La represión desmedida por parte de las fuerzas del Estado, ordenada por el gobierno de Daniel Noboa a las movilizaciones del paro nacional en Ecuador —que ya cumplió 25 días— ha dejado un saldo, según organizaciones de derechos humanos, de 3 fallecidos, 15 desaparecidos, 282 heridos y 172 detenciones, en medio de una creciente represión por parte de las fuerzas de seguridad del presidente Daniel Noboa.
El paro surgió tras la firma del Decreto Ejecutivo 126 el pasado 12 de septiembre, a través del cual la administración del mandatario de derecha eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
Este aumento impacta directamente en los costos de transporte, la producción agrícola y la economía familiar de amplios sectores, especialmente de las comunidades indígenas y rurales que dependen del diésel para sus actividades productivas y de movilidad, lo que llevó a la a Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONAES) y otras agrupaciones a declarar el estado de movilización permanente.
Las protestas también rechazan la falta de insumos médicos, la legalización del extractivismo minero y petrolero en reservas nacionales —incluidas las Galápagos— y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde la declaración del “Conflicto Armado Interno” por parte del gobierno de Daniel Noboa.

Cronología de una crisis: De la protesta a la represión
Durante este conflicto social y político, la provincia de Imbabura, en el norte andino del país, se erigió como el epicentro de la resistencia y las movilizaciones.
La reacción y respuesta de Noboa ante las protestas no ha sido la de abrir canales de diálogo, sino la de ordenar una escalada en el uso de la fuerza indiscriminada y detenciones arbitrarias.
El sábado 11 de octubre, decretó un nuevo estado de excepción en 10 provincias (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza), argumentando una “grave conmoción interna” y que las protestas, “se han tornado violentas”. Este decreto llegó después de que la Corte Constitucional anulara el 3 de octubre uno anterior, considerándolo inconstitucional.
Durante los 25 días de movilizaciones ciudadanas los operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se han intensificado, caracterizándose por el uso desproporcionado de la fuerza, según documentan organizaciones civiles.
La cronología de los hechos más relevantes evidencia que Ecuador se encuentra bajo estado de represión.
-22 de septiembre: 12 comuneros son detenidos en Otavalo, tras ser acusados de terrorismo.
-28 de septiembre: Se reporta la primera muerte a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas. El líder kichwa Efraín Fuerez, de 46 años, fallece en Cotacachi por el impacto de un proyectil de arma de fuego que se fragmentó en cuatro partes. Según los reportes, el disparo ingresó por la espalda y salió por el pecho, provocándole lesiones pulmonares y fractura de cérvix.
3 de octubre: La represión se recrudece contra el pueblo Waranka, en Guaranda, con denuncias de agresiones a mujeres y detenciones arbitrarias.
7 de octubre: Manifestantes indígenas interceptan el convoy del presidente Noboa durante su visita a Cañar. La ministra de Energía, Inés Manzano, presenta una denuncia por intento de asesinato, aunque un informe policial posterior no halló «indicios balísticos» en los vehículos, por los que detenidos debieron ser dejados en libertad.
12 de octubre: Una masiva movilización en Quito por el Día de la Interculturalidad es reprimida con bombas lacrimógenas y de estruendo en La Villaflora, El Ejido y la avenida 6 de Diciembre. Se reportan agresiones a periodistas y intentos de ingreso a la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde ciudadanos buscaban refugio.
13-14 de octubre: Un «convoy humanitario» militar y policial se traslada desde Quito hacia Imbabura, mientras en Ibarra y otras localidades like Otavalo, Cotacachi y Peguche, se reportan operativos con violencia, detenciones arbitrarias e ingreso de militares a hospitales.
15 de octubre: La crisis humanitaria se profundiza con dos nuevas muertes. Rosa Elena Paqui, del pueblo Kichwa Saraguro, de 61 años, muere por un paro cardiorrespiratorio tras inhalar gases lacrimógenos durante los enfrentamientos en Loja. Ese mismo día, José Guamán, manifestante de la comunidad de Cachibiro, fallece tras recibir un impacto de bala en el pecho durante una movilización en la ciudad de Otavalo.
El paro nacional continúa
En un intento por desactivar la crisis, el 15 de octubre se instaló una mesa de diálogo en Otavalo entre algunos dirigentes indígenas de Imbabura y el gobierno de Daniel Noboa.
Tras las negociaciones Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (Chijallta FICI), anunció el levantamiento del paro nacional. Sin embargo, las bases indígenas desconocieron esa decisión y ratificaron que el “paro sigue”.
Acto seguido, las organizaciones indígenas de la provincia de Imbabura convocaron a una asamblea popular en la que se acordó mantener en pie las movilizaciones y rechazar la tregua parcial acordada por algunos sectores de los pueblos originarios con la administración de Noboa.
«Que siga el paro. Para fortalecer a los pueblos. Les pedimos a todos que asistan. Es un llamado al diálogo y a la unidad», afirmó un dirigente indígena durante la instancia, en declaraciones recogidas por TeleSUR.
Rafael Fueres, otro dirigente presente en la asamblea señaló que «el paro continúa».
«No nos levantamos de nuestras vías y puntos de resistencia. Sigue la residencia en cada uno de los puntos», expresó.
«Aquí no hay terroristas. Que los militares se vayan y se dediquen a trabajar en las zonas del país donde hay mayor violencia», subrayó.
Por su parte, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, aclaró la confusión generada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien había declarado que «hoy se acaba el paro».
«Nadie ha dicho que se ha acabado el paro, la lucha no para», aseveró Hermosa.
Conaie ratifica la Lucha y las demandas
Desde la Conaie emitieron un comunicado en el que extendieron un llamado a la unidad y a mantenerse firme en las movilizaciones nacionales en el marco del paro.
En el texto compartido a través de sus redes sociales aclararon que ni el COnsejo de la COnaie ni sus regionales fueron convocados a la mesa de diálogo con el gobierno.
«Respetamos la decisión de Imbabura, pero recordamos que las demandas planteadas en el Paro Nacional 2025 son de carácter nacional», señalaron.
De este modo, las demandas centrales del paro se mantienen inamovibles e incluyen: la derogación del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel; la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12% y el rechazo al referéndum convocado por Noboa para el 16 de noviembre, que busca, entre otros puntos, abrir un proceso para una nueva Constituyente.
«Ninguna provocación debe dividirnos. Se mantienen vigentes las resoluciones del Consejo Ampliado del 14 de octubre, que resolvió reorganizar la resistencia, fortalecer la unidad, decir NO a la Consulta Popular y reafirmar la resistencia en todos los territorios», afirmaron desde la Conaie.
Mientras el gobierno de Noboa, a través de su vocera Carolina Jaramillo, defiende el accionar de las fuerzas de seguridad – las calles de Imbabura, Quito y otras provincias se preparan para mantener la resistencia y las movilizaciones.