Los hogares de El Salvador están experimentando el rigor de las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Nayib Bukele tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2024. Lo que el mandatario de ultraderecha ha denominado como una «medicina amarga» para sanar las finanzas públicas se ha traducido en despidos masivos, inflación creciente y un costo de vida que ahoga a la población más vulnerable.
La historia de Lilian Hernández, ejemplifica el impacto humano detrás de las políticas de austeridad. Esta psicóloga de 59 años, perdió su empleo en una entidad de protección a la mujer hace dos años, víctima de los recortes pactados con el FMI a cambio de un financiamiento de 1.400 millones de dólares. Sin poder encontrar una nueva colocación en el mercado laboral, Hernández se vio forzada a anticipar su jubilación. Con apenas 432 dólares mensuales, poco más del salario mínimo, debe sostener a su madre que padece Alzheimer, una situación que ella califica como «nefasta».
«La medicina amarga ha sido para la clase trabajadora», declaró a AFP, en alusión al primer discurso de Bukele como presidente en junio de 2029 cuando calificó a El Salvador como un «niño enfermo» al que había que cuidar y «nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga”.
La magnitud de los despidos en el sector público revela cifras alarmantes que el gobierno no ha oficializado. Mientras economistas independientes calculan que aproximadamente 15.000 empleados estatales fueron cesados desde 2024, los sindicatos elevan la cifra a 47.000 desde 2019, cuando Bukele asumió la presidencia. Este crudo escenario se suma a otras promesas incumplidas del mandatario, como la fallida incorporación del Bitcoin a una economía que ya operaba bajo el régimen de dolarización, generando incertidumbre sobre el rumbo económico del país centroamericano.
«Es imposible vivir del salario mínimo»
La inflación y el encarecimiento de la canasta básica se han convertido en el principal dolor de cabeza para las familias salvadoreñas. En junio de 2026, la inflación interanual alcanzó el 2,76%, mientras que el costo de los productos esenciales roza los 260 dólares mensuales. Este escenario ha obligado a pensionados como Isabel García, de 63 años, a modificar drásticamente sus hábitos de consumo, comprando «menos carne y pollo» para poder llegar a fin de mes. La situación es tan crítica que siete de cada diez salvadoreños señalan a la economía como su principal preocupación, tal y como reveló un reciente estudio de la Universidad Centroamericana.
El crecimiento económico de El Salvador es de los más bajos de Centroamérica, con una proyección de desaceleración del 3,9% en 2025 al 2,9% en 2026, según el grupo financiero Cibest.
Miguel Hernández, un transportista de 35 años, resume la crisis al afirmar que «es imposible vivir del salario mínimo», por lo que rechaza la posibilidad de que Bukele sea reelegido hasta 2033.
«Ha habido un avance en seguridad, pero un desmejoramiento económico», señaló a AFP.
El presidente salvadoreño apuesta por sectores como la construcción y el turismo para dinamizar la economía, con avances del 24% y 10% en 2025. La ministra de Turismo, Morena Valdez, espera un crecimiento del 14% para este año, confiando en un «círculo virtuoso» potenciado por la seguridad. No obstante, expertos como el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, advierten que estos logros no son suficientes y que se necesita urgentemente aumentar la inversión extranjera, que en 2025 apenas alcanzó los 764 millones de dólares, la cifra más baja de la región.
El peligro de un nuevo ajuste si Bukele permanece en el poder
El futuro económico del país podría enfrentar un nuevo ajuste fiscal si Bukele logra la reelección en febrero. El economista César Villalona anticipa que el mandatario ultraderechista aplicaría un «ajuste fiscal poderoso» para reducir aún más el déficit. Esta posibilidad se suma al reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, donde El Salvador abrió su mercado a productos de la nación norteamericana a cambio de un recorte arancelario, aunque sin anuncios concretos de inversión por parte de la administración de su aliado Donald Trump.
Mientras el gobierno confía en que las remesas de los migrantes salvadoreños, que representan una cuarta parte del PIB, sigan apuntalando la economía a pesar de las amenazas de deportaciones masivas, la ciudadanía espera que la «medicina amarga» no termine siendo peor que la enfermedad.
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