Un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos presentó este viernes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la liberación de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente recluidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Los demandantes solicitan a la CIDH que emita medidas cautelares urgentes contra el gobierno salvadoreño, al que acusan de mantener a los detenidos en condiciones de desaparición forzada, sin acceso a representación legal ni contacto con sus familiares.
La denuncia involucra directamente al gobierno estadounidense, que en marzo deportó a los migrantes venezolanos —algunos de los cuales tenían solicitudes de asilo o habían sido aprobados para el reasentamiento— alegando presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. Washington habría pagado al gobierno de Nayib Bukele para encarcelarlos en su nuevo complejo penitenciario, según documentos judiciales.
“Estas personas han sido privadas de su libertad sin pruebas ni debido proceso. Es una violación flagrante del derecho internacional”, declaró Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos, una de las organizaciones firmantes de la demanda. El caso incluye testimonios jurados de las familias de 18 detenidos.
Uno de ellos es Euder José Torres, un ciudadano venezolano de 41 años que había sido aprobado por la ONU para reunificación familiar en Estados Unidos. Fue detenido tras la inspección de sus tatuajes —relacionados con su fe en la Santería— y, pese a pasar su entrevista de temor creíble, fue deportado sin pruebas de vínculos criminales.
El Salvador atraviesa un régimen de excepción desde hace más de tres años, bajo el cual más de 85.000 personas han sido detenidas sin las garantías procesales básicas. Si bien el presidente Bukele goza de alta popularidad interna por su ofensiva contra las pandillas, organismos internacionales denuncian violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el gobierno salvadoreño han ofrecido explicaciones claras sobre el futuro legal de los migrantes. El presidente Bukele ha defendido su capacidad para alojar a los detenidos con apoyo económico de Estados Unidos.
Mientras tanto, la CIDH ha solicitado una respuesta oficial del gobierno de El Salvador antes de decidir si concede las medidas solicitadas. De ser aceptadas, podrían incluir la liberación inmediata, el acceso a asesoría jurídica y el retorno de los venezolanos a territorio estadounidense.
Foto: Redes
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