Promulga pero no aplica: Milei suspende la ley de emergencia en discapacidad y amenaza replicar con universidades y pediatría

El gobierno de Javier Milei promulgó hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad ( 27.793), sin embargo en uno de sus acostumbrados movimientos en los que da la espalda a las reivindicaciones por las que clama la sociedad argentina, suspendió su aplicación alegando falta de partidas presupuestarias.

Esta estrategia ha encendido las alarmas, ya que según fuentes cercanas a la administración del «libertario» se replicaría con otras normas vinculadas con los sectores universitario y de salud pediátrica.

Tras el rechazo al veto de Milei que aplicó el Congreso, la gestión libertaria promulgó la ley pero como había adelantado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución se postergará hasta que los diputados y senadores determinen de dónde se obtendrán los recursos.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la ley sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026. La administración libertaria, en cambio, calcula un impacto de $3,019 billones (0,35% del PBI).

Entre los ejes centrales de la Ley 27.793 figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.

Sin embargo, el Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial establece de manera taxativa que la norma queda “suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso Nacional “determine las fuentes de su financiamiento” y que “incluya en el Presupuesto Nacional las partidas” necesarias para su implementación. Este argumento se basa en una interpretación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.

La receta libertaria: promulgación y suspensión

La situación abre un pulso institucional entre el mandatario de ultraderecha y el Poder legislativo. La Cámara de Diputados ya rechazó la semana pasada los vetos de «libertario» las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. El Senado tiene previsto sesionar el próximo 2 de octubre, donde la oposición cuenta con los votos necesarios para ratificar ese rechazo, lo que convertiría a ambas leyes en vinculantes.

Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que, de ocurrir esto, se aplicará la misma fórmula utilizada con la ley de discapacidad: promulgación formal seguida de una suspensión práctica.

«Al ser consultado por la preocupación en torno a la promulgación de estas leyes, el Gobierno no sólo adelantó que harían lo mismo que con la emergencia en discapacidad, sino que justificó el impedimento de la ejecución, otra vez, con el ya famoso artículo 38 de la Ley de Administración Financiera», consignó Página/12.

«Ahí te dice de dónde sale la guita. Cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento», argumentaron desde Casa Rosada, según reportó el medio digital.

Asimismo, trascendió que Milei contempló la posibilidad judicializar los rechazos a los vetos, pero finalmente reculó, luego de que los funcionarios libertarios encontraran una hendija posible en la no aplicación.

El frente pediátrico: un bono y un paro

Mientras el conflicto macro institucional se desarrolla, en el frente de la salud pediátrica la situación es ambivalente. Por un lado, el ministro de Salud, Mario Lugones, anunció para el personal del Hospital Garrahan un complemento salarial financiado con recursos propios de la institución

.“Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida. Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia”, indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

No obstante, este anuncio no calmó los ánimos. Marina Elizabeth Nuñez, instrumentadora quirúrgica del hospital, expresó con escepticismo: “Todavía no sabemos si harán lo mismo que con discapacidad. Nos enteramos recién de los bonos que nos darán con los recursos genuinos que estuvieron guardados. Mañana de todas maneras se inicia un paro por 48 horas”.

Las universidades en vilo

Desde el sector universitario, el hecho de que la ley de financiamiento sea promulgada pero no aplicada genera preocupación, pero también fortalece la determinación de la lucha.

“Desde ya que el quiebre del veto en diputados y su probable ratificación en senadores es un triunfo político del movimiento universitario. Siempre tuvimos en claro que ese no era la solución al conflicto nuestro porque sabíamos que el gobierno iba a hacer lo imposible por impedir la implementación”, planteó Federico Montero, secretario de Organización de Conadu-CTA de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

Por su parte, Francisca Staiti, Secretaria General de la CONADU histórica, planteó que se encuentran en un estado de alerta.

“La preocupación después de ver lo que están haciendo es más que válida. Nos tenemos que preparar para ese escenario. De obtener la insistencia de la ley en la cámara de senadores (números que seguro están para ello) viene otra etapa que es la promulgación. Las leyes de discapacidad, de emergencia en salud pediátrica y de financiamiento universitario van contra el equilibrio fiscal que Milei pretende sostener. Es un tema de dirección política del gobierno, claramente”, argumentó, en declaraciones recogidas por Página/12.

Staiti agregó un análisis sobre la lógica que maneja Javier Milei a la hora de gobernar.

“Creo que cualquier medida que vaya en contra de su programa económico y político no lo va a llevar a cabo. Anuncia el lunes pasado un presupuesto en el que le daba un claro mensaje a los mercados y al FMI que no se iba a mover un centímetro de su plan económico. En lo que respecta al presupuesto para universidades 2026 es el ejecutado 2025, es decir un presupuesto de ajuste”, expuso.

La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, salió a desmentir los argumentos oficiales sobre el «desequilibrio fiscal» que generarían estas leyes que presentó el vocero presidencial Manuel Adorni, Bartolacci

“Es falso que la economía del país se desequilibre porque financiamos a las universidades (…) si yo tomara el tema de la misma manera que lo toma el vocero presidencial podría contestarle en el mismo registro: quizás se podría cubrir parte de lo que establece la ley tomando recursos que destinaron para incrementar en un 1000% los fondos de los servicios de inteligencia de la nación”, indicó.

Interpelación y moción de censura

La decisión de Javier Milei de promulgar la ley de emergencia en discapacidad, pero suspender su aplicación generó reacciones políticas y judiciales.

Un sector de la oposición presentó una denuncia penal en los tribunales federales, mientras que en el seno del Parlamento se impulsa la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos.

El diputado socialista Esteban Paulón anunció que amplió su denuncia contra Francos por “incumplimiento de una ley vigente”. “El decreto 681 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno había incumplido una ley tan abiertamente”, advirtió.

“Mientras quita retenciones para contener el precio del dólar y llegar a las elecciones en calma financiera, decreta que no hay presupuesto para discapacidad. Es un país a la deriva. A esto ya lo vimos”, cuestionó.

La oposición ya había asomado la posibilidad de emprender un contraataque parlamentario. “El jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar partidas. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo e incluso aplicar la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución”, señaló el legislador Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), según consignó La Nación.

La petición de interpelación y moción de censura contra Francos se materializó con el anunció el que realizó el propio Agost Carreño a través de su cuenta de X, en el cual explicó sus argumentos.

“Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad; por dictar decretos nulos e inconstitucionales; por no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto”, detalló.