Presidenta de Perú se reúne con relator especial de la ONU

Dina Boluarte aseguró que el gobierno peruano garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos

Por El Ciudadano México

09/05/2023

Publicado en

Latinoamérica / México / Portada secundaria / Puebla

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió el lunes con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Clément Voule, para informarle sobre el respeto al derecho a la protesta pacífica en el país.

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Durante el encuentro celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima, la jefa de Estado aseguró a Voule que el Estado de Perú «garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos«, explicó la presidencia a través de su cuenta de la red social Twitter.

En el marco de esta reunión, en la que estuvieron presentes también el primer ministro Alberto Otárola y la canciller Ana Cecilia Gervasi, Boluarte ofreció al funcionario de la ONU «todas las facilidades para el desarrollo de su labor» en el país.

El despacho presidencial destacó que la visita de Clément Voule responde a una invitación formulada por el Gobierno de peruano meses atrás, para conocer lo sucedido durante las protestas que iniciaron el 7 de diciembre pasado tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo y la inmediata asunción del mando de parte de Boluarte.

Se debe recordar que entre diciembre y marzo último Perú fue golpeado por jornadas de protestas antigubernamentales, muchas de ellas violentas, que dejaron al país varios muertos y heridos.

En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que señaló que esas jornadas de movilizaciones estuvieron caracterizadas «por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza», así como «graves violaciones de derechos humanos».

En el caso de la ciudad surandina de Ayacucho, en Perú, agregó que, «las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales«, lo que podría «calificarse como una masacre«.

Los términos «ejecuciones extrajudiciales» y «masacre» fueron inmediatamente rechazados por el Gobierno, que inició rápidamente un proceso de evaluación del informe para «proponer los lineamientos» de seguimiento al documento.

Asimismo, ratificó su «firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos» al considerar esos elementos como «la base más fundamental de la democracia y el Estado de derecho«.