Paro nacional en Colombia es señal del descontento popular hacia Duque

Desvanece la paz y crece la violencia

26/04/2019

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Este jueves, el presidente colombiano, Iván Duque, enfrentará su primer gran paro nacional convocado por diversos sectores sociales que rechazan las políticas neoliberales de su gobierno y el arbitrario Plan Nacional de Desarrollo que presentó al Congreso, que le otorga facultades extraordinarias.

El 7 agosto de 2018 la extrema derecha tomó el poder en Colombia, con la llegada a la presidencia de Iván Duque. Desde entonces, la nación latinoamericana ha sido víctima de un Gobierno ineficiente que no ha brindado atención a los principales problemas de los ciudadanos.

Para los colombianos, la administración del discípulo de Álvaro Uribe «va para atrás» y cuenta con una imagen desfavorable del 58 %. La cifra de desempleo aumenta cada día y ya ronda los tres millones de personas; los escándalos de corrupción no han cesado, al igual que el narcotráfico, la violencia, el paramilitarismo y la brecha entre ricos y pobres.

Este jueves 25 de abril se dio un paro nacional para rechazar las políticas neoliberales que se expresan en el arbitrario y excluyente Plan Nacional de Desarrollo, así como el asesinato y la persecución sistemática contra líderes sociales y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

En campos y ciudades, los colombianos apoyaron esta jornada que agrupó el descontento y las exigencias de más de 170 organizaciones sociales y políticas que agrupan a maestros, estudiantiles, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, trabajadores y sindicatos.

“El paro es de carácter político y se hace en defensa de la vida, la paz, la democracia, del medio ambiente y de todos los derechos de los colombianos, y se desarrollará a lo largo y ancho de todo el país con la participación de movimientos étnicos, estudiantiles, obreros, campesinos, indígenas y el agro”, señalaron sus organizadores.

Crece el descontento popular

La jornada fue convocada durante el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas, realizado en Bogotá en febrero de 2019. Sin embargo, las protestas contra las políticas de Duque comenzaron en diciembre de 2018 con las marchas convocadas por los estudiantes de educación superior y prosiguieron con la minga indígena, declarada el domingo 10 de marzo y que se extendió varias semanas con bloqueos de rutas y una brutal represión policial.

Además de la gran marcha que se realizó este jueves en la capital Bogotá y en las principales ciudades de 25 departamentos colombianos, los organizadores anunciaron que entre el 28 de abril y el 2 de mayo se instalará en Bogotá un refugio humanitario que concentrará a 3.000 líderes sociales del país.

La paz en Colombia está en peligro

La jornada de protesta es una manifestación de rechazo a la ola de violencia que sacude a la nación sudamericana.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se ha asesinado a más de 500 líderes sociales y, de esa cifra, 155 asesinatos se produjeron en 2018 y 50 en lo que va de 2019, según datos de distintas organizaciones.

Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que desde 2016 han asesinado a 119 de sus representantes y sus comunidades han recibido 341 amenazas por parte de paramilitares de extrema derecha.

El incumplimiento del acuerdo también ha ocasionado que 128 exguerrilleros y 20 de sus familiares hayan sido asesinados por sicarios en los últimos dos años.

El caso más reciente fue el de “Samuelito”, un niño de siete meses, hijo de excombatientes, quien murió cuando atentaron contra su familia el pasado 15 de abril.

Más de 75 representantes de movimientos sociales suscribieron el documento «La paz en Colombia está en peligro», en el que se acusa a Duquede no respetar los derechos humanos y criminalizar “la protesta social, como lo hace actualmente con la “minga social”, en referencia a la persecución y represión de campesinos e indígenas en el departamento del Cauca, suroccidente del país.

Adicionalmente, las conversaciones que se desarrollaban con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), primero en Ecuador y después en Cuba, fueron cerradas debido a la negativa de Duque para dialogar, a pesar de la presión social y de organismos internacionales.

La militarización para atacar o capturar combatientes de esta guerrilla ha incrementado en los territorio y el ELN ha respondido realizando acciones armadas rurales y urbanas.

Igualmente, en diferentes regiones del país, persisten enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y diferentes grupos paramilitares dedicados al narcotráfico, llamadas también Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados (GAO).

La violencia ha traído como resultado el recrudecimiento del desplazamiento forzado, donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son las más afectadas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, se estima que, solo en 2018, hubo más de 30.000 personas que tuvieron que huir por la violencia que se vive en sus territorios y en enero ya van más de 1.300 desplazados.

El «Plan» de la discordia

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 presentado por Duque al Congreso contiene las bases del modelo neoliberal que regirá el destino de Colombia en los próximos cuatro años y que ha generado el rechazo de la sociedad que desembocó en el paro nacional.

Para muchos, el proyecto de Ley representa la continuidad de las políticas de la administración de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 y 2010.

El objetivo central del PND en materia de finanzas públicas es promover el recorte de las políticas de atención social ―incluyendo el área de la salud― e incrementar los ingresos del Estado a través de impuestos.

El Gobierno impulsará una nueva reforma tributaria para reducir la carga impositiva de las empresas bajo pretexto de incentivar la inversión, el empleo y la competitividad empresarial.

En contraparte, se introducirían nuevas medidas que afectarían el bolsillo de los colombianos, como el recorte de los subsidios para la energía, el cambio en la base de cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes, que en muchos casos tendrán que cotizar la seguridad social con recursos propios. Así como la modificación de las tarifas del impuesto al consumo de los licores.

El plan incluye un concepto flexible de formalidad laboral que permitirá concebir salarios mínimos diferenciados de acuerdo con la conveniencia de los empleadores de las diferentes regiones del país,

Asimismo, contempla una agenda de privatizaciones del erario público y un esquema económico basado en la promoción de la inversión extranjera y el modelo extractivista, con énfasis en la minería y los hidrocarburos, incluyendo la explotación de yacimientos convencionales y no convencionales a través del fracking, que amenaza el medio ambiente.

Las inversiones para la paz en el PND son minúsculas y ascienden a 37.000 millones de pesos (1,2 millones de dólares), apenas el 3,38 % del monto total del plan.

Facultades extraordinarias para Duque

Sin embargo, las mayores críticas al PND, tienen que ver con el artículo 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado, y que en la actualidad le corresponden al Poder Legislativo.

Por tal motivo, Duque estaría facultado para cambiar la estructura de la administración pública, y se le permitiría no sólo hacer cambios presupuestales sino, además, crear, fusionar o suprimir cargos al interior del Estado.

“El Gobierno quiere que se le dé facultades al presidente de la República para crear nuevas entidades, para reasignar el presupuesto, para reasignar las funciones, suplantando al Congreso de la República«, advirtió el senador por el Partido de la U, Armando Benedetti.

⚠️Alerta! Señores Gob Nacional.¿Cuántas entidades y cuántos cargos van crear, eliminar y modificar a través de este artículo? Necesitamos claridad y puntualidad sobre las facultades extraordinarias solicitadas para el Presidente de la República @IvanDuque @DNP_Colombia pic.twitter.com/z3n24IauFB

— Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) February 8, 2019

Para la diputada y representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez, este artículo dejaría la puerta abierta para que el Congreso le entregue un cheque en blanco a Duque para reformar la administración central y sus entidades descentralizadas

“En proyecto dePlan de Desarrollo del Gobierno Nacional debe especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar”, manifestó.

El representante de la Cámara y dirigente del movimiento Decentes, David Racero, señaló que “en el artículo 181 se establecen facultades extraordinarias para que el presidente Duque cree empleos y organismos», lo que se contradice con la política de reducción del Estado que defiende el mandatario.

“¿Dónde queda lo del Estado Austero?», preguntó.

Para los periodistas Jonh Freddy Gómez y Camila Galindo, las facultades extraordinarias le permitirían a Duque ratificar el autoritarismo de su gobierno con el fin de manipular indiscriminadamente los diferentes procesos económicos y sociales en el país.

Para los periodistas, la combinación de las medidas autoritarias y de austeridad, que denominan “austeritarismo”, no son otra cosa que un vehículo para impulsar la liberalización y apertura económica; así como la segregación, aniquilación y criminalización a la oposición social y política en Colombia.

Consecuencias del paro

El último gran paro nacional en Colombia se llevó a cabo enl 2016 y finalizó con unos acuerdos concretos que, según las comunidades, aún no se han cumplido. Por eso, este jueves 25 de abril comenzó la hora cero para que los llamados, propuestas y exigencias de acciones que promuevan la vida digna de los colombianos sean escuchadas por el Ejecutivo.

La jornada de este jueves es vista como un símbolo del divorcio existente entre Duque y el pueblo, por lo que las acciones que tome el Mandatario definirán el futuro político de la nación sudamericana para los próximos años.

Muchos apuestan a que el Mandatario seguirá adelante con su «modelo de país» que ya fue pactado con la oligarquía colombiana y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras tanto, su ministro de Agricultura, Andrés Valencia, afirmó que el «paro no se justifica». Negó las adversas condiciones de los trabajadores del campo y le otorgó una connotación política a la protesta.

«El Gobierno nacional ya demostró que, ante las movilizaciones, la represión policial y el tratamiento de guerra, como sucedió con las movilizaciones indígenas y estudiantiles, serán la primera respuesta». advirtió el periodista Sergio Segura.