Frente a postura del Gobierno colombiano, líderes sociales respaldan Misión de la ONU

Desde el partido Centro Democrático piden a Iván Duque que se cierre la oficina de la organización en la nación sudamericana

El informe de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de Colombia en ese ámbito durante 2019 no cayó bien a la administración de Iván Duque.

Tras diversos cuestionamientos y la petición desde el partido Centro Democrático de que se cierre la oficina, más de mil líderes sociales firmaron una carta en la que manifiestan su respaldo al trabajo que ha hecho la instancia.

Quienes suscribieron el documento señalaron que las recomendaciones anuales “han sido un instrumento valioso y permanente para la incidencia nacional e internacional, así como un documento útil en escenarios internacionales para una mejor comprensión de nuestra realidad”.

Asimismo, llamaron al Gobierno colombiano a atender las recomendaciones contenidas en los informes de la ONU, «pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas efectivas para garantizar los derechos humanos de la población y, por esta vía, asegurar el éxito del Acuerdo de Paz”, reseñó Telesur.

Los líderes sociales además resaltaron la labor de la institución en los temas relacionados con la violencia socio-política por el conflicto armado, con asuntos humanitarios, y con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

En medio de la polémica, este lunes 2 de marzo, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que las Naciones Unidas «seguirán con nosotros». «No existen vetos ni desbandadas, lo único es lo referido a ese informe en particular de esa oficina en particular. Las imprecisiones y las omisiones de información no ayudan a construir paz», dijo.

De acuerdo con la ONU, durante 2019 se documentaron 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, un problema que considera de alto riesgo en la nación. Asimismo, se pidió al Estado iniciar investigaciones exhaustivas sobre los elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los casos de presunto uso excesivo de la fuerza durante las recientes protestas sociales en contra de la gestión de Duque, reportó Prensa Latina.

Y eso es precisamente lo que incomodó a las autoridades colombianas, pues aunque el consejero confirmó que seguirán trabajando con la oficina, indicó que fue «sorprendente que en el reporte de Naciones Unidas sobre derechos humanos se hubiera dicho que no estamos avanzando en los planes de desarrollo con enfoque territorial».

La semana pasada, Duque, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; y Archila ya habían manifestado su descontento con el informe. “A mí me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (…) La observación que hizo la ONU de que la Policía debería pasar a depender del Ministerio de Justicia, para fortalecer su carácter de fuerza civil es una intromisión en la soberanía de un país”, dijo el mandatario.

Y ahora, según el portal El Colombiano, solo hasta el 30 de junio de 2020 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se encargará de la operación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Citando fuentes del Gobierno, el medio indicó que una de las quejas desde el Ejecutivo es que la UNODC opera como juez y parte, ya que contrata la operación y a la vez verifica. “La aspiración del Gobierno es solo extender en el tiempo el componente de verificación”, respondieron desde la oficina de Archila a las consultas del portal.

Fuentes: Telesur, El Colombiano, Prensa Latina.