Frente Amplio solicita diálogo nacional en Costa Rica

La agrupación política de izquierda exigió garantías para el encuentro y que participen todos los sectores, no solo los empresarios

Por Sofia Belandria

21/08/2020

Publicado en

El Caribe / Latinoamérica

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La Comisión Política del Frente Amplio (FA) exigió este jueves garantías y mecanismos reales para el diálogo con todos los sectores del país bajo la iniciativa gubernamental Costa Rica escucha, propone y dialoga, y propuso una mesa de diálogo para convertirla en un ejercicio de verdadera participación.

Mediante un comunicado, la agrupación política puso en dudas la efectividad y voluntad real del diálogo propuesto por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, a partir de la informalidad de su procedimiento y «lo poco convincentes y fructíferos que han sido los procesos propuestos» con anterioridad por el Ejecutivo, denunciaron.

El FA expresó que continuará promoviendo el análisis y la negociación con amplios sectores, pero considera que el Gobierno ha de conformar una mesa de diálogo «con garantías y mecanismos reales y formales, iguales a los que mantiene el gran empresariado», bajo la certeza de que «las discusiones fiscales y económicas requerirán de importantes y amplios consensos sociales».

Para respaldar con actos a las personas afectadas por la pandemia, el FA llama a que se apruebe con urgencia el proyecto de Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia Nacional de la Covid-19, propuesto por su diputado José María Villalta, e insta a otras fuerzas políticas a abrazar esta iniciativa.

Además, exige al Ejecutivo que fortalezca la Caja Costarricense de Seguro Social -encargada de la salud pública-, que instituya un impuesto solidario a partir de las grandes fortunas del país y reduzca los impuestos sobre los hogares.

Otro de sus reclamos es que el Gobierno transparente lo referente a los empréstitos con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, manifestó su repudio a cualquier maniobra que impulse solapadamente la privatización y venta de instituciones o activos del Estado.

Cortesía de TeleSUR

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