Indígenas Otomíes rechazan proyecto carretero Toluca- Naucalpan

Integrantes del consejo supremo Indígena de la comunidad Otomí, de San Francisco Xochicuautla, del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, dieron a conocer un pronunciamiento a través del cual reiteraban su rechazo ante la imposición del proyecto carretero Toluca- Naucalpan, realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto; el cual pretende el despojo de sus tierras y sus recursos naturales.

A través de conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas. Manifestaron su rechazo ante el despojo, encarcelamiento, violencia paramilitar, desapariciones forzadas y asesinatos a las comunidades indígenas y campesinas de México; en donde afirmaron llegan a ser protegidos por el gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Así mismo, nombraron y se solidarizaron a la luchas de resistencia de las comunidades indígenas de Chiapas, las cuales han sufrido constantes agresiones por llevar a cabo la defensa de sus recursos naturales y territorio.

Por otra parte, denunciaron que tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la empresa Teya S. A. de C.V., integrante del Grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, pretenden imponer el proyecto carretero Toluca- Naucalpan, con lo cual acabaría con tres millones novecientos mil metros cuadrados bosque sagrado, que le pertenece desde hace muchos años a las comunidades indígenas; San Francisco Xochicuautla, La Concepciòn Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan, Santa Cruz Ayotuxco y San Francisco Ayotuxco.

Así mismo, denunciaron la continua represión del Estado hacia la comunidad de Xochicuautla, en donde la lucha por su territorio ha llevado al encarcelamiento a diez mujeres y doce hombres, quienes fueron liberados gracias a la solidaridad de los simpatizantes a esta lucha.

Sin embargo, aseguran que las agresiones a la comunidad han continuado a través de hostigamiento, amenazas de muerte, persecución y atentados e intimidaciones por parte de la policía estatal, para evitar que se realicen las asambleas comunitarias.

Finalmente, manifiestan que no han sido consultados previamente, para la construcción de este proyecto carretero, con lo cual el Estado viola sus derechos constitucionales e internacionales. Sumando que a pesar de haber obtenido dos amparos, la empresa constructora no ha detenido el trabajo carretero y con esto, confirmando el involucramiento por parte del Estado Mexicano y la constructora privada. Por tanto, hacen un llamado a las comunidades indígenas y campesinas, estudiantes, maestros y sociedad en general, a unirse a esta lucha en defensa de su bosque sagrado.

Por Alejandra Peña

El Ciudadano