Perú: extorsión crece 570% y el Gobierno prioriza control de protestas por sobre seguridad ciudadana

En un contexto donde las denuncias por extorsión se han multiplicado por más de seis en cuatro años, el Gobierno peruano ha priorizado los recursos presupuestarios hacia la contención de protestas sociales, superando proporcionalmente a los que son destinados a garantizar la seguridad ciudadana y combatir narcotráfico.

Esta política se mantendrá para 2026 a pesar de que el Ministerio del Interior de cuenta actualmente con 1.000 millones de soles (290 millones de dólares) más que hace cuatro años,

Epidemia de extorsiones

Según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de Perú, analizados por el medio OjoPúblico, en la nación suramericanas las denuncias vinculadas a casos de extorsión han experimentado un alarmante aumento del 570% desde 2021.

Mientras en el periodo de enero a septiembre de 2021 se registraron 3.069 denuncias, para el mismo periodo de 2025 la cifra se disparó hasta 20.705 casos.

Paradójicamente, este crecimiento delictivo ha ocurrido durante un periodo de significativo aumento presupuestario para el Ministerio del Interior que en solo cuatro años de 13.217 millones de soles (3.900 millones de dólares) a 14.304 millones de soles (4.200 millones de dólares) hasta octubre de este año . Este monto equivale a todos los recursos anuales del programa social Cuna Más, que busca mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses en zonas de pobreza y pobreza extrema.

La distribución de estos recursos revela prioridades que han generado controversia. el Ejecutivo —antes de la destitución de Dina Boluarte— planteó aumentar los fondos de la cartera a 13.748 millones de soles (.,000 millones de dólares) , lo que supone un incremento de 3% con respecto a lo asignado a inicios de 2025. Sin embargo, la administración del presidente interino, José Jerí, prevé destinar más recursos a la Policía.

Más recursos para contener las protestas sociales

Según consignó OjoPúblico, para 2026 Jerí busca aumentar en mayor proporción los recursos para la contención de protestas sociales (60%) que aquellos destinados a la lucha contra la inseguridad y el tráfico de drogas (50%) en comparación con 2021 .

Dentro del presupuesto actual, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía ha destinado más de 649 millones de soles para la disminución de «conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas», mientras que para la reducción de violencia contra la mujer se asignó poco más de 634.000 millones de soles . Estos recursos para el control de protestas se emplean en la compra de equipos policiales como chalecos antibalas, fusiles de francotirador, ametralladoras, vehículos portatropas, motocicletas, camionetas y omnibuses.

Según las cifras, la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior de Perú destinó este año 211 millones de soles (60 millones de dólares) para mejorar el servicio de control de disturbios civiles —aunque al inicio de año, estipulaba 145 millones de soles (42 millones de dólares) para este fin.

Estado de excepción no reduce las extorsiones

El pasado 21 de octubre, el presidente interino declaró en estado de emergencia por 30 días a Lima y la provincia constitucional del Callao, suspendiendo derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, justificando la medida como parte de un esfuerzo para contener la desbordada criminalidad.

 Desde entonces, las denuncias por extorsión, los robos al paso y los homicidios no han mostrado cambios significativos en las calles. Tampoco se comunicó qué estrategia implementará el Ejecutivo en otras regiones.

Cuestionamientos a la institución policial

Los expertos señalan que los recursos adicionales se dirigen a una institución con múltiples cuestionamientos y que no ha pasado por una reforma. Victor Quinteros Marquina, especialista en seguridad ciudadana, advirtió que «un censo policial del 2023, [de autopercepción], habla de que nueve de cada 10 policías están involucrados en actos al margen de la ley» .

En conversación con Ojo Público señaló que «hay más de 30.000 expedientes pendientes de resolver en el sistema disciplinario policial, y lo otro, es que públicamente se percibe que el personal policial está involucrado en extorsiones».

Además planteó que ante la crisis de seguridad que atraviesa Perú se requiere una priorización de recursos en infraestructura, equipos y personal dedicado a labores de inteligencia. 

De acuerdo con el medio citado, la cartera de Interior cuenta con 938 millones de soles (275 millones de dólares) para invertir en infraestructura y bienes que mejoren su operatividad, sin embargo a dos meses de concluir el año, solo ha gastado el 20%, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Economía.

Uno de los gastos que ha causado controversia es el reemplazo de la aeronave Antonov An-32B, que sirve para traslados de la Policía en situaciones de emergencia. Aunque la adquisición se aprobó en 2017 no se concretó. Originalmente, el precio aprobado era de 150 millones de soles (44 millones de dólares) pero para este año se duplicó y aumentó a 294 millones de soles (86 millones de dólares), por lo que está siendo investigada por la Contraloría peruana-

Congreso: mayor presupuesto, menores resultados

Mientras la crisis de seguridad se profundiza, el Congreso de la República- instancia donde se han aprobado las leyes que han debilitado la lucha contra la criminalidad- inició el año con un presupuesto histórico de 1.412 millones de soles (415 millones de dólares).

Esta cifra representa más del doble de los 649 millones de soles aprobados en 2021 (190 millones de dólares) lo que supera ampliamente los presupuestos de programas sociales e instituciones clave.

Las proyecciones para 2026 de la administración de Jerí mantienen la tendencia de priorizar el control del orden público, en un contexto donde la ciudadanía exige resultados concretos contra una criminalidad que sigue afectando su vida cotidiana.