Una pausa resulta insuficiente para el magisterio boliviano, que ha decidido desafiar abiertamente la reforma educativa impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz, exigiendo que la anulación del anteproyecto que apunta a la descentralización del sistema de enseñanza.
Desde la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) extendieron una convocatoria a las 31 federaciones del país suramericano a participar en una marcha nacional que se desarrollará este viernes.
El conflicto radica en la intención del mandatario de derecha de transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Los educadores se oponen férreamente a esta medida al advertir que podría fragmentar la educación pública y abrir la puerta a su privatización.
“Estamos exigiendo la anulación del anteproyecto del traspaso de los institutos a las gobernaciones. Las instituciones hace muchos años que tienen sus competencias y no han hecho nada”, denunció el dirigente de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez.
A pesar de que el calendario escolar transita su recta final, el gremio docente no descarta radicalizar sus medidas de presión con un paro de 72 horas. Según explicó Chávez, la dirigencia sindical realizará una próxima evaluación a nivel nacional para definir la hoja de ruta de las protestas, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr el retiro definitivo del anteproyecto de ley.
Para robustecer su lucha, el magisterio solicitó el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), entidad que respondió convocando a una gran marcha nacional para el próximo viernes 27 de noviembre en los nueve departamentos, consignó Brújula Digital.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, confirmó la medida: “Se programó, de manera consensuada, convocar a una marcha a nivel nacional, reafirmando la unidad de todos los sectores en los nueve departamentos del país, en solidaridad con todos los sectores y actores movilizados”.
Finalmente, Argollo subrayó que la defensa irrestricta de la enseñanza estatal es el motor principal de esta convocatoria, apelando al deber cívico de la población.
“Cada ciudadano de este país está en la responsabilidad de garantizar para nuestros hijos una educación fiscal gratuita de calidad que está inmersa en nuestra Constitución Política del Estado”, concluyó el líder sindical.
