Perú en su laberinto: Los Presidentes cambian, las élites permanecen

El Congreso aprobó la vacancia de Boluarte con 118 votos a favor, un récord en la historia reciente. Pero detrás del consenso aparente se esconde un cálculo político: los partidos que la sostuvieron durante casi tres años —Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular— la abandonaron cuando su figura se volvió insostenible. Los mismos bloques que ayer la defendían, hoy encabezan un proceso que buscan capitalizar en las elecciones de 2026.

Un país gobernado por la crisis

La caída de Boluarte se precipitó tras semanas de protestas sociales y un paro de transportistas que paralizó Lima. En medio del hartazgo popular, el Congreso movió rápido: destituyó a una presidenta con más del 90 % de rechazo y ungió a Jerí, un abogado de 38 años, como nuevo mandatario. Pero la transición no trajo calma. El flamante presidente asumió entre denuncias por violación sexual y enriquecimiento ilícito, y con una legitimidad tan baja como la de su antecesora.

El dato no sorprende. Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes en menos de una década. Ninguno logró completar su mandato. Las causas formales varían —corrupción, incapacidad moral, rebelión—, pero el patrón es el mismo: los presidentes caen cuando dejan de servir al equilibrio de intereses que domina al Estado.

En ese esquema, el Congreso funciona como árbitro y actor central. Controla los ritmos de la política, nombra y destituye a voluntad, y mantiene apenas un 5 % de aprobación ciudadana. Es la institución más poderosa y más rechazada del país. La “incapacidad moral permanente” se volvió su herramienta preferida: una cláusula abierta que puede usarse tanto para sancionar delitos como para disciplinar gobiernos.

El poder detrás del poder

Perú vive atrapado en un sistema que no cambia de fondo. Desde la Constitución de 1993 —herencia del fujimorismo—, el Estado fue moldeado para garantizar la estabilidad del mercado antes que la representación popular. La llamada “democracia de vacancias” es la consecuencia de esa arquitectura institucional: fuerte para proteger intereses económicos, débil para sostener gobiernos electos.

Cada crisis política confirma esa lógica. Cuando Pedro Castillo intentó alterar el statu quo, fue destituido por un Congreso que defendió su propia supervivencia. Cuando Boluarte se alineó con la derecha parlamentaria, fue sostenida pese a las denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y cuando su figura se volvió un lastre, fue removida sin debate ni resistencia.

Los presidentes cambian; el poder no. La alianza entre el Congreso, las élites empresariales y las Fuerzas Armadas se mantiene intacta. Controla la justicia, define la economía y regula el conflicto social. En los márgenes, la ciudadanía asiste a un espectáculo repetido: promesas de renovación, traiciones rápidas y un regreso al mismo punto.

El espejo de la calle

Mientras tanto, la calle expresa otra lectura. Las protestas lideradas por la Generación Z, sindicatos y mineros artesanales reclaman seguridad, empleo y fin de la corrupción. Su consigna —“el futuro no se negocia”— sintetiza el malestar con una clase política que no representa a nadie.

Esa generación creció entre crisis, sin presidentes estables ni instituciones creíbles. Hoy se moviliza en un contexto donde la inseguridad se convirtió en forma de gobierno: extorsión, sobornos policiales y represión estatal. La violencia no es solo síntoma de descomposición; es un modo de control.

Un ciclo que se repite

Con José Jerí en el poder, Perú parece volver al inicio de su propio laberinto. El nuevo mandatario promete “orden y seguridad”, mientras enfrenta acusaciones que minan cualquier autoridad moral. Estados Unidos ya expresó su respaldo, en una muestra de continuidad internacional más que de renovación democrática.

La historia reciente deja una conclusión amarga: la inestabilidad no es un accidente, sino una estrategia. La rotación de presidentes permite mantener inalterado el poder de fondo. En un país donde la vacancia es rutina y la corrupción estructural, la pregunta no es quién gobernará el próximo año, sino quién seguirá gobernando siempre.

Vía Nodal