Milei importa el manual de Piñera: represión con disparos a la cara y trauma ocular con armas “no letales”

Una nueva controversia se centra sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de que un oficial de Prefectura fue identificado como el autor del disparo que provocó una lesión irreversible en el rostro de Jonathan Navarro durante la brutal represión que ordenó el denominado «libertario» el pasado del 12 de marzo.

Ese día, una protesta pacífica de jubilados frente al Congreso, apoyada por hinchas de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, para exigir sus derechos sociales, terminó en el mayor acto de violencia policial registrado desde que el ultraderechista llegó a la Presidencia de la nación austral, en diciembre de 2023.

En esa jornada de movilización, Jonathan Navarro, de 33 años e hincha de Chacarita, perdió la visión del ojo izquierdo producto del disparo en el rostro que le efectuó un miembro de las fuerzas de seguridad.

Brutal represión de Milei: jubilados, gas y balas

La fecha quedó grabado en la memoria colectiva como un día de violencia desmedida. Bajo los lineamientos del «libertario» y las órdenes de su cuestionada ministra de Seguridad Nacional , Patricia Bullrich, las fuerzas federales reprimieron usando balas de goma, gases lacrimógenos, carros lanza agua y bastonazos. El saldo: más de 110 detenidos, cientos de heridos, reporteros agredidos y víctimas que hoy cargan con secuelas irreversibles.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solo en esa protesta se registraron 672  personas heridas, más de la mitad de todas las que fueron lastimadas por la represión de fuerzas de seguridad en lo que va de 2025 que por cierto, superan al total de las que resultaron heridas el año pasado.

En esta movilización, los adultos mayores, que se encuentran en su mayoría en situación de pobreza por sus bajos ingresos, reclamaron una vez más sobre el recorte y la supresión de derechos aplicada por el mandatario de extrema derecha.

En medio de la protesta, cientos de policías, desplegados en las inmediaciones del Congreso, cargaron contra los manifestantes disparando, lanzando gases lacrimógenos y haciendo uso de carros de agua.

La reconstrucción audiovisual realizada por el colectivo Mapa de la Policía reveló un accionar coordinado de las fuerzas federales bajo las órdenes del Comando Unificado dirigido por Bullrich, quien en todo momento ha defendido ls acciones de represión perpetradas.

«Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado», afirmó, señalando que el operativo policial del 12 de marzo fue «adecuado».

¿Armas no letales?

El colectivo de organizaciones civiles publicó ayer lunes los resultados del análisis realizado a partir de material suministrado por la ciudadanía, entre ellos, fotorreporteros, además de las cámaras de monitoreo urbano. Las imágenes procesadas y difundidas forman parte de la causa judicial que investiga los hechos.

La conclusión pudo determinar que se trató de un oficial de la Prefectura Naval Argentina que portaba un rifle táctico disuasivo BYRNA TCR, un arma «no letal» que dispara proyectiles neumáticos con gas pimienta, que alcanzan una velocidad aproximada de 300 kilómetros por hora.

El fusil cuenta con una mira, porque su diseño está orientado a lanzar agua larga distancia. Sin embargo, de acuerdo con las evidencias en el caso de Jonathan Navarro el disparo se produjo a solo 5 metros.

El informe, que será entregado al juzgado de María Servini, señala, tal y como había revelado anteriormente el medio argentino Página/12– que del otro lado de la Plaza Congreso «apenas tres minutos antes, a las 17.18 horas, había quedado al borde de la muerte el fotógrafo Pablo Grillo, por una granada de gas lacrimógeno lanzada en este caso por el gendarme Héctor Guerrero».

«Ambas fuerzas apuntaban a la cabeza, el torso o la espalda, algo que prohíben los manuales de uso de las armas llamadas «menos letales», precisamente porque –aunque el gobierno diga que son «no letales»– pueden causar heridas graves o la muerte», señaló el medio citado.

«Es lógico deducir que los disparos a zonas vitales del cuerpo fueron una práctica sistemática de todas las fuerzas», plantea el video que difundió el colectivo Mapa de la Policía.

«Dos agentes de fuerzas distintas actuaron de la misma manera en el mismo momento y esto sucedió a pesar de estar ubicados en dos lugares diferentes y sin referencia visual», señala el resgistro.

De acuerdo con Página/12 las evidencias permiten concluir que dentro del operartivo que ordenño Bullrich «había una tarea coordinada y directivas específicas para la represión».

Según el informe del colectivo, la Prefectura presentó ante el juzgado de Servini una guía de utilización de armas que denominan «no letales» «de tipo lanzadoras automáticas» que especifica que «el portador designado solo puede utilizarla bajo estricta orden del jefe del grupo».

En este caso se trata del prefecto mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros y por su parte, la propia ministra de Seguridad de Milei reconoció estar a cargo del comando unificado desplegado el 12 de marzo contra la manifestación de los jubilados ante el Congreso, que incluyó agentes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad.

Según la información que trascendió, Jonathan Navarro se encontraba sobre la Avenida Rivadavia, cerca de Rodríguez Peña, cuando fue alcanzado por el disparo. En una de las grabaciones de la cámara “Domo Entre Ríos”, ubicada en el Congreso de Argentina, se puede distinguir a un agente de Prefectura de pie detrás de la primera línea represiva, apuntando directamente a la cara del hinca de Chacarita. El prefecto pudo ser identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano.

 «Disparar un proyectil que impacte en  la cabeza, el cuello o la columna puede causar lesiones garves o permanentes (incluida la muerte). Este dispositivo puede contener sustancias químicas asociadas con riesgos de cáncer, malformaciones, congénitas u otros daños al sistema reproductivo. El operador de la Byrna TCR y todas las personas en o cerca del área objetivo deberían usar protección ocular cuando sea posible», estipula el manual de uso del rifle que empleó el prefecto.

Asimismo, advierte que «los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a sus efectos. Si el impacto ocurre a corta distancia, las lesiones oculares pueden conllevar a una pérdida permanente de agudeza visual

Aunque el manual de uso de este fusil prohíbe explícitamente apuntar a zonas sensibles como la cabeza o el rostro, el registro audiovisual es contundente y muestra claramente al agente violando esa norma y disparando a más de tres metros de distancia.

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Por su parte, el instructivo de uso de la pistola es claro respecto de cómo debe ser usado por los uniformados argentinos.

La evaluación oftalmológica del Cuerpo Médico Forense realizada al hincha del Chacarita determinó que sufrió el estallido del globo ocular y la pérdida de la visión.

«El estallido del globo ocular puede ser debido a un objeto romo de pequeño diámetro impulsado a gran velocidad», señala el informe, dejando en claro que aunque tiene alguna posibilidad de recuperación, en caso de concretarse, nunca será total.

Aunque el nombre del prefecto que disparó contra el rostro de Jonathan con el arma «no letal», aún no trascendió públicamente, la reconstrucción permitió identificarlo con claridad.

Un disparo en el rostro que le cambio la vida

Mientras tanto, este hombre de 33 años, ha tenido que enfrentar el duro golpe de haber perdido la visión en uno de sus ojos.

En conversación con Página/12, Jonathan relató que escuchó a sus padres hablar de los 80.000 pesos (argentinos) gastados en medicamentos que el PAMI ya no cubría. Ese diálogo lo empujó a sumarse a la movilización del 12 de marzo. «Me daba bronca ver cómo le pegaban a los viejos. Tenés que ser muy cagón para hacer eso», narró.

Lo que siguió fue un disparo en el rostro que le efectuó un miembro de las fuerzas de seguridad. «Volví a casa con la cara llena de sangre. Cuando me vi al espejo, entendí todo». Tras múltiples cirugías en el Hospital Lagleyze, perdió la visión del ojo izquierdo.

Para este hincha del Chacarita, las noches se volvieron insomnio y ansiedad: «Pensaba en si volvería a jugar al fútbol. Los ruidos de motos me asustaban».

Hoy día, Jonathan evita la depresión aferrándose a su fe y su familia. Ya no va al gimnasio ni juega al fútbol. Su empleo con el que ayuda a sus padres, se redujo a tareas livianas.

Milei importa el manual de Piñera

Las revelaciones del colectivo Mapa de la Policía apoyan la hipótesis de que la brutal represión del 12 de marzo no fue espontánea, sino que habría sido coordinada y amparada por un manual que Milei parece haber importado del fallecido expresidente de Chile, Sebastián Piñera y que incluye el uso desmedido de la violencia policial, disparos a la cara e implementación de armas “no letales” que han causado víctimas de trauma ocular.

Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el segundo gobierno de Piñera se registraron 3.233 querellas formales por violaciones de derechos humanos y más de 450 casos de trauma ocular, resultados directos de la represión ejercida en el contexto del estallido social de 2019.

Entre los numerosos casos de violencia policial registrados durante la también denominada «revuelta popular», destaca una táctica particularmente brutal por parte de Carabineros de Chile: disparar a los ojos de los manifestantes, quienes en muchos casos muchos perdieron la visión parcial o total, como la senadora (Ind) Fabiola Campillai, o Gustavo Gatica, entre tantos otros.

Durante el estallido, las imágenes de mujeres, hombres en especial jóvenes, con los ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara se convirtieron en un símbolo de las protestas.

Las instituciones médicas denunciaron en esa ocasión que se encontraron ante la mayor cifra de heridas oculares con armas no letales en manifestaciones.

Aunque el gobierno de Piñera se vio forzado a implementar un programa de reparación de traumas oculares, las víctimas y varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Estado no se hizo cargo de este programa.

Tras su fallecimiento en febrero de 2024, los integrantes de la Coordinadora de Victimas por Trauma exigieron la realización de un juicio post mortem por todos los crímenes cometidos» durante la administración del exmandatario de derecha.

«Exigimos juicio post mortem por todos los crímenes cometidos como una forma de reparación al daño causado a las víctimas, supervivientes y sus familias: 8000 denuncias, 8771 afectados por represión, 1073 casos de uso excesivo de fuerza, 266 por violencia sexual, 3764 personas heridas de ellas 282 niños y niñas, 1095 casos de tortura, más de 460 traumas oculares de los que hubo, al menos, 35 con estallido ocular y 40 personas asesinadas», indicaron.