Un conjunto de organizaciones sociales de Ecuador se dirigieron durante la jornada del martes hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para exigir los documentos que permitan activar el mecanismo de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto, en medio de una creciente ola de malestar social.
Movimientos populares como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari) y la Plataforma Ciudadana por la Revocatoria de Mandato “Revoca Ec” justifican esta ofensiva legal con base en seis ejes de crisis que atraviesa el país: el incremento de los niveles de inseguridad y número de homicidios, los despidos masivos de trabajadores, la debacle del sistema eléctrico con apagones recurrentes, la precariedad de la salud pública, el alza del costo de vida y la precarización laboral.
Según los manifestantes, la administración de Noboa ha incurrido en un sistemático incumplimiento del plan de gobierno y de las funciones del Ejecutivo y además ha profundizado los retrocesos democráticos mientras el pueblo padece las consecuencias.
Frente al organismo electoral, una multitud concentrada coreó “¡Fuera Noboa, fuera!” mientras los conductores que transitaban por la zona hacían sonar sus bocinas en señal de respaldo. La movilización ocurre en un contexto adicional de déficit de gasolinas y la eliminación de los subsidios a los combustibles, medidas que han golpeado el bolsillo de las familias ecuatorianas. Las organizaciones advierten que permanecerán vigilantes en las calles para asegurar que el CNE entregue los formularios.
Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, denunció el deterioro de las condiciones de vida que ha experimentado la ciudadanía durante la gestión de Noboa Iza fustigó al gobierno de derecha por la decisión de incrementar el IVA al 15% y eliminar los subsidios a los combustibles, medidas que, según el dirigente, fueron justificadas bajo la promesa de combatir la inseguridad, objetivo que no se ha cumplido.
El líder indígena calificó la administración actual como la “dictadura de los Noboa”, la cual busca otorgar el control de los recursos públicos al sector privado, consignó Radio Pichincha.
Por su parte, el abogado Washington Andrade, vocero de la Plataforma Ciudadana por la Revocatoria de Mandato, planteó que que la solicitud representa una estrategia jurídica para evitar que el proceso sea impugnado por trabas administrativas, po rlo que le exigió alas autoridades del CNE que no ignoren este “clamor ciudadano” y entreguen los formularios requeridos.
El requisito legal para habilitar la consulta popular es reunir las firmas del 15% del padrón electoral, es decir, 2 millones de rúbricas válidas. Según encuestas citadas por los activistas, más del 70% de la ciudadanía desaprueba la gestión gubernamental y el 61% estaría dispuesto a firmar los formularios. El CNE deberá verificar las firmas antes de convocar a una votación obligatoria en las urnas.
El ente comicial dispone de un plazo máximo de siete días para pronunciarse sobre la validez de la solicitud.
Fracaso de Noboa para enfrentar la crisis de seguridad
Las cifras de violencia respaldan el clamor ciudadano. Ecuador registró 2.778 asesinatos en el primer cuatrimestre de 2026, un promedio de 23 homicidios diarios, lo que perfila a este año como el segundo más violento de la historia del país. Aunque representa una reducción de 370 crímenes respecto al mismo período de 2025 (cuando hubo 3.148 homicidios), la magnitud sigue siendo alarmante. El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud reveló que 148 menores de entre 12 y 17 años fueron asesinados en el primer trimestre de 2026, equivalente a un homicidio cada 14 horas. Expertos insisten en que la militarización no basta y se requieren políticas integrales frente al avance del narcotráfico.
En respuesta a la crisis, Noboa implementó un toque de queda nocturno del 3 al 18 de mayo en nueve provincias y cuatro municipios. Durante ese periodo fueron detenidas 5.023 personas, aunque la mayoría por violar la restricción de movilidad; 717 vinculadas a estructuras criminales y cuatro objetivos abatidos. El mandatario anunció una supuesta disminución del 39% en homicidios durante mayo, pero los números anuales evidencian que la crisis en materia de seguridad sigue siendo grave, ya que el país cerró 2025 con más de 9.000 homicidios, la tasa más alta de su historia reciente.
Las organizaciones sociales—que durante la manifestación pacífica fueron reprimidas con bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía de Quito— marcaron el inicio de una nueva fase de resistencia civil y advirtieron que no cesarán hasta que el CNE entregue los formularios que permitan a los ciudadanos decidir en las urnas si Noboa debe continuar o no al frente del Ejecutivo.
Indicaron que si los mecanismos democráticos son bloqueados, optarán por la movilización directa en las calles.
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