de Undercover Global destaca Sheldon Adelson y su compañía de juegos Las Vegas Sands. Durante años, la compañía española ha estado proporcionando seguridad para el yate del magnate de los negocios cuando se encuentra en aguas del Mediterráneo. Este trabajo generalmente lo realiza personalmente el propio Morales.

Adelson tiene una estrecha amistad con el presidente estadounidense, Donald Trump, y es uno de los principales donantes del Partido Republicano. Entre su personal de seguridad se encuentra un ex jefe de la CIA.

En 2018, una investigación realizada por The New York Times reveló que Assange se convirtió en un objetivo para el espionaje de la CIA bajo el mandato de su exdirector Mike Pompeo.

Fuentes oficiales admitieron al periódico estadounidense que WikiLeaks estaba siendo investigado en busca de supuestos vínculos entre su fundador y la inteligencia rusa.

En julio de este año, el propietario de Undercover Global se negó a responder a El País unas preguntas sobre el presunto espionaje de Julian Assange. «No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle», declaró por teléfono. «Tenemos nuestras reglas éticas y morales y ninguna de ellas fue violada», reseñó el rotativo español.

Morales creó su compañía en 2008 inspirada en Blackwater, la multinacional de seguridad privada norteamericana que apoyó al Ejército estadounidense en una serie de conflictos, incluidos los de Afganistán e Irak.

Uno de los primeros contratos que obtuvo su compañía fue proporcionar seguridad en Europa a dos de las hijas de Rafael Correa durante su tiempo en el cargo. Más tarde consiguió el contrato para proporcionar seguridad en la embajada ecuatoriana en Londres.

Lenin Moreno y su política de espionaje

El espionaje contra el fundador de WikiLeaks aumentó bajo el gobierno del actual presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, quien recientemente entregó Assange a las autoridades británicas. Al respecto, Quito niega estas acusaciones y, en cambio, acusa a Assange de haber creado un «centro de espionaje» en la embajada.

Rafael Correa, el predecesor de Moreno, fue la persona que ofreció refugio australiano en la embajada de su país en Londres, y hasta le otorgó la nacionalidad.

En abril pasado, el gobierno de Lenín Moreno expulsó a Assange de la embajada, donde había estado viviendo desde 2012. Después de su expulsión y arresto por parte de las autoridades británicas, Reino Unido autorizó el proceso judicial para entregar al fundador de WikiLeaks al sistema de justicia estadounidense.

Estados Unidos quiere que Assange sea extraditado y le imputa 18 cargos, incluido la divulgación no autorizada de información de defensa nacional con respecto a las guerras en Irak y Afganistán. El ciberactivista podría enfrentar una sentencia de hasta 175 años de prisión.