Rodrigo Paz contra las cuerdas: Bolivia suma más de 40 días de protestas, 79 bloqueos y crisis de abastecimiento

Rodrigo Paz se encuentra contra las cuerdas ya que Bolivia acumula más de 40 días de protestas multisectoriales ininterrumpidas y 79 puntos de bloqueo que estrangulan las principales rutas nacionales. La oposición, la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos y transportistas han unificado su presión para exigir la renuncia del mandatario derechista por el ajuste neoliberal impulsado por su administración, mientras la crisis de abastecimiento golpea a las familias más vulnerables.

En apenas 7 meses, la gestión de Paz ha desatado una severa crisis social y económica, por lo que los trabajadores públicos, mineros y organizaciones populares han presentado un pliego de más de cien demandas que incluyen reclamos salariales, rechazo a las privatizaciones y una denuncia generalizada por “abandono estatal”. Además, reclaman que escudado en el argumento de reactivar la economía y reformar el Estado, Paz impulse un paquetazo de 10 leyes que favorece a empresas transnacionales y afecta las condiciones de vida de la ciudadanía.

El mapa de la conflictividad revela un país cuyas principales vías tienen el acceso restringido, afectando la estabilidad económica y social. Según el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 22 bloqueos se concentran en Cochabamba y 19 en La Paz, el departamento donde se asienta la sede de Gobierno. Potosí suma 15 puntos activos, Chuquisaca reporta 10, y en Santa Cruz permanece cerrada la vía San Julián, puente obligado hacia el Beni. Estas obstrucciones obstaculizan el traslado de alimentos, oxígeno medicinal, combustible y medicamentos, convirtiendo cada carretera en una frontera interna.

El desabastecimiento ya no es una advertencia, es una realidad cotidiana. En La Paz, el transporte urbano opera de forma mínima por la escasez de combustibles. Decenas de conductores duermen a la intemperie junto a las estaciones de servicio, turnándose para asegurar unos pocos litros de diésel o gasolina. En los mercados mayoristas, el precio del pollo entero se disparó hasta los 120 bolivianos (17 dólares), un valor muy alto para el poder adquisitivo de las familias. La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) tuvo que cerrar dos de sus sucursales para realizar inventarios de emergencia, una medida insólita que evidencia el colapso de la cadena de suministro, consignó TeleSUR:

Ley que le abre las puertas a Paz para declarar Estado de Excepción

Ante la escalada, Rodrigo Paz promulgó el lunes la cuestionada Ley 1740, que le permite al Ejecutivo declarar el Estado de Excepción para «establecer la defensa de la seguridad del Estado» ante tres situaciones: Amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

En este contexto, el mandatario derechista aseguró que son grupos de «narcoterroristas» quienes impulsan las protestas que exigen su renuncia, advirtiendo que «sus días están contados» gracias a esta ley, que le permitirá, entre otras cosas, intervenir las manifestaciones y bloqueos con militares, y restringir las libertades de reunión y movimiento.

Frente a esto, desde la oposición cuestionaron la promulgación, apuntando a que debilita las garantías democráticas y la protección de los Derechos Humanos, como lo señaló el líder indígena y expresidente, Evo Morales.

Aunque la presión social obliga al Ejecutivo a buscar una salida dialogada, empresarios, gremiales y autoridades locales ya han solicitado formalmente que se decrete de forma inmediata el Estado de Excepción. Esta medida extrema —que permitiría militarizar puntos críticos y levantar bloqueos por la fuerza— es vista como el preámbulo de la ruptura institucional.

Mientras las familias bolivianas enfrentan un cerco geográfico que impide el acceso a recursos esenciales, la comunidad regional observa con preocupación. La crisis política en el país andino amenaza con afectar los flujos comerciales de tránsito internacional y envía señales de fragilidad democrática en el Sur Global. Los movimientos populares y los observadores coinciden en un punto: restablecer canales de concertación pacífica es urgente para evitar que las poblaciones históricamente postergadas queden aún más vulnerables.

En medo de la rebelión popular el gobierno de Rodrigo Paz pende de un hilo, y cada día de protestas suma un eslabón más a la cadena de una crisis que ya no tiene marcha atrás.