Con la finalidad contener el creciente malestar social, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete provincias del país, amparándose en un escenario de «grave conmoción interna».
La medida, que busca frenar las protestas desatadas por la eliminación del subsidio al diésel, afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La decisión ejecutiva, formalizada a través del Decreto Ejecutivo 134, suspende por 60 días el derecho a la libertad de reunión en estas jurisdicciones, aunque específicamente no impone un toque de queda.
El decreto llega en un contexto de alta tensión, a pocos días de una masiva marcha en Cuenca (Azuay) en defensa del agua y en contra de la minería, y en vísperas de nuevas movilizaciones anunciadas.
El texto oficial justifica la medida argumentando que las manifestaciones ponen en riesgo la seguridad de los ecuatorianos,
Según el decreto, los manifestantes «han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas».
Esta valoración de «grave conmoción interna» permite al Gobierno actuar con poderes especiales para, según su visión, garantizar la seguridad y normalidad del país.
De este modo, la medida suspende el derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, aunque no contempla un toque de queda.
Sin embargo, estas limitaciones no suprimen el derecho a la protesta, mientras que se lleven a cabo de manera pacífica y sin vulnerar las libertades ni garantías de los demás ciudadanos.
La vigencia inicial está establecida en 60 días «sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria», lo que deja abierta la posibilidad de levantar la medida si la situación se normaliza antes.
Postura inquebrantable de Noboa: «La decisión está tomada»
La declaratoria de estado de excepción es la respuesta de un Gobierno que se ha mostrado inflexible en su postura sobre la polémica medida económica que desató la crisis. Desde la jornada del lunes, la administración Noboa ya había dejado clara su posición de no retroceder.
La portavoz de la presidencia, Carolina Jaramillo, fue contundente al asegurar que el Ejecutivo no negociará la eliminación del subsidio, como exigía el sector del transporte.
«Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno ‘tendría que terminar cediendo'», dijo, citada por Euronews.
Para dejar absolutamente claro que la postura de eliminar el subsidio es irreversible, la portavoz presidencial culminó su intervención con una frase tajante: «La decisión está tomada».
Detonante económico en un contexto de tensiones
El corazón del conflicto es una medida económica de gran impacto: la eliminación del subsidio al diésel. Con esta decisión, el precio del combustible se disparará de 1,80 a 2,80 dólares por galón (equivalente a un salto de aproximadamente 1,52 a 2,36 euros por cada 3,78 litros). Este aumento de un dólar por galón afecta directamente a los costos de transporte, producción y cadena de suministros, generando un efecto inflacionario inmediato que preocupa a amplios sectores de la población.
La medida se implementa en un clima de crecientes tensiones que desafían la estabilidad del joven gobierno de Noboa. La semana pasada, una marea de ecuatorianos salió a las calles de Quito para protestar contra Noboa y sus reformas, reclamando a los tribunales que declaren inconstitucionales un conjunto serie de leyes promovidas por el mandatario, que consideran vulneraran sus derechos fundamentales.
El estado de excepción sitúa a Noboa en un pulso directo con las calles, un escenario familiar en la política reciente de Ecuador. La capacidad del Gobierno para manejar la crisis social sin reprimir derechos fundamentales y la determinación de los movimientos sociales para forzar un cambio de rumbo marcarán los próximos 60 días, en un país que vuelve a vivir bajo medidas de excepción para contener el descontento popular.
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