El caso del periodista del N.Y. Times que es perseguido por el uribismo

El estadounidense conoció el peso de cargar consigo la responsabilidad de divulgar información en y sobre Colombia, sobre todo relacionada con prácticas genocidas del uribismo

Su trabajo ha sido señalado en Venezuela desde 2016, cuando comenzó a hacer una serie de polémicos reportajes. El primero de ellos se titula: “Aterrizando en Venezuela: Lo que no puedes olvidar si viajas a Caracas”.

Se trata de Nicholas Casey, un comunicador estadounidense que ejerce la jefatura de la Oficina de los Andes para The New York Times y mantiene visitas para realizar trabajos periodísticos en la región.

Desde el portal Misión Verdad se dedicaron extensos trabajos para desmentir las informaciones “sesgadas”, “manipuladas”, “falsas” y/o “parcializadas” que escribía Casey sobre la crisis venezolana.

Lo calificaron como “el bobopila del The New York Times en Caracas” y como representante de “una de las agencias mediáticas gringas más afincadas en contra de Venezuela y, más específicamente, contra la imagen pública internacional del presidente Nicolás Maduro”.

Si bien Casey ha hecho un trabajo parcializado en Venezuela y que describe más al país que es observado desde la óptica opositora al Gobierno de Maduro, también ha narrado historias sobre la dura realidad que enfrentan los venezolanos producto de la imposición del bloqueo estadounidense, la ineficiencia de algunas instituciones del Estado, la corrupción y la indolencia de algunos funcionarios públicos, sobre todo en sectores fundamentales como el de la salud.

Pero mientras realizó su trabajo periodístico en Venezuela, más allá de ser descalificado por ser “tonto útil” de la mediática internacional o por contar algunas historias de la realidad venezolana pero sin contextualizarla en toda su amplitud ni contrastarla con el otro sector de la sociedad que se asume antiimperialista, revolucionario, y que apoya y defiende la gestión de Maduro, Casey publicó lo que quiso y mostró al mundo -con total libertad- «su verdad» sobre lo que según su trabajo sucede en el país bolivariano; y aún lo sigue haciendo.

Cargar con el dedo acusador del uribismo

El pasado sábado 18 de mayo, Casey conoció el peso de cargar consigo la responsabilidad de divulgar información en y sobre Colombia, sobre todo aquella que está relacionada con las prácticas genocidas del uribismo: los falsos positivos.

Casey se instaló en Colombia para narrar las historias del conflicto más sangriento que ha sacudido al continente americano durante los últimos 60 años. Quizás también lo hizo para -desde el extranjero- contar las implicaciones de la crisis venezolana. Incluso, llegó a cubrir las irregularidades que se presentaron en el puente Simón Bolívar, durante el intento de violar la frontera venezolana desde Cúcuta con el apoyo de Bogotá, de grupos irregulares y de paramilitares.

Ya en Colombia, comenzó a generar reportes sobre la cruenta guerra civil de ese país que aún persiste a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016.

La violencia y la guerra en Colombia se ha incrementado. Las cifras lo confirman, sobre todo las relacionadas con el asesinato selectivo de líderes sociales, políticos y campesinos vinculados a la promoción de un nuevo modelo de país, hechos que lamentablemente se han vuelto cada vez más comunes.

Es ese trabajo, el de informar como pudieran estar vinculados los asesinatos de líderes campesinos, luchadores sociales y exguerrilleros desmovilizados que asumieron la vida civil y política en pro de la paz, la que en este momento mantiene al periodista del The New York Times escondido y fuera de Colombia.

“Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, fue el titular de su más reciente trabajo y en el que hace mención a la posible reinstauración de los “falsos positivos”, acciones criminales y crímenes de lesa humanidad que estaría perpetrando nuevamente el Ejército contra civiles, a quienes harían pasar como “paramilitares”, “guerrilleros”, “terroristas”, “narcotraficantes”, “delincuentes”, “secuestradores”; sin tener siquiera un cabello de delincuente.

El periodista explica que “una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no ‘exijan perfección’ al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”.

«Falsos positivos» de vuelta, denuncia Casey

En su reportaje, el periodista -que decidió huir de Colombia luego de recibir señalamientos de sectores vinculados al uribismo, el Estado colombiano, el gobierno de Iván Duque, entre otros de gran poder político y económico- recordó como precedente, a lo que ocurre hoy, las masacres y el genocidio perpetrado durante la gestión de Álvaro Uribe (2002-2010), quien asesinó, torturó, descuartizó y desapareció a periodistas.

“Esas tácticas causaron la indignación nacional cuando se supo que los soldados, con el objetivo de cumplir sus cuotas, cometieron asesinatos generalizados y desapariciones de civiles. Ahora, otra encarnación de esa política está siendo impulsada por el nuevo Gobierno contra los grupos criminales, guerrilleros y paramilitares”, escribió.

En su despacho, Casey indica que tres oficiales de alto rango denunciaron secretamente las nuevas órdenes que recibieron para conseguir más muertos durante los operativos del Ejército.

“Las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares. El Ejército sigue siendo investigado por la serie de asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de 2000, conocidos como “falsos positivos”. Los soldados mataban a campesinos y afirmaban que eran guerrilleros, a veces, incluso, vistiéndolos con uniforme y plantando armas cerca de sus cuerpos. Las tácticas surgieron de los superiores que exigían un mayor número de cuerpos, de acuerdo con los fiscales”, agrega Casey.

Los dos oficiales -sin ser identificados en el reporte del NYT- denunciaron que ahora los soldados colombianos han vuelto a estar “bajo una intensa presión” y “este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos” dentro del Ejército.

“En una reunión relatada por uno de los oficiales, un General ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar. Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de los 2000”, agrega el reportaje.

Reacciones, acusaciones y clandestinidad

La publicación del artículo en el que expuso una serie de confesiones e indicios sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y las posibilidades que se estén implementando nuevamente métodos en sus operativos para realizar ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, ha mantenido con evidente molestia a los militantes del Centro Democrático y simpatizantes de Uribe, quienes se han dedicado a demeritar la publicación.

Las fuertes críticas llegaron al punto que a Casey le tocó salir del país y no se sabe su paradero. En las redes sociales el impacto del reportaje no se ha hecho esperar.

A través de su usuario en Twitter, Casey fijó un mensaje en referencia a su artículo: «Falsos positivos: los inocentes asesinados en Colombia por militares para cumplir con cuotas, es una frase que muchos quieren olvidar. Pero las palabras son las que los oficiales de alto nivel están hablando de nuevo”.

Horas después de ese trino y por las distintas acusaciones que lanzaron contra él, Casey publicó el siguiente mensaje: «He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas».

Una de las más fuertes acusaciones fue la de Cabal, quien publicó en Twitter fotos del corresponsal y escribió: «Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con (la guerrilla de) las FARC en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el Ejército de Colombia?».

El mensaje se viralizó rápidamente y otros simpatizantes del partido derechista del presidente Duque se sumaron a las críticas. De inmediato NYT respondió a la senadora en la misma red social y consiguió casi el doble de réplicas.

«Informamos de manera precisa e imparcial (…) En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el Ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos», acotó el medio.

En medio de la polémica el ministro de Defensa, el empresario Guillermo Botero, calificó como «lleno de inconsistencias» el artículo, en una declaración en compañía del Mandatario.

El congresista uribista Juan David Vélez también realizó fuertes acusaciones contra el periodista y lo comparó “con fleteros y sicarios”, en una publicación en Twitter, donde replicó la misma fotografía que publicó Cabal.

“El periodista de New York Times (Nicholas Casey), como los fleteros y conducido por terroristas de la guerrilla FARC, apunta con la cámara y fusila con columnas llenas de calumnias (…) Existen los sicarios de la opinión”, señaló el uribista Vélez contra Casey.

“Uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia”

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se pronunció sobre el artículo del diario estadounidense y lamentó que ese tipo de prácticas hagan volver a Colombia a uno de sus capítulos más oscuros.

«Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil», señaló en Twitter.

En el artículo, uno de los oficiales entrevistados confirma que el Ejército ha vuelto a la práctica genocida del uribismo. “Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, expresó, con la condición de mantener su anonimato por temor a represalias de sus superiores.

En ese sentido, el mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, reconoció “haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de grupos criminales y rebeldes”, explica Casey, quien lo entrevistó.

“Dijo que había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a ‘doblar los resultados’, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales. ‘La amenaza criminal se incrementó’, dijo. ‘Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos’, explica Casey sobre las declaraciones de Martínez, quien luego publicó en Twitter las preguntas y respuestas que dio durante la entrevista.

Los «falsos positivos» fue una práctica criminal utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe -padrino político de Duque-, que consistía en la ejecución de personas a las que se hacía pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos.

Según datos de HRW, «más de 3.000 civiles» habrían sido asesinados de esa forma en ese periodo y en total, 961 uniformados habrían sido condenados por ese delito, de acuerdo con la Fiscalía, instancia que hoy actualmente está envuelta en un escándalo judicial tras la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez, involucrado en el caso de Odebretch y acusado por la comunidad por sostener la impunidad ante el asesinato de más de 150 líderes sociales, políticos y campesinos durante el gobierno de Duque.

Colombia, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

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