“Inaceptables”: ONU condena ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó enérgicamente los recientes ataques y hostigamientos contra la Corte Constitucional de Ecuador, calificándolos como «inaceptables» y exigiendo garantías para la independencia judicial y la seguridad de los magistrados.

“Los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, señaló Türk en un mensaje compartido en la cuenta de X de la Oficina Regional del Alto Comisionado para América del Sur.

También la relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, hizo un “llamado para evitar que se instrumentalice la protesta a voluntad de actores de poder”.

Romero instó a impedir que se manipulen necesidades de la ciudadanía o intereses de los movimientos sociales para justificar “hostigamientos” contra el poder judicial.

Las declaraciones de Türk y Romero se producen en medio de una creciente tensión entre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa y el máximo tribunal del país, luego de que este suspendiera temporalmente artículos clave de tres leyes impulsadas por su administración.

Las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública habían sido aprobadas bajo el argumento de “urgencia económica” por parlamentarios del oficialismo en la Asamblea Nacional, mientras que organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, colectivos y sindicatos habían presentado más de 30 demandas de inconstitucionalidad en contra de las normativas por considerar que vulneran derechos humanos.

Entre los artículos suspendidos figuran figura una prerrogativa concedida a Noboa para otorgar «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por la Justicia por presuntos delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno» que el gobernante declaró desde inicios de 2024 contra el crimen organizado, a cuyas bandas catalogó como grupos «terroristas».

También quedaron temporalmente bloqueados artículos que permiten a los departamentos de inteligencia solicitar a las empresas de telefonía la entrega de datos de sus usuarios y otorgar identidades falsas a sus agentes, así como otro artículo que lleva a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedades anónimas que integren el sector financiero privado.

La Corte argumentó que las medidas cautelares buscan precautelar derechos fundamentales mientras se resuelven las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales.

Noboa arremete contra jueces de la Corte Constitucional

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea Nacional , Niels Olsen, exigieron explicaciones a la Corte Constitucional tras su fallo. Rovira afirmó en un mensaje televisado que la Corte “le debe una explicación al país” por haber dejado sin efecto normas que, según el Gobierno, eran esenciales para la seguridad y la economía.

Por su parte, el presidente Noboa lideró el martes una movilización en Quito para expresar su rechazo a la decisión de la Corte.

Sin embargo, este marcha generó polémica y críticas, ya que a lo largo del se situaron una serie de carteles con las fotografías de los nueve magistrados constitucionales con el mensaje: ‘Estos son los jueces que nos están robando la paz’.

Corte Constitucional de Ecuador defiende su independencia ante ataques de Noboa

Ante esta situación, la Corte Constitucional emitió un comunicado oficial en el que reafirmó «su compromiso con la defensa del orden constitucional y recordó que la protesta pacífica no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional»
Asimismo, rechazó la exhibición pública de sus magistrados y advirtió que colocar sus rostros en vallas publicitarias constituye una forma de «estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este organismo».

«La Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución de la República. Para ello requiere contar con todas las garantías: la integridad física de sus autoridades, servidoras y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, que son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de sus competencias», indicó la institución.

En la publicación, además, la Corte refirió: “Reconocemos y valoramos el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica de la ciudadanía, pilares esenciales de la democracia ecuatoriana”.

No obstante, dejó claro que “estas manifestaciones deben ejercerse dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general”.

Recordó que los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que se iniciarán este 18 de agosto de 2025.

El órgano dejó en claro que no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto de las leyes impugnadas, mismas que están siendo tratadas con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución.

Entretanto, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) manifestó su “profunda preocupación” ante hechos que impactan negativamente en la institucionalidad del Ecuador.

El pronunciamiento de la CNJ, firmado por su titular José Suing, recordó que el Estado de derecho se sustenta en el principio de legalidad, que implica la división de poderes, el sometimiento de las autoridades a la ley y el respeto pleno de los derechos fundamentales, consignó Prensa Latina.

Cabe recordar que la Corte Constitucional es actualmente el único poder del Estado ecuatoriano que no cede a las acciones de Noboa y desde que éste llegó al poder ha modulado y limitado algunas de sus medidas, como los sucesivos estados de excepción decretados por el mandatario desde hace más de año y medio para combatir a las bandas criminales, medidas que el tribunal ha pedido que no se perpetúe ya que implica la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia

Por su parte, el mandatario de derecha implementó una pregunta en su próximo referéndum para que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de juicio político y destituidos con mayoría absoluta (la mitad más uno de votos).