En Uruguay rechazan proyecto para liberar represores de la dictadura

Organizaciones uruguayas rechazaron una iniciativa del partido oficialista Cabildo Abierto, para liberar a presos mayores que beneficia a militares represores de la pasada dictadura (1973-1985).

Promovida por el senador y líder de esa formación política, Guido Manini, gozó del pedido de la legisladora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, de un tratamiento priorizado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, reseñó Prensa Latina.

La propuesta, presentada como proyecto de ley de modificación del Código Penal, plantea habilitar la prisión domiciliara para reclusos mayores de 65 años, lo cual volvió a generar polémica.

El tema es que en esa franja se encuentran los militares que cumplen condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a quienes como niñas, niños y adolescentes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, expresó su rechazo al proyecto legislativo ya que, de aprobarse, ampliaría a unos 200 presos esa condición, entre los cuales figuran exmilitares condenados.

Agregó que estos “pobres viejitos”, como “alguna vez” los llamo Manini, cometieron delitos que incluyeron secuestro, persecución, violación, tortura, prisión, asesinato, allanamientos domiciliarios y robo de bebés

“Ellos no tuvieron en cuenta ningún principio humanitario cuando cometieron estos crímenes aberrantes por los que están hoy juzgado” recalcó en la declaración.

Integrantes del colectivo señalaron que es preocupante que el presidente Luis Lacalle Pou tenga agendada una reunión el 8 de noviembre con la escritora Mercedes Vigil, representante del Foro de Montevideo, que busca la libertad de esos militares, mientras simultáneamente se presenta este proyecto en el Senado.

Por su parte la Asociación de expresos políticos Crysol criticó que la vicepresidenta Beatriz Argimón nunca respondió un pedido de reunión en octubre de 2020 y sostuvo que desde la coalición gobernante se pretende legitimar socialmente el cuestionado proyecto a través de un discurso sensible y humanitario.

Reprochó a “un presidente que flecha la cancha para el lado de la impunidad y solo escucha una versión de los hechos, dejando de lado la voz de las víctimas directas del terrorismo de Estado”.

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