Militarización de Noboa llega a la CIDH por denuncias de racismo y perfilamiento racial en Ecuador

El costo humano de la militarización de la seguridad pública en Ecuador impulsada bajo el régimen de excepción declarado por el gobierno de Daniel Noboa, llegó este lunes hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde una delegación conformada por organizaciones sociales denunciaron racismo estructural y el perfilamiento racial.

El país suramericano suma más de 900 días en régimen de excepcionalidad desde que el derechista asumió el cargo en noviembre de 2023, un intento por contener la ola de inseguridad que mantiene al país en vilo.

La continuidad de estas declaratorias sugiere que bajo el gobierno de Noboa se ha instalado en la excepción como política de Estado y prioriza la militarización, sin atacar las raíces estructurales del crimen organizado ya que la violencia no da tregua y la tasa de asesinatos cerró 2025 con 50,9 por cada 100 mil habitantes, equivalente a 9.200 crímenes. A la par, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han expresado su preocupación por las crecientes denuncias de abuso en el marco de estas operaciones militares, que han dejado un saldo de arbitrariedades sin que el Estado garantice procesos de control efectivos.

“Las narrativas de guerra normalizan la crueldad y la discriminación”

Durante el 196º período de sesiones de la CIDH, la representante del colectivo Mujeres de Asfalto y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Juanita Francis Bone advirtió sobre la peligrosa frontera entre la seguridad ciudadana y la creación de enemigos internos.

 «Cuando un Estado declara un conflicto armado interno sin garantías, la seguridad puede dejar de proteger y empezar a producir enemigos públicos», afirmó la activista, quien además recordó el atentado que sufrió el 31 de agosto de 2025, un caso que permanece en la impunidad ante la falta de investigación efectiva por parte de la Fiscalía.

Para las organizaciones, esta narrativa belicista no solo justifica el uso excesivo de la fuerza, sino que legitima la discriminación, normalizando la crueldad y la estigmatización hacia quienes se oponen o simplemente no encajan en el molde del ciudadano «seguro».

Uno de los puntos más álgidos de la intervención fue la exposición del racismo institucionalizado que opera en los operativos policiales. Las agrupaciones denunciaron que los prejuicios raciales se han trasladado a las prácticas cotidianas de las fuerzas del orden, lo que deriva en un hostigamiento sistemático contra poblaciones afrodescendientes y racializadas.

“Las narrativas de guerra normalizan la crueldad y la discriminación”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario Expreso.

Inés Santos, representante de Inredh, relató que en muchos barrios populares «primero llega el abandono de servicios públicos y luego el prejuicio y denunció que “ser negro y vivir en ciertos sectores puede bastar para ser considerado sospechoso”.s

Este escenario de hostilidad se materializa en casos concretos, entre los que figura el de los “cuatro niños de las Malvinas”, que fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo de seguridad en el sector popular de las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, y sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de 2024, con signos de tortura, en las inmediaciones de una base militar en el poblado de Taura, en la provincia de Guayas.

Según las organizaciones este caso es un ejemplo del «costo humano» de una política que, según denunciaron, prioriza la percepción de la amenaza por sobre la dignidad de la persona.

En la audiencia también se expuso la situación que vivió el ingeniero y modelo afroecuatoriano Jimmy Ocles, quien el 10 de diciembre de 2021, fue interceptado por policías de civil y un guardia privado en Quito por el simple hecho de estar de pie en la vía pública. Su testimonio reveló una pesadilla de insultos, reducción violenta y humillación pública, hechos que quedaron registrados en video.

Para Ocles, la violencia no terminó con la agresión física, sino que continuó en el proceso judicial, que según indicó ha sido lento y revictimizarte.

Peticiones ante la CIDH

Ante este panorama, las organizaciones sociales elevaron un pliego de peticiones a la CIDH entre las que se encuentran un pronunciamiento que determine si las políticas de seguridad han generado una crisis humanitaria en Ecuador, consignó el medio citado.

Asimismo, piden que se tipifique el perfilamiento racial como una violación grave, que se establezcan sistemas de supervisión y que se inste al Estado a integrar un enfoque étnico-racial e interseccional en el diseño de sus políticas.
Entre las exigencias también figuran asegurar el acceso real a la justicia, evitar la revictimización y producir datos que permitan visibilizar los efectos desiguales de las medidas de seguridad sobre grupos históricamente marginados.