Noboa bajo acusación internacional: AI, CIDH y ONU denuncian patrón de violaciones de DD.HH. en Ecuador

El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta un fuerte escrutinio internacional tras 30 días de paro nacional, con denuncias de organizaciones globales que apuntan a un “patrón sistemático” de violaciones a los derechos humanos durante las protestas y movilizaciones populares que se desarrollan en el país en contra de sus políticas neoliberales.

Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otras, han levantado la voz para alertar sobre la situación en Ecuador, marcada por el uso excesivo de la fuerza, la militarización de la protesta, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de prensa, que habrían dejado un saldo de al menos tres personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

La crisis ha traspasado las fronteras ecuatorianas, generando preocupación por parte de distintos organismos internacionales. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y representantes del Parlamento Europeo se han sumado a las alertas. La gravedad de los hechos ha llevado a estas entidades a subrayar la necesidad urgente de que se lleven a cabo investigaciones imparciales, transparencia y diálogo para evitar mayores abusos.

«Las organizaciones de derechos humanos subrayan la necesidad urgente de investigaciones imparciales, transparencia y diálogo para evitar mayores abusos», indicó Camila Ruíz, representante de la oficina regional para América de Amnistía Internacional, en declaraciones recogidas por Radio Pichincha.

Este planteamiento agrupa el clamor central de la comunidad internacional frente a la actuación del Estado ecuatoriano ante el paro nacional que surgió tras la firma del Decreto Ejecutivo 126 el pasado 12 de septiembre, a través del cual la administración del mandatario de derecha eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Este aumento impacta directamente en los costos de transporte, la producción agrícola y la economía familiar de amplios sectores, especialmente de las comunidades indígenas y rurales que dependen del diésel para sus actividades productivas y de movilidad, lo que llevó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) , junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Conaes) y otras agrupaciones a declarar el estado de movilización permanente.

Patrón de represión

Las denuncias de las agrupaciones son genéricas; detallan un catálogo específico de vulneraciones que, en conjunto, configurarían un patrón de represión.

Uso excesivo de la fuerza: Se han documentado disparos de munición real y el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos en zonas residenciales, alcanzando el interior de viviendas de comunidades indígenas en Imbabura, donde se concentran la mayoría de las protestas, afectando a niños y personas vulnerables. También se reportado golpes a mujeres, personas mayores y con discapacidad.

Detenciones arbitrarias y procesos penales abusivos: Decenas de personas fueron detenidas, algunas con prisión preventiva y resultaron imputadas por delitos como terrorismo o paralización de servicios públicos, lo cual tendría como propósito criminalizar la protesta.

Hostigamiento a la libertad de expresión y asociación: La organización Fundamedios registró 26 agresiones contra periodistas, trabajadores de medios y organizaciones civiles. Además, el gobierno de Noboa, a través de Arcotel, suspendió las señales de medio comunitarios e indígenas como Radio Inti Pacha, Radio Ilumán, y TV MICC, entre otros.

Limitaciones al derecho a la salud: Comunidades indígenas denunciaron que efectivos de las fuerzas de seguridad que han ingresado a los hospitales, han procedido a negar o condicionar la atención a heridos, a la par que detuvieron a manifestantes que se encontraban en su interior vulnerando la inviolabilidad de estos recintos.

Desapariciones temporales y falta de información clara: En medio del paro nacional se reportan varios casos de personas desaparecidas temporalmente durante los bloqueos o enfrentamientos, lo cual ha generado zozobra, dejando en evidencia falta de transparencia en los procedimientos de detención.

Incumplimiento de las leyes

Más allá de las denuncias, expertos en derecho y seguridad han analizado la actuación de la administración de Novoa frente a las movilizaciones poùñares y la enmarcan en un claro incumplimiento de la normativa nacional.

Carrión, abogada defensora de derechos humanos, politóloga e internacionalista experta en seguridad, denunció que «las fuerzas del orden han incumplido la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, la cual obliga al Estado a garantizar la protesta social pacífica y establece límites al uso progresivo de la fuerza», consignó Radio Pichincha.

Detalló que esta norma prohíbe el uso de mecanismos de dispersión potencialmente letales, entre los que figuran las municiones recubiertas de goma o de impacto cinético, las cuales han sido utilizadas por los uniformados zonas donde se concentran las protestas.

La ley también establece todos los agentes del Estado que participen en la contención de protestas deben estar debidamente identificados, y que está totalmente prohibido el uso de policías o militares vestidos de civil-

Por otra parte, las y los ciudadanos tienen derecho a grabar las intervenciones policiales.

Munición Real Prohibida: Enfatizó que «incluso en escenarios de violencia, no puede utilizarse munición real».

La jurista recordó que el ingreso a comunidades indígenas, los cortes de comunicación o de electricidad solo podrán ser medidas aplicadas en los casos en los que se declaren zonas de seguridad’ conforme a la Ley de Seguridad Nacional, lo cual no ha evidenciado en los 30 días del paro.

Carrión fue categórica al afirmar que el estado de excepción no es una licencia para vulnerar derechos y no justifica, bajo ningún concepto, la violación de normas nacionales ni de convenios internacionales.

«Aquí hay un uso excesivo y arbitrario de la fuerza. No existe un objetivo legítimo que justifique su empleo. El uso de la fuerza no es un cheque en blanco; no es un derecho del Estado. El argumento de mantener el orden público no justifica la violencia», acusó la abogada.

Protesta Social como derecho protegido Internacionalmente

Frente a los intentos de deslegitimar las movilizaciones, la experta recordó que la protesta social pacífica, incluso con bloqueos de vías, está protegida por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, del cual Ecuador es parte.

La Observación General 37 (OG 37) del Comité de Derechos Humanos de la ONU, publicada en julio de 2020, es clara al establecer que una protesta puede implicar perturbaciones en la circulación de vehículos o peatones sin perder su carácter pacífico. Asimismo, obliga al Estado a facilitar y proteger las protestas, evitando discriminación y garantizando la libertad de prensa.

«La violencia ejercida por un grupo aislado de manifestantes —y menos aún por agentes provocadores— no compromete el carácter pacífico de la protesta. El Estado debe intervenir de forma individualizada, sin reprimir a todos los participantes», planteó Carrión.

La especialista señaló que tanto policías como militares son responsables penalmente por sus actos, y aclaró que el indulto anticipado ofrecido por el presidente Noboa perdió vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad.

Ante este escenario dejó en claro que el Estado ecuatoriano es responsable de las muertes ocurridas durante el paro nacional

Con este demoledor análisis. el gobierno de Daniel Noboa no solo debe responder ante la presión ciudadana y la crisis interna, sino también ante la mirada crítica y exigente de la comunidad internacional, que demanda justicia, reparación y un cambio inmediato en el manejo del conflicto social.