Respondió con una carta a declaraciones injerencistas
Jurisdicción de Paz exige a embajador de EEUU que respete a la justicia colombiana
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), Patricia Linarez, envió una comunicación al embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, para que respete la administración de justicia neogranadina.
«El país, y la comunidad internacional pueden estar seguros de que la JEP cumple y cumplirá su misión dentro del respeto al marco constitucional y legal», señala en la carta Linares. El embajador Whitaker se inmiscuyó en los asuntos internos de la justicia colombiana al referirse al caso del dirigente del partido FARC, Jesús Santrich.
El gobierno estadounidense acusó, basado en las presuntas pruebas de grabaciones telefónicas, que Santrich estaría involucrado en actividades de narcotráfico. Según la interpretación Whitaker los acuerdos de paz establecen «que delitos cometidos con posterioridad del 1.° de diciembre de 2016 son sujetos a la jurisdicción regular, incluyendo la extradición. Estamos hablando de un delito con posterioridad, punto”
Washington pretende que Colombia extradite hacia Estados Unidos a Santrich. La defensa de Santrich acusa a Washington de armar un montaje en connivencia con la Fiscalía colombiana para entorpecer el desarrollo del proceso de paz en Colombia y seguir usando la guerra sucia contra la FARC.
En su respuesta la Jurisdicción Especial de Paz le advierte a Whitaker que:
«El Estado de Colombia, como usted de seguro conoce tiene una larga y consolidada tradición de cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales que reconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y sus autoridades respetan los principios de la justicia, separación del poder público y soberanía de los estados, todos ellos fundamento de la paz y la estabilidad política entre naciones».
Y agrega: «confiamos en el respecto que usted y su gobierno deben a la independencia y la autonomía judicial».
Según el embajador estadounidense, su país exigirá la extradición del dirigente de la FARC antes del 7 de junio. Además cuestionó, involucrándose en los asuntos internos del país, que
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe enfocarse en los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo.
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