Parlamento ecuatoriano encubre denuncias de corrupción contra Lenín Moreno

El diputado ecuatoriano Ronny Aleaga denunció este lunes que desde la Asamblea Nacional de su país se implementa un «bloqueo político» para frenar una investigación contra el presidente Lenín Moreno por presuntos hechos de corrupción.

El legislador presentó una querella contra la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo, ante la Fiscalía General del Estado.

«Mi denuncia es por un delito específico, el tráfico de influencias, lo cual ha sido confirmado por la misma presidenta de la Asamblea Nacional. En ese sentido, nosotros estamos claros de que lo que se ha generado es el bloqueo político desde la Asamblea Nacional (…) para no investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Moreno», dijo a medios locales.

Aleaga oficializó este lunes la denuncia ante la fiscalía. Foto: EFE.

Aleaga sostiene que «existen indicios suficientes sobre un incremento patrimonial injustificado» de Moreno, «que se concretan en la adquisición de un lujoso inmueble en una de las zonas más exclusivas de España, ubicado en Villajoyosa, a través de empresas opacas en paraísos fiscales».

De acuerdo con la acusación, cuyos documentos consignó el pasado 24 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción, la compra del inmueble la hizo el ahora Mandatario gracias a sobornos que cobró cuando era vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa, a través de una sociedad offshore de su hermano Edwin Moreno Garcés, reseñó Sputnik. 

El detonante

La demanda contra la titular del Parlamento se concreta después de la filtración de un audio en el que aparentemente le solicita ayuda a la Ministra del Interior para frenar la creación de una comisión que investigaría a Moreno.

«Pero los (asambleístas) socialcristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya le dijimos abstención y en contra, pero los socialcristianos pueden hacer con estos imbéciles eh… cómo se llama… votación y nos joden», dice Cabezas en el audio filtrado.

Cabezas no ha negado la conversación pero trata de disminuir su impacto asegurando que era una llamada «simplemente de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación».

En su defensa dice que la Cámara legislativa es objeto de «una suerte de espionaje» y solicitó el viernes una investigación «para precautelar la seguridad», refirió EFE. 

«No podemos estar bajo una suerte de espionaje permanente en donde cualquier acción que se haga dentro de la Asamblea Nacional quiera ser utilizada como motivo de desestabilización, de generar el caos, sembrar las dudas sobre la gestión que se viene realizando y esto, obviamente, que se tiene que investigar»,  expresó.

La presidenta del Parlamento no niega el audio. Foto: El Comercio.

Al respecto, el diputado Aleaga aclara que «obviamente conversar por teléfono es legal», lo que no lo es y se configura en un delito «es llamar a un funcionario del Estado para presionar a las fuerzas políticas dentro del pleno de la Asamblea para que bloqueen una acción de fiscalización que estamos realizando llamando a que el presidente comparezca».

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