El Gobierno de Javier Milei ha decidido encarar el paro docente nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto, optando por un operativo de fiscalización y sanciones económicas como principal herramienta de disuasión.
La administración del ultraderechista activó los protocolos de la Ley de Modernización Laboral para garantizar un piso mínimo del 75% de cobertura en las aulas, argumentando que la educación es un servicio esencial que no puede interrumpirse. Esta decisión, anunciada tras una reunión del Consejo Federal de Educación, marca un punto de inflexión en la estrategia oficial, que pasa del diálogo a la coerción administrativa para contrarrestar la movilización que surge en respuesta a la «grave situación» que denuncian las y los trabajadores de la educación «como consecuencia del ajuste» impulsado por el denominado «libertario».
La titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la encargada de anunciar la medida, justificándola en la necesidad de «resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias» y señaló que la supervisión se llevará a cabo mediante inspecciones muestrales en instituciones de todo el territorio argentino, con el fin de verificar el acatamiento de la normativa vigente.
La arremetida del Gobierno de Milei se apoya en el artículo 145 de la mencionada ley, que califica el incumplimiento de la cobertura mínima como una práctica desleal, allanando el camino para la aplicación de severas penalidades económicas contra los sindicatos docentes.
Las multas previstas en la normativa, y que serían fijadas por un juez, podrían alcanzar hasta el 20% de los «ingresos provenientes de las cuotas sindicales que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción” por lo que la acción prevista por la Casa Rosada se percibe como un intento de desincentivar la adhesión al paro mediante el temor a represalias económicas
En la vereda opuesta, los docentes agrupados en la CTERA defienden la legitimidad de su reclamo y rechazan de plano la actitud del Ejecutivo, a quien acusan de recurrir a la «persecución» y la «intimidación». Señalan que la medida de fuerza responde a los efectos de la denominada «motosierra», la cuestionada política de recortes aplicada por el mandatario de ultraderecha.
Asimismo, el paro se basa en un pedido urgente de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo, junto con la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros recursos nacionales que consideran vitales para el sostenimiento del sistema, consignó El Destape.
Sin embargo, el pliego de reclamos de los educadores trasciende lo meramente salarial y se adentra en el terreno de las políticas educativas de fondo. Exigen la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y un plan de inversión en infraestructura escolar, comedores y conectividad, aspectos que consideran abandonados por el gobierno central. Asimismo, manifiestan su absoluto rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que califican como un «grave avance sobre el derecho social a la educación» y una amenaza a la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública y de calidad.
El paro de este lunes también contará con el acompañamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una jornada que dejará un vez más en evidencia la creciente tensión entre el ajuste presupuestario y la defensa del sistema educativo público en Argentina.
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