La administración del presidente hondureño, Nasry Asfura, se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de audios que evidencian un plan orquestado para someter a la población a un riguroso plan de control digital, siguiendo las exigencias de actores israelíes.
Las grabaciones, publicadas en exclusiva por Diario Red en colaboración con el medio estadounidense Dropsite, revelan una trama que va desde la vigilancia tecnológica hasta la manipulación del Poder Judicial, todo ello en vísperas del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Tegucigalpa tras ser indultado en noviembre pasado por el presidente estadounidense Donald Trump.
En las conversaciones, Asfura instruye al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, que acelere una moción legislativa que permita un control férreo sobre las redes sociales, eliminando el anonimato.
La filtración coloca a los «israelitas» en el centro de la estrategia de vigilancia, actuando como operadores externos que marcan las pautas a seguir por el gobierno hondureño.
En una de las notas de voz, fechada el 7 de marzo de 2026, Asfura detalla a Zambrano los pormenores del espionaje digital, señalando que trabajan en coordinación con las empresas telefónicas Tigo y Claro. «Los israelitas dijeron que, siempre y cuando ellos se comuniquen dentro de Honduras con números que están dentro de Honduras, se puede rescatar alguna información, como con quién se comunica y demás», se escucha en el audio, dejando claro que el software israelí se nutre de la colaboración de estas empresas de telecomunicación para acceder a conversaciones y datos almacenados en los dispositivos de cualquier ciudadano hondureño, en un claro acto de injerencia.
Ley hecha a la carta por los israelíes
Sin embargo, el plan no se limita a la vigilancia técnica; los registros muestran al mandatario de ultraderecha y al presidente de Congreso delineando una hoja de ruta para el control del debate público a través de una ley hecha «a la carta» por los israelíes. En un audio del 28 de febrero de 2026, Asfura es claro al instruir: «A partir de este momento, todo debería de ser fuerza. Juicio político, recuperar la Corte Suprema de Justicia, recuperar la Fiscalía, mover todos los hilos para prepararnos, porque después no vamos a tener otra oportunidad. Tienes que ver Tomás una manera de… que manden un decreto moción para el control de las redes sociales… Y quitar el anonimato, como lo pidieron los israelitas».
Esta declaración enlaza tres movimientos clave: el uso del lawfare como herramienta política, la captura de los órganos de justicia y la creación de un marco legal represivo.
El contexto de esta nueva entrega de Hondurasgate no es casual, ya que se produce mientras el expresidente Juan Orlando Hernández se prepara para retornar al país. El indulto concedido por Trump anuló una condena de 45 años por narcotráfico y tráfico de arma, allanando el camino para que el líder conservador recupere influencia.
La estrategia de vigilancia digital revelada en el reportaje de Valeria Duarte Galleguillos para Diario Red no es un fenómeno nuevo en Honduras; durante la administración de Hernández, el país centroamericano ya se había convertido en un laboratorio de espionaje, utilizando software israelí como Cellebrite, Circles y Pegasus para espiar a la población.
Espionaje israelí en América Latina
Lo que describen los audios coincide también con un mercado de espionaje israelí que ha operado en México y Colombia, donde gobiernos de derecha adquirieron estas herramientas para perseguir a periodistas y opositores-
La conjunción entre la vigilancia tecnológica y la desinformación aparece como un binomio en la estrategia de control total. Mientras las empresas israelíes proveen el software para intervenir comunicaciones, el gobierno hondureño se apresta a modificar las leyes para desanonimizar a los usuarios, facilitando la represión y en este escenario, la filtración de Hondurasgate se erige como una advertencia sobre la amenaza que se cierne sobre la democracia en la región con la injerencia de Washington y Tel Aviv, y el uso de la tecnología como arma para imponer control y silenciamiento político.
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