Golpistas bolivianos en libertad: comienza a sellarse la impunidad

Por Sara Valentina Enríquez Moldez

La población boliviana se encuentra conmocionada por la “liberación” y cambios de jurisprudencia en los últimos días en los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, y Marco Antonio Pumari, quienes se encontraban en recintos penales pagando sus respectivas condenas o detenciones preventivas por su accionar y participación durante el Golpe de Estado de 2019 que dejó al menos 36 personas sin vida, más de 800 heridos y miles de aprehensiones injustificadas.

Vale la pena recordar que posterior a las elecciones del 20 de octubre de 2019 que dieron como ganador legítimo al binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera, inició una ola de violencia por parte de la derecha boliviana, financiada y organizada por los grandes grupos económicos de Bolivia con el apoyo de Estados Unidos, teniendo como objetivo sacar del poder al MAS y terminar con el Estado Plurinacional.

Con la narrativa de un nunca comprobado fraude electoral, pero ya instaurado en el imaginario colectivo incluso antes de las elecciones por los medios de comunicación, el racismo que parecía haberse al menos neutralizado durante los años del Proceso de Cambio, en esos oscuros días entre octubre y noviembre de 2019, se exacerbó a niveles alarmantes, donde ser o parecer “masista” era el perfecto justificativo para ser lapidado.

Paramilitares fascistas de la Unión Juvenil cruceñista (“Institución” de donde emerge Camacho), la Resistencia juvenil cochala, la Resistencia km 0, y comités cívicos de distintos departamentos, quemaron tribunales departamentales, quemaron casas y torturaron a familiares de asambleístas del MAS, ministros, viceministros, directores, periodistas y autoridades en función, con el objetivo de infundir terror y forzar sus renuncias. Destaca el caso de César Navarro, entonces ministro de minería, a quien le quemaron su casa en Potosí, fungiendo como principales responsables los miembros del Comité Cívico Potosinista cuyo presidente era Marco Antonio Pumari. Casos como el de César Navarro, se replicaron a gran escala con distintas autoridades o personas públicas identificadas por la derecha como “masistas”. Se trataron de semanas de violencia sistemática coordinada con las Fuerzas Armadas y policía amotinadas que terminaron por exigir amenazantemente la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera para consolidar así el Golpe de Estado.

Poco después, Camacho afirmó que quien cerró el pacto con los militares y la policía fue su padre, José Luis Camacho Parada, quien habría sido paramilitar del dictador genocida Hugo Banzer. El nexo de las conversaciones fue Luis Fernando López Julio, que días después sería premiado como ministro de defensa.

Los brazos armados de la violencia fascista y paramilitar se encargaron de garantizar las renuncias de casi todas las autoridades e impedir el ingreso de asambleístas del MAS (que no habían renunciado) a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que la figura de Jeanine Añez asuma la presidencia evadiendo el procedimiento constitucional y sin quorum correspondiente. Después, lo que aconteció fueron las masacres de Senkata y Sacaba con decenas de asesinados por las fuerzas del orden, que, por cierto, estaban exentas de responsabilidades puesto a que Jeanine Añez había firmado el Decreto 4078, más conocido como el decreto de la muerte.

Meses después del retorno a la democracia, empezaron a abrirse los casos Golpe I y Golpe II, y sus investigaciones correspondientes, que terminaron por la aprehensión de estos tres personajes y unos cuantos otros paramilitares y excomandantes involucrados en el golpismo y las masacres. Pasaron poco más cinco años y existe la certeza de que habrá un cambio de gobierno, y las instituciones de la justicia no pasan esto por desapercibido, casi por inercia cambian el rumbo a sus resoluciones. Para entender qué está sucediendo con los símbolos del golpismo en Bolivia, se debe analizar caso por caso, porque son juzgados por distintos delitos, pero sin perder de vista que se trata de una generalidad que es en sí el vuelco de la justicia favoreciendo, nuevamente, a sus patrones históricos.

En tiempos como los nuestros, atravesados por la derrota de la izquierda en Bolivia, tanto en lo electoral como en lo narrativo, es necesario invocar a la memoria, no solo porque recordar significa afirmar la dignidad de quienes perdieron la vida en la lucha, sino también para volver a disputar el relato y no confundir la libertad con la impunidad.

Jeanine Añez

Jeanine Áñez fue aprehendida en marzo de 2021 en Trinidad y trasladada a La Paz, donde fue procesada mediante la justicia ordinaria, no en juicio de responsabilidades, dentro del caso denominado “Golpe de Estado II”, por los delitos de firmar resoluciones y leyes anticonstitucionales e incumplimiento de deberes presentes en el artículo 154 de la Constitución Política del Estado, relacionados a la forma en que asumió la Presidencia en noviembre de 2019 sin seguir el procedimiento constitucional de sucesión ni contar con quórum legislativo correspondiente adrede.

Posteriormente, también fue incorporada al caso “Golpe de Estado I”, donde se la investiga por terrorismo, sedición y conspiración por su rol en el golpismo, además de enfrentar investigaciones paralelas por las masacres de Sacaba y Senkata, la prórroga inconstitucional de mandato y la emisión del Decreto Supremo 4078.

Actualmente su situación judicial es la siguiente: en lo que corresponde al caso del Golpe de Estado I fue apartada del proceso, en tanto al caso del Golpe de Estado II, la sentencia de 10 años sigue en pie, sin embargo, su equipo jurídico ha interpuesto un recurso de revisión extraordinaria de sentencia que lo que busca es la nulidad de esta sentencia. El caso de EBA ha sido remitido a un juicio de responsabilidades, el caso de Senkata anulado en la jurisdicción ordinaria, delegado también a juicio de responsabilidades, de igual manera que el caso de Senkata.

En su momento, cuando empezaron a juzgar a Jeanine Añez, gracias a la presión de los familiares de las víctimas, se había conseguido una victoria discursiva por parte del movimiento nacional popular, porque se la estaba juzgando mediante un proceso ordinario y no con un juicio de responsabilidades. Afirmamos esto debido a que se reforzaba la verdad de que lo que había ocurrido en Bolivia era un Golpe de Estado, y no así una “rebelión pitita” fundamentada en la narrativa de un fraude jamás comprobado. Se procedió con la vía ordinaria porque nunca hubo una sucesión legal ya que no existió renuncia formal ni resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aceptando la dimisión de Morales y de García Linera. Tampoco existió ninguna juramentación ni quorum en la Asamblea. En ese sentido, Añez asumió el cargo de facto sin seguir la Constitución. Por lo tanto, si no fue presidenta legitima no podía gozar del fuero especial de juicio de responsabilidades. Ahora la ecuación se revirtió porque fue apartada de los casos vigentes, incluidos los casos de las masacres, y cambiada de jurisprudencia a un juicio de responsabilidades. Eso se traduce a un cambio de relato oficial, girando la acusación al grado de apuntar a que lo que existió fue una persecución política y no una búsqueda justicia. Existe un retroceso del relato.

Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en Santa Cruz y trasladado al penal de Chonchocoro en La Paz, procesado en el caso “Golpe de Estado I” por el delito de terrorismo, en calidad de autor intelectual del Golpe de Estado de 2019, sobre la base de la acusación fiscal de que coordinó, financió y lideró acciones y alianzas con la policía y las Fuerzas Armadas para consolidar el Golpe. El motivo directo de su aprehensión y reclusión en Chonchocoro fue consecuencia de una audiencia cautelar, en la que un juez de La Paz ordenó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por cuatro meses. Argumentó riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.

Durante el transcurso del año 2023, la situación legal de Camacho se resumió en sucesivas audiencias y recursos. Entre enero y febrero, su defensa presentó apelaciones contra su detención, y todas en su momento fueron rechazadas por la gravedad de los hechos. En junio de 2023, un juez amplió la detención por seis meses más. 

Entre enero y julio de 2024, se iniciaron otros procesos paralelos contra Camacho, entre ellos los vinculados al paro cívico de 36 días por el censo, al caso “decretazo” y al caso “carro bombero”, entre otros. Se lo acusó de resoluciones contrarias a la Constitución, conspiración y financiamiento ilícito.

Ya en agosto de 2024, el Tribunal Constitucional admitió un recurso de revisión, pero esta situación pasó desapercibida en la opinión pública. No fue hasta hace unos días que el Tribunal Supremo de justicia sorprendió a la población boliviana, cuando el presidente de esta institución, Romer Saucedo, emitió un instructivo el 22 de agosto, para que las autoridades judiciales, “de manera inmediata y en el plazo de 24 horas desde su notificación”, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la detención preventiva en todos los procesos de Jeanine Áñez, Marco Pumari, y Luis Fernando Camacho.

En pocas horas, como nunca sucede en Bolivia, el instructivo del TSJ se cumplió a rajatabla y la situación de la autoridad dio un giro de 180 grados. En la audiencia del martes 26, determinaron la detención domiciliaria para Camacho, en Santa Cruz de la Sierra, con asistencia a su fuente laboral. Un día después, la segunda audiencia destinada a revisar el caso del paro de 36 días, también determinó sustituir la detención preventiva de Camacho por detención domiciliaria.

La ruta a la impunidad de este personaje terminó por allanarse el jueves 28, cuando en dos audiencias consecutivas, la justicia lo favoreció con libertad inmediata por los casos “decretazo” y “carro bombero”.

Marco Antonio Pumari

Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista, fue aprehendido en diciembre de 2021 en Potosí y enviado a la cárcel, procesado principalmente por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí ocurrida el 9 de noviembre de 2019, día antes de la consolidación del Golpe de Estado. La Fiscalía lo imputó por incendio, estragos, deterioro de bienes del Estado y obstrucción del proceso electoral. No obstante, también es mencionado dentro del caso “Golpe de Estado I” como dirigente cívico aliado de Camacho en la confabulación contra el gobierno de Morales, legítimamente electo. La causa concreta que motivó su aprehensión y detención preventiva fue la del incendio del TED de Potosí.

El martes 26 de agosto en los tribunales de justicia del departamento de La Paz, se realizó la audiencia por el caso Golpe I, en el que la justicia determinó la libertad pura y simple para Pumari, quien fue determinante en las acciones destinadas a infundir terror y así logar el acometido del Golpe de Estado. Tres días después, en la ciudad de Potosí se dió la audiencia de cesación a la detención preventiva por el caso de la quema del TED de Potosí en 2019, y sin más, el Tribunal de Sentencia número uno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió liberar a Pumari.

De esta manera es que esos tres personajes que simbolizan al golpismo y al fascismo en Bolivia de forma inmediata empiezan a gozar de impunidad. El mensaje es claro: no existe justicia para las clases populares bolivianas que pusieron el cuerpo para defender a su Proceso de Cambio, a sus símbolos, a sus wiphalas, a esa Bolivia subalterna que revirtió las reglas de juego por única vez en la construcción del Estado Plurinacional.

Después de las audiencias de la impunidad llamó profundamente la atención los dichos de la golpista Jeanine Añez: “¡Volvió la independencia judicial!”, proclamó. Resulta que vuelve la independencia judicial cuando los tribunales vuelven a responder a los intereses de la derecha y de las clases dominantes. Polémica y pobre comprensión de la justicia cuando se la resume a ser una herramienta más de conservación de la opresión.

Resulta que están ganando ellos, también porque dejamos que eso pasara. En América Latina no es novedad que el poder judicial sea el medio por el cual se domestiquen a los pueblos insurrectos y a sus lideres, siendo un tentáculo más de los poderes fácticos. No obstante, se suponía que esa discusión ya la habíamos tenido hace varios años.

En Bolivia, hasta la primera década del siglo XXI, los magistrados de los máximos tribunales judiciales eran designados por el Congreso Nacional que hoy es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso hacía que los cargos estuvieran fuertemente influidos por pactos partidarios y que el poder recaiga permanentemente en los mismos círculos de doctorcitos de la burguesía. Con la llegada del proceso de cambio, una de las banderas del MAS y de los movimientos sociales fue descolonizar la justicia y democratizar su acceso, para que el pueblo y no las élites políticas eligieran a los altos jueces. La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum en enero de 2009 e impulsada por la Asamblea Constituyente, introdujo una reforma inédita en el mundo: Artículo 182 y siguientes, que establecen que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura serían elegidos por voto popular. Los candidatos son preseleccionados por 2/3 de la Asamblea Legislativa. No obstante, después de 15 años podemos confirmar que las reformas al poder judicial mejoraron la situación judicial, pero no alcanzaron ni por asomo a la búsqueda de la justicia. Resultado del carente alcance es la actual situación de impunidad gozada por el golpismo, proscripciones, magistrados autoprorrogados, corrupción, y una infinidad de problemas y controversias que hoy caracterizan a la justicia boliviana. Es momento de analizar, con la seriedad que amerita, las limitaciones históricas del Proceso de Cambio, para así volver a poner en discusión colectiva nuevos horizontes o radicalización de los propios.