Una isla de apenas 272 km² y menos de 3.000 habitantes se ha erigido como el epicentro de una renovada tensión diplomática entre Colombia y Perú. La creación por parte de Lima del distrito de Santa Rosa de Loreto ha reabierto disputas históricas y desatado un forcejeo que obliga a Bogotá a defender lo que considera una vulneración de su frontera y soberanía.
La tensión escaló rápidamente a la palestra internacional tras una enérgica acusación del presidente colombiano, Gustavo Petro a Perú de invadir un territorio perteneciente a su país en la Amazonía.
El mandatario anunció el traslado de los actos centrales por el aniversario de la independencia de Colombia, que tradicionalmente se celebran el 7 de agosto en Bogotá, a la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas.
Este cambio, según explicó en un mensaje publicado en la red social X, se produjo en respuesta a lo que calificó como una apropiación unilateral de territorio colombiano por parte de Perú en la región de la isla Santa Rosa, un enclave surgido por la dinámica del río Amazonas cuyas aguas marcan la frontera.
Indicó que el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, cuyo objetivo fue poner fin a la guerra colombo–peruana (1932 -1933) y delimitar claramente la frontera amazónica, fijó la línea divisoria en la “línea más profunda” del río Amazonas.
Sin embargo, señaló que el Gobierno peruano había promulgado recientemente una ley para crear un nuevo distrito cuya cabecera municipal se sitúa justo al norte de esa línea profunda, “en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”.
«Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia», planteó Petro en su mensaje.
Denunció que «esa acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro», que incluiría la isla Santa Rosa entre las jurisdicciones peruanas, podría “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”.
Tratados, acuerdos y un territorio en disputa
Cabe recordar que en el periodo comprendido entre septiembre de 1932 y junio de 1933, Colombia y Perú libraron una guerra por territorio en la selva amazónica, el cual concluyó con la firma en 1934 del Protocolo de Amistad y Cooperación, también conocido como Protocolo de Río de Janeiro, que ratificó el Tratado Salomón–Lozano de 1922 y estableció como frontera el cauce principal del río Putumayo y, en el tramo inferior, la línea de mayor profundidad del Amazonas.
El protocolo, que se encuentra vigente en la actualidad establece el compromiso de ambas partes a que cualquier modificación de la frontera requeriría un acuerdo mutuo o la decisión de un tribunal internacional.
Sin embargo, desde la década de 1930 el cauce del ríos Amazonas ha experimentado cambios que propiciado el surgimiento de nuevas islas que no estaban incluidas en los repartos ni planos originales, lo que añade complejidad jurídica a la cuestión.
Esta omisión es el núcleo del problema actual. ¿A qué nación pertenecen las islas que nacen después de firmados los tratados?.
Mientras Perú asumió gradualmente el control efectivo de algunas de esas islas, Colombia ha planteado que su asignación definitiva debe realizarse a través la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo- Peruana (Comperif), para imprimir justicia y seriedad al proceso y evitar reclamaciones unilaterales.
Santa Rosa es una de las islas que se han formado por sedimentos en medio del río y habría emergido alrededor de 1965. En la actualidad cuenta con una extensión de 272 km² y una población aproximada de 3.000 habitantes. Es considerada una zona clave para el comercio fluvial y la conectividad entre los tres países amazónicos: Perú, Colombia y Brasil.
En junio de 2025, el Congreso peruano aprobó por unanimidad la creación del nuevo “Distrito de Isla Santa Rosa”, designando a un alcalde y órganos de Gobierno municipal. Bajo la concepción de Lima, la isla forma parte del departamento de Loreto, una decisión que ha generado choques con Bogotá.
Cancillería de Colombia pide establecer diálogo binacional con gobierno peruano
A través de su cuenta oficial en X, la Cancillería de Colombia difundió un mensaje en el que explicó a posición de Bogotá en la disputa territorial.
En el comunicado recordó que la isla de Santa Rosa «es una formación surgida en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929».
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, «para la isla Santa Rosa y las demás surgidas con posterioridad a 1929 se debe hacer un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países».
«Para esos efectos, entre otros, Colombia y Perú constituyeron la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo- Peruana (Comperif). Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de islas, y ha reiterado la posición de que la Isla de Santa Rosa no ha sido asignada al Perú», agregó.
La Cancillería colombiana indicó que ante la noticia de la promulgación de la “Ley de Creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto en la Provincia de Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto, N°32403, de 2025”, presentaron contundentes notas de protesta al Gobierno Peruano solicitando se reactive, en el más corto plazo, la Comperif con el fin de que, basados en una metodología de asignación, se decida la soberanía de las islas surgidas en el curso del Río Amazonas después de 1929.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano emitió también un comunicado en el que aseguró que Santa Rosa se encuentra «bajo la soberanía y jurisdicción» de Lima de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.
En el texto descalificó como “pretendida usurpación” las afirmaciones de la Cancillería colombiana.
En la misma línea, la mesa directiva del Congreso de Perú emitió un comunicado en el que ratificó su «firme compromiso con la defensa de la soberanía nacional» sobre ese territorio.
«Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente de Colombia que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Santa Rosa, departamento de Loreto», indicaron en el texto.
Según el Congreso peruano, la soberanía sobre la isla de Santa Rosa está plenamente respaldada por dos tratados internacionales: el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, ambos ratificados por Colombia y Perú, y aún vigentes.
«La creación del distrito se dio en estricto respeto a estos tratados», señalaron.
La disputa por la isla de Santa Rosa ha generado preocupación en sectores políticos y diplomáticos, que temen que se registre nuevo episodio de tensión binacional entre Bogotá y Lima, justo en una zona históricamente motivo de controversia.
Además, la controversia se suma al historial de roces entre ambos países tras el golpe de Estado que concluyó con la encarcelación del expresidente Pedro Castillo en Perú y la llegada al poder de Dina Boluarte, no reconocida por Petro en diciembre de 2022.
En marzo de 2023, Lima retiró a su embajador en Bogotá acusando “expresiones injerencistas” y en marzo de este año los gobiernos de Petro y Boluarte acordaron normalizar las relaciones diplomáticas con el intercambio de nuevos embajadores. Un escenario de tensa calma que se mantuvo hasta que la controversia territorial de Santa Rosa volvió a agitar los ánimos diplomáticos.
De hecho, tras la denuncia formulada por Bogotá, Lima desplegó a efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional mantienen presencia en el territorio en disputa.
Cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Dina Boluarte
Durante la conmemoración del aniversario de la independencia de Colombia, que se desarrolló en Leticia, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración de Estado y rechazó que Perú tenga control legítimo sobre la isla de Santa Rosa.
En esa ocasión, el mandatario colombiano ratidicó que esta isla no fue asignada a ninguna de las dos repúblicas tras el tratado de 1929 y, por tanto, la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral”
“La ley por medio de la cual crea el distrito Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada, y establece límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, afirmó Petro durante su intervención en el acto militar por los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional de Colombia,
Petro fue enfático en señalar que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla ni tampoco a las autoridades de facto impuestas en la zona. Sin embargo, dejó en claro que seu administraciín se acogerá a los mecanismos de cooperación y «usará antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional».
Desde un acto realizado en el polémico Distrito de Santa Rosa de Loreto, la mandataria peruana Dina Boluarte aseveró que no cederá «ni un centímetro de territorio» a Colombia.
«Aquí actuamos conforme a la Constitución y al Derecho Internacional. No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión», dijo.
«Seamos claros: la soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Eso es así. Y así está escrito y firmado en las bases, en los tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible», enfatizó Boluarte.
Detención de dos ciudadanos colombianos agrava las tensiones diplomáticas
La tensión en torno a Santa Rosa aumentó luego de que dos ciudadanos colombianos fueran arrestados por la policía peruana en la isla mientras hacían mediciones topográficas sobre un área que ahora es disputada por ambos países.
La Justicia de Perú dictó la medida de prisión preventiva contra los dos colombianos, identificados como Carlos Sánchez y John Amia —un topógrafo y chofer de lancha, respectivamente— quienes son investigados por la Fiscalía Provincial de Ramón Castilla (Loreto) por supuestos delitos contra la soberanía nacional y podrían enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel.
El juez César Vela, encargado del caso, determinó que ambos deberán permanecer en Perú mientras continúen las investigaciones.
Ante este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la detención como “irregular” y señaló que fue realizada por “autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral”, por lo que exigió la liberación de ambos ciudadanos.
Según el comunicado oficial, los dos hombres realizaban estudios técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia en Leticia, capital del departamento de Amazonas.
La Cancillería colombiana aclaró que dichas actividades no buscaban ejercer soberanía o cuestionar la integridad territorial de Perú, ya que os estudios técnicos en el muelle Victoria Regia forman parte de proyectos de infraestructura en Leticia, una ciudad clave para el comercio amazónico.
Por tal motivo, consideró injustificado el cargo de “atentado contra la integridad nacional” que se les imputa desde Perú.
El Gobierno de Colombia reiteró su postura de no reconocer a las autoridades peruanas en Santa Rosa, al considerarlas carentes de legitimidad, e insistió en que cualquier acción en este territorio debe acordarse bilateralmente. Según Bogotá, la detención de los dos ciudadanos, viola los principios de cooperación entre ambas naciones.
En el comunicado, Bogotá exigió la liberación inmediata de los connacionales, argumentando que la detención carece de fundamento legal, consignó TeleSUR.
En la misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como «ilegal» y «secuestro» la detención de dos ciudadanos.
«La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro», indicó en un mensaje compartido en su redes sociales.
Re4specto al caso, también se pronunció la ministra de Transporte de Colombia, Maria Fernanda Rojas, quien informó que los dos detenidos pertenecen al Consorcio Inges & M2020, en donde «un inspector de obra y un topógrafo realizaban estudios de batimetría dentro del contrato de Invías 1729 de 2020 en Leticia».
«El objeto del contrato es la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia. El inspector de obra Juan Daniel Torrado (interventoría) y el topógrafo Carlos Sánchez (obra) contrataron a John Willington Ama para el servicio de lancha y se desplazaron a la isla de Santa Rosa. Allí fueron detenidos por Policía Nacional Peruana», agregó.
Conversaciones diplomáticas entre Bogotá y Lima
Cabe señalar que más allá de la retórica diplomática, la controversia afecta a alrededor de 3.000 personas que habitan Santa Rosa. La comunidad, mayoritariamente vulnerable, enfrenta precariedad en salud, educación y servicios públicos.
Por tal motivo, la atención internacional y regional estará puesta, en los próximos días, en la respuesta que den Bogotá y Lima a este nuevo desafío fronterizo.
Por el momento, los gobiernos de ambos países se comprometieron a participar en la próxima Comisión Mixta Permanente de Inspección de la frontera colombo-peruana (Comperif), que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Lima.
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