Mentira estadística: el “cero homicidios” de Bukele choca con 39 en el semestre, según la policía salvadoreña

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presumió con bombos y platillos que bajo su gobierno, el país centroamericano acumuló un total de 1.000 días sin homicidios desde 2019 cuando llegó al poder, una cifra que no concuerda con los registros estadísticos.

“1.000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que, en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, escribió el mandatario en la red social X.

El dato que fue replicado por los medios chilenos, no fue verificado de forma independiente y está en el ojo del huracán de la opinión pública, al ser comparado con otros registros que se han dado conocer desde hace seis años y que dejan en evidencia el supuesto «hito histórico» anunciado por Bukele.

El Gobierno del mandatario de extrema derecha atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial —que consiste principalmente en el despliegue de Policía y militares en los territorios que se suma a una de sus medidas más polémicas, a un «estado de excepción» vigente desde marzo de 2022 para «combatir» a las pandillas, el cual ha sido renovado hasta la fecha 42 veces por la Asamblea Legislativa, restringiendo derechos y libertades y generando cuestionamientos sobre la vigencia de las garantías constitucionales.

En concreto, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

Este control del poder le ha permitido a Bukele presumir que ha cumplido la promesa de llevar la paz a las calles de El Salvador.

A la par que el mandatario, su ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó que se trata de «un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados hablan por sí solos, gracias a estrategias como el plan Control Territorial, la Guerra contra Pandillas y el Régimen de Excepción».

39 homicidios en un semestre

Según presumió Bukele, desde el 1 de junio cuando asumió la presidencia de El Salvador han transcurrido «1.000 días sin homicidios», como parte de su campaña de persecución del crimen. Sin embargo,, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) compartidas a principios de julio, la cifra de homicidios en el país centro americano se ubicó en 39 casos entre enero y junio de 2025.

A esto se suma un recuento realizado por el medio salvadoreño Diario El Mundo, a partir de los los datos estadísticos publicados cada día por la corporación policial en sus redes sociales, que anterior a la publicación del informe oficial, sumaba 34 homicidios durante el primer semestre de este año.

«Según los datos recopilados en enero se contabilizaron seis asesinatos, en febrero tres, marzo 10, en abril cinco, en mayo seis y en junio cuatro homicidios. De las 34 víctimas, 23 corresponden a hombres entre los 19 y 59 años de edad, mientras que los feminicidios alcanzaron 10 casos, entre ellos una menor de 14 años en Soyapango. En uno de los crímenes no se determinó el género ni edad de la víctima», consignó el medio citado.

Cabe destacar que, los datos de homicidios comenzaron a descender en El Salvador desde 2016, según las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al Gobierno.

Más de 5.600 asesinatos en El Salvador desde 2019

Antes de anunciar los 1.000 días sin homicidios, el propio Nayib Bukele había divulgado en redes sociales que desde 2019, se habían registrado en El Salvador un total de 5. 688 homicidios.

Entre enero y junio de 2025, según las cifras difundidas por el mandatario de extrema derecha, que no son de libre acceso para el resto de ciudadanos y la prensa, ya que se mantienen en secreto al momento de solicitarlas, se contabilizaron 38 homicidios y 68 desapariciones.

De acuerdo con un cuadro de cifras que publicó en redes sociales el pasado 19 de junio, entre 2019 y el 18 de junio de 2025 se registraron 2.548 personas desaparecidas, mientras que entre 2015 y 2018 el dato fue de 6.917.

El esa ocasión, señaló que «los asesinatos cometidos por las pandillas fueron muchos más de lo que creíamos» y que «ahora viene el reto de encontrar todos esos cuerpos».

A mediados de enero, Bukele informó que el año 2024 había cerrado con 114 homicidios, reduciendo el índice en un 98%.

A través de sus redes sociales celebró lo que denominó un logro histórico y aseguró que diciembre se había convertid en el mes más seguro en toda la historia del país. «Si todos los meses del año hubieran sido como este último, la tasa de homicidios sería de 0.2, colocándonos en posición de competir por ser el país más seguro del mundo», publicó en su cuenta de X.

¿Qué dicen los especialistas?

Sin embargo, en las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los gobiernos anteriores.

Especialistas en temas de seguridad han analizado el mensaje oficialista y aseguran que las cifras que publica el Gobierno de Bukele no son confiables.

“Obviamente hay una percepción en la población de que la violencia ha disminuido; sin embargo, es difícil estimar cuánto ha disminuido o si existe una modalidad distinta de operar”, planteó la abogada salvadoreña Zaira Navas, quien es miembro de Cristosal, un grupo de derechos humanos suspendió sus operaciones en el país el pasado mes de julio, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno,

“Hay que ser cautelosos en dar validez total a las cifras de homicidios”, argumentó el criminólogo Carlos Ponce.

“Es innegable la reducción en homicidios, pero es importante examinar qué hay detrás de esa reducción para interpretar en qué posición está el país en términos de seguridad”, indicó el especialista.

“Esos homicidios cuentan, pero ellos (las autoridades) no están contando los pandilleros muertos”, planteó el criminólogo Carlos Carcash, planteando que el gobierno debe ser estricto con los datos y las cifras de homicidios cometidos en el país.

Según consignó el diario El Salvador, para estos profesionales, también el hecho de no registrar las muertes en enfrentamientos provocadas por policías o elementos de la Fuerza Armada es una alteración de las cifras. 

De acuerdo con la jurisprudencia, un homicidio es el acto de que una persona le quite la vida a otra y en este sentido “los homicidios cometidos por policías en el cumplimiento de su deber, en defensa propia o en defensa de otras personas” también deberían incluirse en las cifras, indicó Ponce.

Silencio gubernamental sobre los feminicidios

Bajo la gestión de Bukele tampoco se brinda la cifra certera de feminicidios cometidos en el país centroamericano.

No obstante, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) recientemente dio a conocer que en los primeros seis meses de 2025 se habían registrado 13 feminicidios.

A través de su Observatorio de Violencia contra la Mujer, la agrupación presentó los resultados de su informe del primer semestre de este año en el que señaló que la mayoría de estos ataques fueron realizados con arma blanca y arma de fuego (cinco casos cada uno, según el monitoreo).

De acuerdo con los datos de Ormusa, siete de esas muertes fueron violentas y seis de esos casos fueron ocasionadas por la pareja de la víctima. El mes de marzo fue el más violento en la que se reportaron al menos cuatro casos de feminicidios, seguidos por los meses de enero, febrero, abril y junio, con dos cada uno.

De esas muertes, los cuerpos de algunas de las víctimas fueron encontradas en quebradas, predios baldíos, el interior de un vehículo e incluso en una vereda de acceso a una comunidad rural.

Desde Ormusa, denunciaron que estos hechos revelan que la violencia contra las mujeres continúa “a pesar de un país que se declara seguro”. Ares.

“Estos datos muestran que la vida de las mujeres no se está considerando en términos de seguridad. Hay un sesgo en la seguridad que no atiende que los escenarios de victimización para las mujeres no son aquellos tradicionales de criminalidad que solemos pensar. Están en los entornos que se consideran más seguros, pero también más seguros para los perpetradores”, declararon desde la organización al diario salvadoreño La Prensa Gráfica.

A juicio de Morena Herrera, activista y defensora de derechos humanos, los datos de Ormusa reflejan que no se han tomado las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y lamenta que en algunos casos, las víctimas habían denunciado a los agresores e incluso contado con medidas de protección.

“Las cifras muestran que los feminicidios, como expresión problemática de violencia extrema contra las mujeres, siguen existiendo en El Salvador, sin que haya políticas de prevención, acciones públicas que den seguridad a las mujeres y sin que sea una problemática que preocupe resolver al gobierno. Es un problema que hemos denunciado que no hay acción pública suficiente para prevenir”, afirmó al medio citado.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador hizo público su informe de labores del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, en el cual reportó 25 casos de feminicidios en el país. Sin embargo, en este documento no se incluyeron datos por mes, ni de los lugares donde ocurrieron los crímenes o mayor información sobre las víctimas.

Keyla Cáceres, vocera de la Asamblea Feminista, advirtió que el hecho de no contabilizar muchos casos de muertes violentas de las mujeres como feminicidio por parte de las autoridades es un “retroceso” en materia de justicia.

“Esto retrata un grave retroceso en la visibilización de las muertes violentas de las mujeres en El Salvador. Esto se contrasta con el monitoreo que las organizaciones de la sociedad civil llevan, como el de Ormusa, que representa casi el doble al que presenta la Fiscalía (…) queda claro que existe un subregistro institucionalizado, una brecha que no es un error, ni intención de hacer ver mal al Estado o Fiscalía, que trata de borrar, no nombrando que existen feminicidios en El Salvador”, denunció Cáceres.

Cuestionamientos y críticas a Bukele

“El país se curó de las pandillas”, afirmó Nayib Bukele al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que las medidas aplicadas por su gestión tienen un alto costo social y judicial, ya que derechos constitucionales, como el debido proceso, han sido suspendidos bajo el estado de emergencia, lo que ha provocado un aumento masivo del encarcelamiento y la protesta de los grupos de derechos humanos.

Desde que comenzó el régimen de excepción, hace más de 3 años, se estima que más de 90 mil personas han sido arrestadas y cientos han fallecido en prisión.

Al respecto, la abogada Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico denunció recientemente que más de 430 personas que han muerto en las cárceles de El Salvador bajo esta política, estaban detenidas sin condenas ni juicios.

En una entrevista telefónica concedida a la agencia EFE la profesional planteó que el mandatario de extrema derecha está incurriendo en “una grave violación de los derechos humanos” y además “resta importancia” a las muertes, “las justifica” argumentando que “en las cárceles siempre ha habido personas que mueren”.

La organización Socorro Jurídico registró el pasado 11 de agosto la muerte del privado de libertad número 433 y aseguró que 94% de las personas fallecidas en las prisiones “no tenían perfil de pandilleros, murieron bajo tutela del Estado y en total impunidad”.

Ese saldo mortal “se traduce en una grave violación a los derechos humanos” planteó Escobar, destacando que de los casi 90.000 detenidos durante el régimen de excepción, unos “40.000 son inocentes y de esos tenemos más de 400 fallecidos que no tuvieron derecho a una segunda audiencia porque o los mataron los custodios (los guardias de las prisiones) o los dejaron morir de inanición, enfermedades no tratadas, entre otras causas”, una situación que denunciaron ante la Corte Penal Internacional.

Medios internacionales y analistas han advertido que Nayib Bukele podría estar manipulando las estadísticas para presentar una imagen más favorable de su gestión con fines electorales.

“Las cifras actuales de homicidios muestran una reducción (respecto) a los años sangrientos que se vivieron de los 2000 en adelante, pero debido a que el gobierno ha estado cambiando su definición de homicidios, se ha negado a ser transparente con los datos y ha optado por utilizar las cifras de homicidios sobre todo como parte de su estrategia de relaciones públicas, no podemos saber cuál es la cifra real…”, advirtió Tim Muth, un corresponsal estadounidense que lleva dos décadas reportando desde El Salvador.

A la par, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que el gobierno de Nayib Bukele ha tomado medidas para silenciar voces críticas y evitar el escrutinio internacional, lo que ha derivado en una preocupación constante sobre el respeto a los derechos humanos en el país centroamericano.