“Régimen totalitario”: Periodistas denuncian pedido de allanamientos tras cautelar que prohíbe difusión de audios de Karina Milei

Una tormenta política y judicial se desató en Argentina tras conocerse que el juez civil Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar a una medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, vinculados con el escándalo de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En paralelo, trascendió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó allanamientos contra periodistas y medios que hicieron públicos los audios, lo que fue denunciado como un intento de “persecución” y un paso hacia un “régimen totalitario”.

El caso surgió a raíz de la filtración de uno audios, atribuidos al ex director de la ANDIS y hombre de confianza del entorno presidencial Diego Spagnuolo, en los que se mencionan un presunto circuito de coimas donde aparecen como beneficiarios Martín Menem—presidente de la Cámara de Diputados, hijo del exsenador, Eduardo Menem y sobrino del expresidente Carlos Menem — así como su primo Eduardo «Lule» Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y quien trabaja directamente bajo la órbita de Karina Milei, también salpicada en el escándalo.

Los tres aparecen señalados como parte de los beneficiarios de aportes que se les exigían a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado.

Posteriormente, el programa Data Clave, del periodista Mauro Federico, que se emite por la señal de streaming Carnaval y que publicó también los audios atribuidos a Diego Spagnuoldio a conocer dos nuevos registros, en este caso, atribuidas a Karina Milei.

En el primero la hermana del denominado «»libertario» dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En el segundo, agrega: “Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Los periodistas de Carnaval advirtieron que este material era un recorte de una grabación de mayor duración, y que se publicarían nuevos fragmentos.

Cautelar prohíbe difusión de audios de Karina Milei

Frente a esto, el Gobierno no desmintió el contenido de los audios sino que optó por una ofensiva judicial para impedir su divulgación y investigar su origen.

Desde la administración de Milei indicaron que se trata de una “operación de inteligencia ilegal” con supuesta participación extranjera.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó al punto de referirse a una supuesta injerencia rusa y venezolana, sin presentar ninguna prueba al respecto.

Bullrich aseguró que quienes filtraron los audios «no son periodistas» sino parte de una «mafia» que busca desestabilizar al Gobierno.

«Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización», indicó.

La ministra enmarcó el episodio dentro de una «operación de inteligencia ilegal» con fines desestabilizadores. «No podemos ser ingenuos. Todo esto pasa mientras intentan mover la economía, subir el dólar, paralizar el Congreso», afirmó, y vinculó los «ataques con audios» a los «ataques con piedras» que sufrieron Milei y su hermana recientemente.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito en la historia argentina: grabar a funcionarios dentro de la Casa Rosada. Esto no es periodismo, es una maniobra de desestabilización”.

Como parte de su estrategia, el gobierno libertario presentó una denuncia penal contra varios periodistas y empresarios por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei y logró que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones de la secretaria general de la Presidencia.

La cautelar fue dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien enfrenta seis denuncias por abuso de poder, acoso sexual y violencia de género, lo que suma mayor controversia a una decisión que varios periodistas denunciaron como una acto de censura.

Periodistas alertan que el gobierno de Milei se convierte en un «régimen totalitario»

Este es el caso del periodista Jorge Rial, quien cargó duramente contra la ministra Bullrich y la administración libertaria, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei, y advirtió que el Gobierno se está convirtiendo en un «régimen totalitario».

«Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. No somos delincuentes (…). Están intentando que no sigamos investigando», denunció.

En un tono aún más grave, Rial advirtió que «el Gobierno se está convirtiendo en un ‘régimen totalitario'».

Además, planteó que la medida es contraproducente para el propio oficialismo.

«Lo que están haciendo es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos», agregó.

Acusó al oficialismo de montar un relato desmedido para silenciar investigaciones periodísticas y advirtió que la embestida contra los medios constituye “una intolerable amenaza contra la libertad de prensa y de expresión”.

“El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”, señaló el periodista en un mensaje publicado en redes sociales.

Desestimó la teoría de una conspiración externa presentada por la administración de MIlei y aseguró que las filtraciones que sacuden al oficialismo son producto de «su propia interna».

El comunicador cuyo programa en C5N y su canal de streaming han sido centrales en la difusión de los escándalos, dejó en claro que pese a alas amenazas no se detendrá y seguirá informando. «Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin», manifestó.

El Grupo Indalo, al que pertenece Rial, emitió un comunicado repudiando «el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información».

«Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculados a un accionar ilícito de funcionarios y ex funcionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía», plantearon, según consignó Página/12.

Reacción de la oposición

La respuesta de la oposición a esta nueva arremetida de Milei contra los periodistas fue contundente.

El diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo (PTS-FIT) denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan. Sostuvo que los Milei “consiguieron un juez amigo para dictar una cautelar sobre la difusión de los audios y a la vez han hecho una denuncia increíble de Patricia Bullrich, inventando una conspiración para presionar y perseguir a los periodistas”. Anunció que exigirá una convocatoria «urgente» de la comisión de libertad de expresión de la Cámara baja.

El senador de la UCR, Martín Lousteau, se expresó en la misma línea y denunció que «el pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia».

«Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad. En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos», apuntó.

Por su parte, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) planteó que «en lugar de denunciar a los corruptos el gobierno denuncia a los periodistas que denuncian la corrupción».

Quieren dejar de ser denunciados para pasar a ser denunciantes y para esto se cargan la Constitución Nacional. Son victimarios, no víctimas», expresó.

El diputado Esteban Paulón aportó un dato polémico sobre el juez que dictó la cautelar: «la causa para ‘silenciar los audios’ la tiene el Juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello: Denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral, entre otras».

Foro de Periodismo Argentino rechaza acto de censura previa

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado expresando su rechazo a la medida cautelar, advirtiendo que se trata de «un acto de censura previa» y alertando por «la gravedad institucional» de los allanamientos solicitados.

El organismo recordó que, sin una investigación que determine el origen ilícito de los audios, el juez dictó una medida “generando un hecho sin precedentes en la historia nacional”.

«Cualquier medida preventiva o restrictiva que impida ese derecho, como en este caso una decisión judicial, constituye un acto de censura previa y resulta incompatible con las normas constitucionales vigentes. Aún más, el artículo 13 de la Convenación Americana de los Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo en casos muy específicos que involucren, por ejemplo, la seguridad nacional», indicó en el texto.

Además, subrayó que «Karina Milei es una funcionaria de alto rango y los actos que realice dentro de un edificio público, como la Casa Rosada, salen de la esfera privada», recordando que la jurisprudencia indica que el honor y la intimidad de un funcionario público no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios.

Sobre los allanamientos, FOPEA fue categórico: «cualquier allanamiento o medida de estas características puede transformarse en un acto intimidatorio para la libertad de expresión, tal como lo establecen distintos parámetros internacionales», citando la Declaración de Chapultepec.

Finalmente, el Foro reclamó a la Justicia que «revea de manera urgente la medida cautelar» y exigió al Gobierno nacional que «cese el acoso contra periodistas y medios, quienes deben trabajar con absoluta libertad -y sujetos a responsabilidades ulteriores- para garantiza el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público».

Ante la gravedad de los hechos, diputados de la oposición solicitaron reunir de manera «urgente» a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, buscando generar un ámbito de debate sobre lo que gran parte de la clase política y organizaciones de la sociedad civil ya califican como una crisis institucional sin precedentes en el país.